DIEZ RAZONES JURIDICAS PARA ACUSAR A JUECES CORREISTAS Y DEFENDER AL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA - T-

¡JUECES BUSCAN ANULAR AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROTEGER LA CORRUPCION!

1. EL PREVARICATO DE LOS JUECES CORREÍSTAS

¿Puede una resolución judicial ANULAR la decisión de un pueblo en las urnas, violando además, en forma descarada, a la Constitución? Para los jueces del correísmo eso es posible y necesario. ¡Más aún si existe petición de parte del patrono a través de persona interpuesta! ¡Con ese criterio y ese precedente jurídico cuando a futuro se elija un presidente de la República o una Asamblea Nacional, con un recurso de amparo, y una decisión judicial, se podría también pedir que se declare nulo el proceso electoral y podrían quedar sin efecto o declarar nula la decisión adoptada por el pueblo soberano en las urnas!

¡Estos jueces -destajeros al servicio de la injusticia e inconstitucionalidad- buscan en definitiva que la corrupción correísta tenga más alfiles y siga encubierta y no se cambie a toda la mafia brindadora de la impunidad más espantosa de la historia nacional cuando, según la Comisión Nacional Anticorrupción, se ha demostrado que hasta el 13 de diciembre del 2017, el monto “evaporado” o robado de las arcas fiscales, llegaba ya a los USD 35.695 millones de dólares! (Aunque mucha gente calculamos una cantidad mucho mayor) ¡Monto de un atraco que supera los 34.300 millones de dólares del presupuesto inicial íntegro del Ecuador para el año 2018! ¡Un robo semejante jamás se ha producido en ningún país del planeta!

¡Por eso Correa dejó amarrando y a sirvientes incondicionales suyos en todas las instituciones que podrían dirigir la fiscalización y el control político, así como conocer las causas jurídicas donde se ventilen todas las acusaciones de las fechorías consumadas desde el año 2007! Pero para romper este blindaje reforzado y encubrimiento redoblado al atraco y al latrocinio es que se consultó al pueblo del Ecuador el 4 de febrero del 2018, si se autorizaba la formación de un Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con las más amplias atribuciones constitucionales y legales PARA DEPURAR LAS INSTITUCIONES DE TODOS LOS ENCUBRIDORES DEL CORREÍSMO QUE DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA TAPARON A LA MAFIA, COMO LA LLAMÓ EL PROPIO PRESIDENTE LENIN MORENO. ¡Nada está sobre la VOLUNTAD TRANSPARENTE del pueblo! ¡En esta consulta no hubo fraude, a pesar que ese CNE se nominó en tiempo del correísmo! ¡El pueblo anhelaba aplastar a la corrupción en las urnas y así lo hizo!

Vamos a demostrar la MALA FE, la IGNORANCIA, la PICARDÍA, y el cometimiento del delito de PREVARICATO por estos jueces correístas a quienes debe aplicárseles el Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que dice en forma textual:

“Art. 268.- PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS.- Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen en contra de ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

2. LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Los jueces corresístas que han sido convocados para que decidan proclamar la burla de la voluntad del pueblo ecuatoriano que autorizó la designación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con plenos poderes, están olvidando varias razones jurídicas de carácter constitucional y legal como las siguientes:

PRIMERA RAZÓN JURÍDICA: Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (por los seis meses para actuar) dispone de todas las atribuciones jurídicas que le otorga la Constitución y la Ley a cualquier Consejo de Participación anterior, y, ADEMÁS DE ELLO, las atribuciones ESPECIALES, SIN LÍMITE, PARA EXTIRPAR EL SISTEMA CORRUPTO INSTALADO POR EL CORREISMO, según la expresa atribución otorgada por el pueblo en las urnas el 4 de febrero del 2018. Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) no extirpa a los instrumentos y fichas del encubrimiento y del blindaje a la corrupción, como resulta el caso de determinadas autoridades, luego de la evaluación correspondiente, no habrían cumplido con la voluntad del pueblo.

Pero esta es una atribución complementaria a las que todo Consejo de Participación Ciudadana y Control Constitucional dispone en base a lo dispuesto en el Art. 208 de la Constitución, donde puede, según su numeral 12, “Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura (…)” ¡Nunca se le preguntó al pueblo si le cercenaban las atribuciones expresas del Art. 208 de la Constitución de la República! ¡Además, cabe recordar, por ejemplo, que cuatro de los cinco miembros del CNE concluyeron sus labores el 30 de noviembre del 2017, y están inconstitucional, ilegal, e ilegítimamente en sus funciones! ¡No puede una resolución secundaria violar la seguridad jurídica consagrada en el Art. 82 de la Constitución!

