ECUADOR: ¡ASÍ SE APODERARON DE LAS CORTES Y CONSOLIDARON EL TRAPICHE SOCIAL EN EL CORREISMO!

“No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la Justicia.”

Barón de Montesquieu

I. UNA MÁQUINA PARA MOLER CARNE HUMANA

1. Para dominar a una sociedad en forma absoluta la minoría oligárquica utiliza siempre un Estado represivo a ultranza; pero ninguno supera en arbitrariedad incivilizada y meticulosa construcción del terror social como el que instala un régimen fascista. Allí la voluntad perversa del duce, el fürher o del aprendiz de líder es la suprema ley. El Estado y las instituciones quedan bajo la suela de su zapato. Convierten al Estado en un auténtico trapiche o máquina para succionar la última gota de la caña. Solo que ahora lo utilizan para subyugar a los pobres, postergados y excluidos. Para moler la carne humana, para aplastar al pueblo indefenso.

2. Uno de los instrumentos más expeditos para esta subyugación social es la administración de la Justicia. Con ella pueden enjuiciar y encarcelar, incluso sin motivos jurídicamente válidos, a cualquier persona. La usan para acosar a los opositores -aunque sean inocentes- y proteger a los responsables de delitos y violaciones legales allegados al oficialismo; para blindar al poder abusivo de modo total, aunque se hubiesen cometido las peores fechorías, como lo hizo Benito Mussolini en la Italia fascista y Adolfo Hitler en la Alemania nazi.

3. La metodología es conocida. Primero se toman el poder ejecutivo y la mayoría legislativa con procesos electorales más que turbios. Luego apuntan a asaltar con cualquier método a la Administración de Justicia. Una vez que han acumulado con estos métodos mañosos la capacidad de decisión plena, o poder político total, está maniatada la sociedad. Pueden entonces depurar a los jueces honestos y convertir a otros en instrumentos ciegos para el atropello más infame y la persecución más injusta. La experiencia histórica en muchos países evidencia que un método eficaz para intentar doblegar a los jueces es muy conocido: pagarles altas remuneraciones y hacerles entender que, a la primera desobediencia al poder, pierden la suculenta mensualidad. La humillación y obediencia a las insinuaciones más rastreras se vuelve entonces un requisito laboral.

4. Con la finalidad de ejercer el control absoluto de la sociedad ecuatoriana, Rafael Correa, el viernes 7 de enero del 2011, en un gabinete itinerante en Baeza, y en la sabatina del día siguiente en esa misma localidad, manifestó que “Sí, queremos meter las manos en la Justicia.” (El Universo, domingo 9 de enero del 2011), y anunció que le propondría al pueblo una consulta “sobre la creación de una comisión técnica-ejecutiva que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura (CJ) para reestructurar el sistema de Justicia del país”. El supuesto móvil central era poner un freno a la delincuencia y renovar una administración de Justicia a la que, según él, no se podía confiar. Ese era el discurso farsante y encubridor; falso como siempre.

5. Las verdaderas razones para asaltar la administración de Justicia eran otras y varias. Desde evitar que las víctimas de sus innumerables atropellos puedan obtener protección jurídica con autoridades judiciales honestas e independientes. Garantizar la impunidad más absoluta de todas las pillerías del oficialismo. Pretender inmovilizar por el terror y el miedo a los ciudadanos más indómitos. El proyecto del asalto planificado a la Administración de Justicia se adelantó para garantizarse la más absoluta impunidad de cualquier responsabilidad jurídica por la que pudiese ser acusado el dictador, a raíz de los hechos de sangre del 30 de septiembre del 2010. Uno de los mayores recelos que tenía Correa ese momento, entre otros, era ser enjuiciado cuando se advirtió que se habían producido varios muertos y decenas de heridos luego de haber ordenado una incursión armada injustificada al Hospital de la Policía Nacional. Allí, ante los muertos y heridos, víctimas inocentes de su irreflexión colosal, se asustaron de su propia irresponsabilidad, irracionalidad y delito cometido. Mintieron y crearon historias fantásticas para protegerse. Pero su carta suprema de garantía completa de impunidad era controlar la Justicia de cualquier modo.

6. Los muertos y heridos, sus responsables, y las circunstancias de esas pérdidas irreparables, por decisión interesada y angustiosa de Correa, nunca se investigó en la Asamblea Nacional. El riesgo era entonces que la indagación la realizase una Administración de Justicia todavía no controlada. ¿Qué hacer? ¡Asaltar la Administración de Justicia, a todo nivel, e impedir cualquier investigación alternativa, aunque se deba recurrir para ello a un escandaloso fraude electoral contando para ese objetivo con un Consejo Nacional Electoral complaciente y de bolsillo! Solo el hecho de desafiar a los policías y exigir que le disparen, el 30-S, en el regimiento Quito, abriéndose la camisa como un teatrero en formación, incitándoles para que cometan magnicidio, era suficiente motivo para ser enjuiciado y encarcelado, pues ese proceder irresponsable y altanero, grabado por todos los canales de televisión, era no solo una provocación para que cometan magnicidio sino un delito flagrante.