SEGUNDA RAZÓN JURÍDICA: El sustento constitucional y legal, y el expreso poder político del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T) radica en el ARTÍCULO PRIMERO, inciso segundo, de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, que proclama en forma textual: “LA SOBERANÍA RADICA EN EL PUEBLO, CUYA VOLUNTAD ES EL FUNDAMENTO DE LA AUTORIDAD, Y SE EJERCE A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO Y DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN.” ¡Es por lo tanto la ATRIBUCIÓN EXPRESA DE LA CONSTITUCIÓN EL FUNDAMENTO DE SU ACCIONAR LEGÍTIMO! ¡Es la voluntad del pueblo en base y con soporte a esta norma constitucional el origen y sustento jurídico del CPCCS-T! ¡La consulta popular está contemplada en la Constitución!

TERCERA RAZÓN JURÍDICA: El Art. 424 de la Constitución vigente establece de manera expresa: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con sus disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

¡De este modo, de manera precisa, queda esclarecida la imposibilidad de declarar nula alguna atribución que, en base a una consulta popular y al artículo primero de la Constitución, dispone el CPCCS-T! ¡Toda decisión de los jueces correístas, en este sentido, CARECE DE VALOR JURÍDICO Y, POR LO TANTO, ES NULA, DE NULIDAD ABSOLUTA!

CUARTA RAZÓN JURÍDICA: El Art. 425 de la Constitución de la República consagra el orden de valoración jurídica de los cuerpos constitucionales. Dice en forma imperativa y textual: “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: (1) la Constitución; (2) los tratados y convenios internacionales; (3) las leyes orgánicas; (4) las leyes ordinarias; (5) las normas regionales y las ordenanzas distritales; (6) los decretos y reglamentos; (7) las ordenanzas; (8) los acuerdos y resoluciones; y (9) los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”

Los números han sido colocados por mi persona para una mejor comprensión del orden jerárquico. No obstante, es notorio que las resoluciones están en octavo lugar y las decisiones de los poderes públicos están en noveno lugar. En primer lugar, está la Constitución de la República. Pero aparte que no hay dudas en el orden jerárquico de los cuerpos legales, en forma expresa el inciso segundo de este mismo artículo 425 determina:

“En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.” ¿Qué clases de jueces serán aquellos que creen que una resolución del Consejo de la Judicatura, o de cualquier otro organismo, tiene más valor que una norma constitucional y la voluntad del pueblo expresada en las urnas -SIN FRAUDE- y con el soporte del artículo primero de la Constitución? ¡ESTA ES UNA PRUEBA ADICIONAL QUE ESTÁN ACTUANDO EN CONTRA DE NORMAS EXPRESAS Y PREVARICANDO EN FORMA ESCANDALOSA! ¡OJALÁ SUS PATRONES LES VAYAN A SALUDAR ALGUNA VECITA EN LA CÁRCEL!

QUINTA RAZÓN JURÍDICA: El Art. 88 de la Constitución establece que “La acción de protección tendrá por objeto el AMPARO DIRECTO Y EFICAZ DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial (…)” Cabe preguntar: ¿El pueblo no tiene derechos constitucionales? ¿La consulta del pueblo no dispone de sustento constitucional? ¿La sociedad no merece “el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución”?

El Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, relativo al principio de la verdad procesal, dispone de la siguiente prescripción: “No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.” ¿Será que los señores jueces del correísmo no han sabido de la consulta popular tan promocionada del 4 de febrero del 2018, ni de sus resultados y finalidades? ¿Vivirán en Marte o Venus y acuden a las horas de trabajo en platillo volador? ¿Sabrán la diferencia entre brindar amparo o desamparo? ¿Habrán estudiado en la misma Universidad que cursó Correa y les darían título de idéntico modo? ¿También tendrán una colección palanqueada de PhDs?

SEXTA RAZÓN JURÍDICA: El Art. 426 de la Constitución determina que “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución”, agregando que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.” Agregando que “Los derechos consagrados en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanosSERÁN DE INMEDIATO CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN.”

Cabe preguntar: ¿Una consulta popular mayoritaria y depuradora de la corrupción merece ser obstruida con una decisión judicial o merece su inmediato cumplimiento y aplicación con todas las facilidades de rigor?

SÉPTIMA RAZÓN JURÍDICA: Si existe algún concurso no transparente, o situación ilegítima o ilegal, o perjudicial a los intereses nacionales, para llenar vacantes de la Función Judicial con jueces y fiscales allegados al correísmo, es indispensable que el CPCCS-T tome una decisión en base a las responsabilidades establecidas en el Art. 233 de la Constitución vigente, así como del Art. 42, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que hace culpables a todos “quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.” Si no actuase el CPCCS-T, habiendo mérito para ello, también serían objeto de aplicación del Art. 23, inciso segundo, del mismo COIP, que establece: “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”

OCTAVA RAZÓN JURÍDICA: El Art. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece la obligatoriedad de aplicar el principio de la Supremacía Constitucional. El Art. 5 del mismo Código ordena aplicar el “Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Constitucional.” El Art. 5 ordena la “Interpretación Integral de la Norma Constitucional.” Normas que no son atendidas por los jueces correístas en su empeño por obstruir las labores del CPCCS-T; situación que también entraña el cometimiento de delito de prevaricato.

NOVENA RAZÓN JURÍDICA (MÚLTIPLE): No se ha permitido el derecho a la defensa del CPCCS-T, en franca violación del Art. 76, numeral 7, literales a, b, c, d y h, que señalan:

Se viola el Art. 76, numeral 7, literal a, que garantiza:

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.”

Se ha violado el literal b, del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución, que proclama:

“b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.”

Se ha violado el literal c, del numeral 7, del Art. 76 de la Constitución, que prescribe:

“c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”

  

Se ha violado el literal d, del numeral 7, del Art. 76 de la Constitución:

“d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.”

Se ha violado el literal h) del numeral 7, del Art. 76 de la Constitución:

“h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.”

DÉCIMA RAZÓN JURÍDICA: No existe motivación en las resoluciones de los jueces. No solo porque carecen de sustento jurídico sus decisiones, sino porque en los hechos no aplican lo ordenado en el Art. 76, numeral 7, literal, que indica: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.”

¿Cómo un juez podría motivar una resolución o sentencia si para ello requeriría violar en forma escandalosa la Constitución? ¡Es imposible!

Existen cuando menos VEINTE RAZONES JURÍDICAS a favor de lo que el pueblo espera que haga la CPCCS-T. Pero solamente para que se tenga una idea muy breve de quién tiene la razón, y de cómo la estructura del correísmo maniobra para encubrirse y blindarse de impunidad, exponemos ahora SOLO DIEZ RAZONES.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Abril del 2018.

"LA OPERACION “RAFAEL CORREA”, FUE DISEÑADA POR LA CIA Y EL MOSSAD, con la colaboración del Opus Dei en Ecuador y el Vaticano."

Ecuador: Un candidato a presidente con maquillaje bolivariano
Por Germán Gonaldi | APM - Monday, Apr. 17, 2006 at 7:55 AM
ggonaldi@perio.unlp.edu.ar

La operación “Rafael Correa”, fue diseñada por la CIA y el Mossad, con la colaboración del Opus Dei en Ecuador y el Vaticano.

La candidatura de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador bajo el paraguas del bolivarianismo es otra operación orquestada desde grandes centros de poder, con el necesario apoyo local. ¿El motivo? La continuidad en el poder de los políticos tradicionales y la consiguiente aplicación reiterada del modelo social y económico que está llevando a la ruina al país andino.

La Central de Inteligencia Americana (CIA) de Estados Unidos y el Mossad, de Israel, son muy activas en Ecuador y habitualmente influyen en los acontecimientos políticos garantizando la estabilidad del status quo. En 1981 llevaron adelante la conspiración para el asesinato del Presidente Jaime Roldós, quien fue sustituido por el Vicepresidente Oswaldo Hurtado y este a su vez por su hermano, León Roldós, hoy nuevamente –y por tercera vez- candidato presidencial.

Oswaldo Hurtado desde la década de los años 60, trabajó con la democracia cristiana alemana e italiana y con el ultraconservador grupo católico Opus Dei. Es el autor de la política monetaria que a través de la devaluación sistemática inició la destrucción del Sucre en la década de los 80 y el tutor del Presidente Mahuad, quien sustituyó el Sucre por el dólar en el 2000. Hoy promueve tras bambalinas la candidatura presidencial de Rafael Correa, incluso manipula la posibilidad de que el ex Presidente Borja, de la Izquierda Democrática, concrete el apoyo de su partido a ese candidato.

Enfrentando la crisis de liderazgo político del establecimiento, en 2005 decidieron promover a Correa como el Ministro del gobierno de Palacio, una operación para proveer al país de un liderazgo nuevo que cambie la escena política, garantizando plenamente la estabilidad de las oligarquías locales y de su sometimiento a las presiones externas.

Correa, desconocido en 2005, paso de ser Asesor del Vicepresidente Palacio, en el gobierno de Lucio, a Ministro de Economía de Palacio, cuando éste lo sustituyó en el poder. Entonces fue presentado con un amplio despliegue mediático ordenado por la red de agentes de las dos agencias, como “el joven insurgente” que, desafiaba al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el efecto se usó la abolición del Fondo de Estabilidad Petrolera (FEIREP), un bolsillo en el que los excedentes del petróleo se destinaban al pago de la deuda externa, con el objetivo de oxigenar la economía en medio de una grave crisis de liquidez, e impedir el colapso de la dolarización.