7. Correa cometió allí, de modo evidente y público, el delito de INSTIGACIÓN, que según el Art. 386, del Código Penal vigente para esa fecha establecía: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución (…..) será reprimido por la instigación, aunque el delito no se hubiese perpetuado, con prisión de quince días a dos años.” El “comandante” policial Correa, después de varios ridículos entrenamientos reiterados ante el espejo, de cómo se debía abrir la camisa y hablar con muecas postizas (el singular video lo difundió Fernando Balda), pidió que le disparen y los policías -¡necios!- ¡no le obedecieron! Ese fue el único delito consumado por los uniformados: ¡No obedecer a la autoridad!

II. AUDAZ Y FRAUDULENTO ASALTO A LA JUSTICIA

8. ¿Cómo se apoderó Rafael Correa de las Cortes de Justicia? Violando de manera descarada el Art. 168, numeral 1, de la Constitución que establece que “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.” ¡Esta violación se facilitó con el informe favorable y prevaricato escandaloso de la Corte Constitucional de entonces! Los miembros de la Corte Constitucional, que autorizaron esta transgresión dictatorial, al actuar de modo expreso en contra de lo que manda la norma jurídica, merecerían ser condenados por prevaricato y debieron ir presos de uno a cinco años, conforme lo establecía el Código Penal de entonces en su Art. 277, porque nadie dispone de patente para cometer delitos sin responsabilidad alguna, ni puede sustraerse a los mandatos obligatorios constitucionales y legales.

9. Para consumar este atropello la ficha del fascismo del siglo XXI recurrió a una consulta absolutamente irregular, turbia y fraudulenta, para secuestrar políticamente toda la Administración de Justicia con el control del Consejo de la Judicatura que lo hizo presidir al ingeniero electrónico y pana del alma suyo Paulo Rodríguez Molina. La consulta inconstitucional y fraudulenta se llevó a efecto el 7 de mayo del 2011, pero en la misma aparecieron 1´229.330 electores fantasmas o adicionales a los que en verdad podían sufragar según el censo del 28 de noviembre del 2010.

10. Según los datos del censo del 28 de noviembre del 2010 habían 9´722.834 personas mayores de 16 años. Pero en el padrón electoral para la consulta del 7 de mayo del 2011, aparecieron 10´952.164 sufragantes. Los votantes adicionales o fantasmas al número real establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para dar datos de algunas provincias tenemos los siguientes: 182.385 en Manabí. 160.188 en Guayas. 120.303 en Pichincha. 96.165 en Azuay. 81.174 en Chimborazo. 62.771 en Cañar. 62.385 en Los Ríos. 57.169 en Tungurahua. 56.649 en Loja. 55.568 en Imbabura. 53.173 en Cotopaxi. 52.095 en El Oro. 43.227 en Santo Domingo.  39.744 en Esmeraldas. 34. 274 en Bolívar. 23.768 en Carchi, y así en las demás provincias. (Todos los datos oficiales e inexactitudes constan en diario Expreso, del jueves 15 de septiembre del 2011, página 2).

11. ¡Esa no fue la única irregularidad fraudulenta que provocó estupor nacional ante tan escandaloso proceder! ¡El propio informe de la OEA, del 12 de noviembre del 2012, denuncia, en forma adicional, que en el 63,61 % de las actas de las Juntas Electorales de esta consulta popular, de todo el país, no coinciden el número de firmas con el número de votos! ¿Cómo así aparecieron, encima de todo lo anterior, un número superior de votos que el de concurrentes y fantasmas sumados? ¿Fue obra de los espíritus o del CNE correísta? La información sobre este FRAUDE, en base al informe de la OEA, lo publicó la revista digital “Mil Hojas”, con fecha 30 de noviembre del 2015, medio que lo dirige la Eco. Martha Roldós, hija del ex presidente Jaime Roldós Aguilera. ¿No es acaso este proceder, denunciado por la propia OEA, un FRAUDE ESCANDALOSO? ¡Siempre actuó así Correa y su sumiso y ciego instrumento de dominación y engaño político: Alianza País!

III. CUCHILLA VIL EN GARGANTA DE INOCENTES

12. Con la Administración de Justicia en sus manos, en vez de rendir cuentas Correa, éste impulsó, de manera audaz y cínica, inventándose que ha existido un supuesto intento de golpe de Estado (aunque nadie sabe quién es o ha sido el golpista luego de una búsqueda frenética por más de siete años, y al que jamás ubicarán porque no existió), el enjuiciamiento de inocentes por los hechos del 30 de septiembre del 2010 (30-S), cuyo número alcanzaba a las 531 personas hasta agosto del 2014, con 109 ya sentenciados. (Ver El Comercio, del viernes 29 de agosto del 2014, págs. 1 y 2.) Para exonerarse de responder por los muertos y heridos del 30-S, y eximirse de culpa notoria, también se inventaron que “estuvo secuestrado” y hasta habría existido un “intento de magnicidio”..