Frente a la resistencia y oposición del país para aumentar la deuda externa, se decidió abrir la puerta llevando a Correa a Caracas, para pedir auxilio al Presidente Chávez. Así la oposición a la nueva deuda podía ser contenida con la argumentación de una negociación favorable al país por la generosidad de Venezuela, y además se le vestía con un maquillaje chavista a su proyecto político.

La sucesora de Correa, su viceministro Magdalena Barreiro, concluyó el proceso de la emisión y venta de bonos, pero no los negoció con Venezuela en condiciones favorables a Ecuador, sino con los mismos bancos extranjeros que antes se habían beneficiado del FEIREP, en condiciones severas contra la economía ecuatoriana.

La renuncia de Correa fue utilizada, entonces, para promover a Correa. El mismo Oswaldo Hurtado, ordenó ese día a través de su red de agentes infiltrados en los movimientos populares, que la gente saliera a las calles a defender a Correa. La doble agente de la CIA y el Mossad, María Victoria Serrano, dirigió personalmente el operativo en la plaza de la Independencia.

Serrano mantiene una estrechísima relación con Oswaldo Hurtado, y es el nexo entre el viejo político, la CIA y el Mossad.

En mayo y hasta las primeras semanas de junio del 2005 permanecía en Caracas buscando penetrar los círculos próximos al Presidente Chávez y vinculándose con negocios petroleros por millones de dólares. Luego empezó a hablar de la formación de un movimiento bolivariano en el Ecuador, para el cual afirmaba tener 160 millones de dólares, con los cuales se instalarían dos canales de TV y cinco estaciones de radio. Planteó reclutar a 10 dirigentes sociales para constituir ese grupo.

Con posterioridad ha fortalecido sus relaciones con el Embajador venezolano en Quito, Oscar navas, con el propósito de involucrarlo en el apoyo a la candidatura presidencial de Correa, al punto que ha logrado que se realicen reuniones en la Embajada para promover su candidatura. El objetivo es comprometer el apoyo de Venezuela a su candidatura presidencial, garantizándose el acceso a la información necesaria que le permita en un futuro abastecer de información a la CIA y el Mossad para golpear a Venezuela.

Además, hay una tarea mucho más “fina”: promover la candidatura de Correa para fraccionar al electorado bolivariano, tarea en la que colabora con el gobierno del Presidente Palacio y en particular con su ex asesor y ex Ministro de Gobierno Alfredo Castillo, quien es el principal promotor del apoyo del General René Vargas Pazzos a la candidatura de Correa y de su separación de la Alianza Tercera República ALBA, movimiento que reúne a las principales organizaciones bolivarianas y revolucionarias de Ecuador y que en enero pasado lanzó la candidatura presidencial del periodista y escritor revolucionario Marcelo Larrea.

En tanto Correa afirma que goza del apoyo del presidente cubano Fidel Castro y de su par venezolano Hugo Chávez, para buscar apoyo en los sectores populares que tienen una profunda simpatía con los dos líderes latinoamericanos, fue hasta el Vaticano buscado una foto con el Papa Ratzinger.

No solo la CIA y el Mossad están en movimiento, a ellos se sumó el Opus Dei, que organizó la foto de Correa besando la mano del Papa.

Este evento esta asociado a las relaciones de Correa con el Opus Dei, de las cuales se desprende su formación profesional en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y el ejercicio de la cátedra durante años en la Universidad San Francisco, la elitista entidad de educación superior más cara del país. Pero además, es una devolución de gentilezas por haber defendido los intereses económicos y geoestratégicos del Opus Dei, que tienen que ver con la protección de sus intereses en el cobro de la deuda externa y su estrategia en contra de las tendencias revolucionarias del continente fortalecidas con el proceso de la revolución bolivariana en Venezuela y la reciente victoria de Evo Morales en Bolivia.

De cara al proceso electoral, Correa visitó hace algunas semanas a la FEINE, la federación de indígenas evangélicos creada por la CIA para fraccionar al movimiento indígena. El suceso marcó la eliminación de toda expectativa de que la CONAIE apoye la candidatura de Correa; los líderes indígenas señalaron que Lucio Gutiérrez quiso congraciarse con el Papa sólo después de haber sido electo Presidente.

El artículo original está en http://argentina.indymedia.org/news/2006/04/397385.php 

La parte II se encuentra en el sitio 
https://ecuadordiegodelgadojara.blogspot.com/2018/05/precisiones-frente-al-articulo-de-g.html

¿SIGUE EL SAQUEO DEL CORREÍSMO EN MARCHA?

1. Diario El Universo, del viernes 27 de abril, pág. 4, informa que “desde el 11 de marzo hasta el 1 de abril del 2018 se han exportado a China, unas 330 toneladas (de concentrados de minerales de oro y plata) según explica Alonso Mora, superintendente de operaciones” de la empresa Ecuagoldmining, nombre del consorcio de las empresas Junefield y Hunan de la China. ¡Este dato nos permite formular una cantidad de deducciones y reflexiones!

2. Estas 330 toneladas de concentrados con oro y plata ya se han enviado a la China y han sido extraídos desde el proyecto en marcha Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, y nadie ha sabido. Lo que la mayoría de ecuatorianos desconoce es que esta mina se ubica a 3.800 metros de altura, y que está ubicada “a una distancia de 5 kilómetros del parque nacional El Cajas”, y por supuesto en una cuenca hídrica.

3. Llama la atención que esas 330 toneladas de concentrados con oro y plata ya estén en China, lo que significa que, de manera lógica, utilizaron para llevar y seguir transfiriendo la riqueza nacional, de recursos naturales no renovables, muy posiblemente Puerto Bolívar, que ahora está en manos de la compañía turca YILPORT (Yilport Terminal Operationes YILPORTECU S. A.); es decir en manos privadas, donde el Estado ecuatoriano tiene restricciones de control sobre el mismo. ¡La red del saqueo nacional de sus recursos fiscales fue organizado al mínimo detalle! Y una pregunta básica: ¿Cuál es el mayor canal de negocio sin control para el narcotráfico? ¡Los puertos! ¡Y todo quedó en manos extranjeras! ¡Para eso vino Correa y el fascismo del siglo XXI!

4. Cabe recordar que la Comunidad Económica Europea, según varias denuncias y referencias, exige que cuando se exporten productos alimenticios a ese continente tienen que hacerlo desde puertos donde no exista ningún riesgo de contaminación, como sucede con elementos químicos o mineros. ¿Hemos olvidado acaso que Puerto Bolívar fue construido por los bananeros y fuerzas productivas de El Oro para exportar precisamente la fruta que se genera en la misma? ¿Qué pasaría si acaso eventualmente desde Europa pusiesen restricciones a la fruta que saliese desde Puerto Bolívar y por este motivo? ¿Por qué entregaron este puerto por 60 años, esto es hasta el 2077? ¿Cómo conocemos que no son accionistas tapados de este colosal negocio garantizado los nuevos ricos del correísmo o sus allegados de actividades al margen de la ley? ¡Despierta Ecuador! ¡No te dejes robar y engañar! ¡Luchemos en contra de todas estas concesiones y conducta traidora a los más caros y sagrados intereses nacionales y populares!

5. Pero eso no es todo el problema. En toda explotación del oro se utiliza de manera forzosa cianuro y mercurio; preguntamos entonces: ¿Se está ahora utilizando cianuro y mercurio? ¿Quién y qué institución garantiza que aquello no suceda? Pero podrían opinar que están llevando el producto “en bruto”, es decir para procesarlo todo en China. En tal caso la pregunta de rigor es la siguiente: ¿Y cómo sabemos que no se están llevando las llamadas “tierras raras” que valen mucho más que el oro, como es el caso del  cerio, erbio, iterbio, terbio, lantanio, preseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, disprosio, tulio, iterbio, lutecio, y muchos más elementos indispensables para armas modernas, viajes espaciales, generadores eólicos, automóviles eléctricos y sus baterías, celulares, equipos de comunicación, superconductores, sistemas de grabado, discos compactos y una infinidad de productos, si nadie sabe lo que están llevándose en contenedores cerrados? ¿Quién frena esta locura antinacional?

6. El otro proyecto minero, también de oro, listo para explotar es el de Quimsacocha (quimsa = tres, y cocha = laguna, en quichua) que el gobierno de Correa lo rebautizó como Loma Larga, que abarca las parroquias Chumblín y San Gerardo, del cantón Girón, y Victoria del Portete, del cantón Cuenca, todos de la misma provincia del Azuay, cuya explotación está a cargo de la compañía “INV Minerals Ecuador”. Esta mina de gran escala también está en medio de los pajonales, en el páramo, y está ubicada a 3.750 metros sobre el nivel del mar, lo que pone en riesgo de destrucción (por contaminación) y hasta desaparición de varias fuentes de agua que van tanto para los caudales de consumo humano de Cuenca como de otros ríos que van hacia la costa.

7. Los ciudadanos nos preguntamos, ¿para qué se hizo entonces la consulta popular del 4 de febrero del 2018? ¿Para engañarnos de la manera más cruel y no hacer caso al íntimo sentir y la decisión soberana del pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se permite la destrucción de la naturaleza nacional que es patrimonio irremplazable de un pueblo entero, y sinónimo de vida y agua limpia para las futuras generaciones? ¡En otros países de América Latina no se puede incursionar en minería, de ningún tipo, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y en otros a más de 3.200, y en el caso de Costa Rica está prohibida toda explotación minera! ¡Y en Ecuador hacen lo que les da la gana las multinacionales, con la indolencia y complicidad de las autoridades, a pesar que decían que existen derechos de la naturaleza consagradas en la Constitución de Montecristi, y que nadie respeta! ¡Todo es una burla sangrienta! ¡Una perversa chacota inacabable!

8. ¿Quién manda en el Ecuador? ¿Los intereses de nuestro pueblo, o, como en los hechos sucede, el capital desaforado de las multinacionales? ¿Hemos pasado del correísmo o fascismo del siglo XXI, con Correa, al correísmo o fascismo del siglo XXI sin Correa, pero con sus mismas e idénticas políticas, leyes y entreguismo? ¿El grupo del poder globalizador en la sombra -que estaba tras Correa- sigue cogobernando el Ecuador? ¡Compatriotas abramos los ojos! ¡No dejemos que destruyan nuestra Patria bendita, herencia divina de nuestros mayores! ¿Qué nos queda si han transferido el petróleo, las minas, los puertos, las telecomunicaciones, y todo lo que han querido, además que ya está autorizada por ley la entrega de las tierras rurales a las multinacionales? ¡Nuestro Ecuador están entregando en forma desaforada e impune! ¡Cada vez tenemos menos patrimonio porque todo lo que teníamos o se lo roban o entregan a las corporaciones extranjeras! ¡Para ello han cometido fraudes electorales desde que llegó el fascismo del siglo XXI al poder! ¡El correísmo es el caballo de Troya planificado para saquear y destruir a nuestra Madre Patria que nos convoca desesperada a defenderla! ¡Que nadie desatienda a su clamor angustioso!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Abril del 2018.

FRONTERA Y SOCIEDAD: ¿QUÉ CAMBIÓ?

Pablo Ospina Peralta  18 de abril de 2018 

Hacía años que la violencia colombiana se desbordaba por los incontables poros de la frontera. Recuerdo, entre otros, el ataque a una patrulla ecuatoriana en 1993, en el que murieron nueve soldados del Ejército y que desembocó en la arbitraria captura de once campesinos en el Putumayo injustamente acusados de pertenecer a las FARC. Fueron hechos públicos que conmovieron al país y ocuparon los titulares de los periódicos. Pero hay miles de casos cotidianos, anónimos y poco conocidos que desde la década de 1980 pueblan el recuerdo y la experiencia de la guerra colombiana en territorio ecuatoriano.

Por más repugnancia que me provoque el gobierno de Rafael Correa, en justicia no se le puede atribuir ni el inicio ni el recrudecimiento de los problemas de la filtración de las viejas guerras que asolan Colombia. Tampoco es cierto que la tolerancia a la guerrilla y a otros grupos irregulares haya sido una política inventada durante los últimos diez años de una debilitada inteligencia militar. Así como las FARC trataron casi siempre de evitar enfrentamientos con el Ecuador y eludieron cuidadosamente golpear objetivos ecuatorianos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas (o al menos la mayoría de sus jefes) trataron de no ganarse un enemigo gratuito y poderoso en conflictos ajenos. Era casi una política de Estado, nunca enunciada explícitamente: no debía haber “operaciones conjuntas” sino tan solo “seguridad cooperativa” entre los dos ejércitos. Las presiones para cambiar esa línea de no intervención fueron poderosas y muchas veces restaron coherencia a la vacilante política militar en la frontera: la instalación de la Base de Manta, bajo mando norteamericano, fue tal vez la más recordada y famosa entre todas ellas.

Tampoco es cierto que se trate de una sola violencia criminal, terrorista y narco-guerrillera. Son varias violencias distintas y hay que distinguirlas si queremos entenderlas y enfrentarlas más eficazmente. En las FARC (y en el ELN, que actuaba por lo general en el Chocó) primaba una lógica de cálculo político. No les convenía convertir al Ejército ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana ni al Estado ecuatoriano en sus enemigos declarados, como han hecho los seguidores de Guacho. He revisado documentación colombiana para cerciorarme de que no hay registros de secuestrados por la guerrilla asesinados a sangre fría. La torpe, inhumana y repugnante práctica de retener civiles (o militares) durante años vagando por la selva solo terminó en la muerte de los secuestrados cuando hubo fallidos operativos militares de rescate. El arquetipo del terrorismo, las guerras religiosas en el Oriente Medio, que vuelve enemigo a cualquier civil de otra religión o grupo étnico, y consiente en su exterminio amparado en el fanatismo, no se parece a la violencia del crimen organizado de Pablo Escobar, por ejemplo, carente de todo objetivo social o proyecto ideológico. La crueldad tiene muchos rostros; no ayuda mezclarlos en un amasijo indescifrable solamente para desacreditar al adversario endilgándole el común y devaluado rótulo de “terrorista”.

Las disidencias de las FARC tienen variadas motivaciones, algunas ideológicas, como las del Frente 1 en el Guaviare, y otras más delincuenciales, como parecen ser las de Guacho y sus seguidores. Pero hay certeza de que están aumentando en los últimos seis meses tanto en número como en dispersión geográfica y capacidad operativa. La razón inmediata es transparente: los incumplimientos en los acuerdos de paz crecen, especialmente en uno de los nudos más sensibles que siempre obstaculizó la negociación, el de la seguridad física y económica de los milicianos reincorporados a la vida civil. Solo un dato: la prensa colombiana registra 13 asesinatos de dirigentes de las FARC desde que se firmaron los acuerdos y 60 atentados contra familiares de los exguerrilleros. Hay indicios de que la reincidencia de desmovilizados aumenta. En otras palabras, el recrudecimiento de las acciones militares en la frontera, con un perfil y un mando menos politizado y más criminal, tiene una parte de su explicación en los vaivenes del proceso de paz en Colombia.

Pero seguramente hay también cambios en la relación de estos grupos disidentes con Ecuador. ¿Qué pasó? No lo sé, pero algo ocurrió desde enero de 2018 cuando las fuerzas de Guacho empezaron a atacar objetivos ecuatorianos. La prensa colombiana especula que fueron maniobras militares de distracción ante el cerco creciente de las fuerzas del Ejército colombiano. Quizás haya algo más que involucre a actores ecuatorianos pero es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que la guerra militar contra las drogas ha fracasado por décadas en todas partes. No ha interrumpido el tráfico de drogas y pervierte las sociedades que se lanzan en sus brazos. Podrán capturar o matar a Guacho pero aparecerán otros o se desplazarán si transitamos el camino trillado que otros han andado sin éxito.

La indignación y solidaridad social ante el secuestro de los periodistas es esperanzadora. En Colombia son apenas tres periodistas más en una larga lista que ya no conmueve a nadie. Estamos a tiempo de evitar la naturalización de este tipo de violencia criminal. Tenemos demasiadas otras perniciosas violencias naturalizadas como para consentir que las violencias abiertas y organizadas se hagan costumbre. Recuperar la indignación ante hechos indignantes, reivindicar la tristeza frente a hechos tristes; convertir esos sentimientos en la voluntad de cerrar el paso a la guerra como forma de vida.

¡ALERTA ECUADOR: NO DEJARSE ENGAÑAR, lo estamos advirtiendo!

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro.”

Confucio (551- 478 a. C.)

1. Resulta ilustrativo mirar algunos procesos históricos en los cuales regímenes vituperados y condenados socialmente por represivos han dejado como herencias intocables algunas de sus regulaciones jurídicas más duras, antidemocráticas e impugnadas. La metodología de este truco opresor reiterado, aplicado por los círculos oligárquicos permanentes, siempre ha sido el mismo. Cambian al gobernante, como si fuese un fusible desechable, pero permanecen vigentes sus cuerpos legales, muy útiles para redoblar al máximo la dominación.

2. Italia fue oprimida brutalmente por el duce Benito Mussolini desde 1924 hasta abril de 1945, cuando fue ejecutado por una brigada antifascista, de partisanos, al concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando huía robando un suculento botín público. No obstante, algunos de sus cuerpos legales, en esencia, se mantuvieron. Uno de los casos más ejemplificados ha sido el Código Penal elaborado por el jurista del fascismo Alfredo Rocco.

3. El pueblo chileno padeció la dictadura fascista del general genocida Augusto Pinochet Ugarte desde 1973 a 1989, y luego heredó el poder la llamada “Concertación Democrática” pero sigue vigente la Constitución de la dictadura y muchas de sus leyes. Las permanentes movilizaciones de la juventud de Chile, en marchas que superan el millón de personas, exigiendo la posibilidad humana de estudiar en las universidades públicas son reiteradas. Han habido regímenes de la Democracia Cristiana (Patricio Aylwin, Eduardo Freire Ruiz Tagle), y hasta del “socialismo” retocado y barnizado (Ricardo Lagos, Michelle Bachelet), pero las regulaciones jurídicas de Pinochet permanecen inalterables en su esencia.

4. Una política engañosa similar parecería que pretenden aplicar en el Ecuador. Ni la llamada fracción morenista de Alianza País, ni el Partido Social Cristiano, ni CREO, expresan alguna inquietud seria y observación sustentada sobre las numerosas leyes represivas del fascismo del siglo XXI o correísmo, salvando el caso de la Ley Orgánica de Comunicación por parte de las dos últimas entidades. Las atribuciones represivas y todopoderosas para el “presidente” (o dictador) siguen vigentes. ¡No se ha modificado una sola ley, un solo artículo, un solo inciso, una sola palabra, del fascismo del siglo XXI!

5. No es ningún secreto que el PSC con Jaime Nebot, y CREO con Guillermo Lasso, aspiran a dirigir el país en el año 2021, o acaso antes si se adelantan las elecciones. Pero es evidente que desearían gobernar con todas las atribuciones jurídicas que poseía Rafael Correa, con las que entregó el petróleo, todas las minas más importantes de oro, plata y cobre, la telefonía celular, los puertos marítimos, las fábricas de cemento, y dejó con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales autorizando la entrega de tierras rurales de costa, sierra, oriente o Galápagos, a empresas extranjeras públicas o privadas (Art. 20). Con la “Ley Orgánica de Empresas Públicas” pueden nominar a todos los miembros de todos los directorios de todas las empresas públicas del país. Quien sea presidente puede entregar a las multinacionales todas las centrales hidroeléctricas y todos los bienes patrimoniales de la República que falta hacerlo.

6. La metodología del pillaje político, legal y económico, de la última década, siempre tuvo el idéntico sustento de los escandalosos fraudes electorales, que le concedieron mayorías parlamentarias ilegítimas a los regímenes del fascismo del siglo XXI, de origen turbio y al servicio de la colonización globalizadora. Sin los fraudes no hubiesen sido reelegidos ni hubiesen aprobado en forma mecánica tantas leyes infames, aprobadas por legisladores-sirvientes, que ni siquiera sabían lo que legislaban porque el Art. 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite aprobar las leyes, así tengan mil o dos mil artículos, con solo aprobar una moción aplastando un botón. ¡Es decir, en una centésima de segundo!

7. Esta legislación opresiva al máximo, de lo que se aprecia hasta el momento, no desean modificar. Lo que con tanto trabajo producto del fraude legislativo costó, no desean reformar en lo más mínimo. Por ello, ni Lenin Moreno, ni el PSC, ni CREO, guardan ninguna conformidad con una eventual Asamblea Nacional Constituyente que derogue todas las leyes fascistas del correísmo, instrumento político del proyecto globalizador de las multinacionales y del capital corporativo mundial disfrazado de “progresista” y que ha recibido el beneplácito tolerante de intelectuales engañados de otras partes del mundo, que desconocedores de la esencia fascista del correísmo han cometido actos de deslealtad incomprensible en contra del pueblo ecuatoriano.

8. Nuestro pueblo no debe caer en el engaño y dejarse sorprender por el verdadero complot y concertación de todas las fracciones de la única y misma casta opresora de siempre en contra de nuestra sociedad. Nadie protegerá los anhelos de las masas excluidas e irredentas de siempre si nosotros no luchamos por mejores días y recuperamos las pocas libertades que disponía nuestra Patria antes que acceda al poder Rafael Correa, quien en forma idéntica a Adolfo Hitler también se decía “socialista” para engañando al pueblo depredar la República, destruir todas las organizaciones populares (de obreros, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, jubilados, intelectuales y artistas progresistas), así como desmantelar todo el sistema educativo patriótico, el sistema de salud pública fiscal, la Seguridad Social, la Administración de Justicia, las fuerzas armadas nacionalistas, entre tantos objetivos ya cumplidos por el encargo recibido de los globalizadores fascistas, sus adorados patrones.

9. Debemos luchar en forma incansable por recuperar para esta y las futuras generaciones las libertades democráticas y la vigencia plena de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No existe ideología en el mundo que pueda justificar la mutilación de los derechos humanos fundamentales; no podemos, como pueblo y seres humanos, dejarnos enjaular jamás. Por ello debemos primero tener la fundamental claridad política e ideológica respecto a los intereses populares y nacionales, para no extraviar nuestro camino independiente (sin subordinación alguna a las diversas fracciones opresoras), y actuar en forma consecuente por nuestra propia liberación social y nacional. Advertía Jean Jacques Rousseau (1712-1778): “Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se la pierde.”

10. Quizá percatado de ello, el escritor argentino, formidable ciudadano de este tiempo, escribió: “Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven de la impunidad y al hambre de los pueblos se la considera subversiva.” También en esta misma línea, antes de irse de este mundo, nos fue aconsejando el pastor Martin Luther King, quien fue asesinado hace cincuenta años: “La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada y arrancada por los oprimidos.”

Hermanos del Ecuador: ¡Estamos pues advertidos! ¡Que nadie se rinda! ¡Que nadie baje los brazos! ¡Que nadie renuncie a sus derechos humanos! ¡Nadie nos regalará por generosidad nuestros derechos y libertades! ¡En estos días se decide el destino de tus hijos y tus nietos!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Abril del 2018.