13. A la luz de los hechos buscaban encarcelar al mayor número de personas y hacerles pedir perdón o “indulto”, donde a cambio de no permanecer presos, hasta doce años -en auténtico chantaje moral-, “reconocían” que participaron en delitos inexistentes. Pero con esos “documentos” o solicitudes de perdón, por un delito inexistente, y una sentencia forjada, pretenderían intentar proteger a quien ordenó la incursión armada, si acaso es llevado ante la Corte Penal Internacional, en La Haya.

14. Resulta que, según el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, de la ONU, suscrita el 17 de junio de 1998, y vigente en el Ecuador desde el 31 de enero del 2002, luego de la ratificación del gobierno de Gustavo Noboa con el Decreto Ejecutivo 2256, y publicado en el Registro Oficial 506, de esta fecha, en su Art. 5 establece los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, y especifica sobre todo cuatro: a) Crimen de genocidio; b) Crímenes de lesa humanidad; c) Crímenes de guerra; y d) El crimen de agresión. Según el Art. 29 de este Estatuto de Roma “Los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán.”

15. ¿En qué consiste el crimen de agresión? Hay varias violaciones de leyes y usos aplicables tanto en conflictos armados como en hechos difíciles de suponer que se producirían en tiempos de paz que se encasillan en el crimen de agresión. Constan en el Estatuto de Roma en el Art. 8, literal b), numeral XI), que establece como una de las formas de este delito en los siguientes términos: “Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares.”

IV. UNA NUEVA “INDUSTRIA SIN CHIMINEAS”

16. Con el uso mañoso de la Administración de la Justicia en manos del fascismo del siglo XXI, en forma previsible, se dio rienda suelta a la persecución más desaforada, como ha sucedido por ejemplo con juicios infames a los legisladores Cléver Jiménez y Galo Lara, como no lo hizo Álvaro Uribe Vélez en Colombia a sus parlamentarios opositores. Pasarán décadas y la gente no olvidará el odio cerril del fascismo del siglo XXI a los periodistas Fernando Villavicencio, Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, Emilio Palacio, entre otros, así como al médico Carlos Figueroa.

17. Rafael Correa pretendió convertir a la Administración de Justicia en una nueva “industria sin chimeneas” y evidenciando su espíritu de codicia incontrolable y hambre atrasada impulsó algunas “travesuritas” en esa “línea jurídica innovadora”. El Universo fue enjuiciado y demandado por un pago de 80 millones de dólares, como no lo ha sido ningún diario en el planeta. El juez Paredes ordenó el pago de 40 millones de dólares con una sentencia, según se denunció, llevada para que solo la firme. (Con el famoso drive externo bautizado como” Chucky Seven”.) Periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, fueron demandados al pago por supuesto e inexistente daño civil, por dos millones de dólares, luego de escribir “El Gran Hermano”, un libro muy bien documentado. Una demanda al Banco del Pichincha le rindió a Rafael Correa 600 mil dólares. A Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa les sacó una sentencia escarmentadora para que le paguen 147 mil dólares. Veedores como el Ing. Pablo Chambers, que ganaron un concurso para una veeduría social, convocado por el propio Consejo de Participación Ciudadana, y que determinó que un hermano del presidente tenía contratos por 637 millones de dólares (solo con parte de los documentos porque muchos otros fueron escondidos según los inculpados), tienen sentencia de prisión en su contra. ¿En qué parte del mundo, que no sea en el Ecuador del fascismo del siglo XXI, asaltan la Administración de Justicia para pretender obtener dinero por millones de dólares?

18. Con la Administración de Justicia en las manos ardientes y ardorosas del fascismo del siglo XXI se persiguió y encarceló a dirigentes indígenas, campesinos, del magisterio, del movimiento estudiantil. Estudiantes secundarios de los colegios Mejía, Montúfar, Central Técnico, y de muchos otros establecimientos educativos, aparte de los diez de Luluncoto, fueron encarcelados para amedrentar y paralizar a la juventud, al igual que persiguió de manera rabiosa y encarceló a ambientalistas, defensores de la tierra, flora, fauna, agua. En tanto, de manera paralela, con ese mismo poder político, a petición expresa de Rafael Correa, fueron indultados y liberados varios miles de microtraficantes. Cabe preguntarles: ¿qué han hecho para esclarecer las muertes de los defensores amazónicos del agua y ambientalistas reconocidos como José Tendetza y Freddy Ancash, opositores a las políticas del fascismo del siglo XXI?

19. ¡De continuar la Administración de Justicia en manos del correísmo no hay ni habrá culpables en sus filas, no solo de estos hechos sino de muchos otros, aunque se hubiesen cometido los más grandes robos y atracos insuperables! ¡No olvidemos que tomarse por asalto las cortes de justicia tiene un objetivo adicional: asegurarse en forma rotunda la impunidad planificada desde el poder para encubrir todas sus fechorías! No al acaso Platón, hace miles de años, se percató y advirtió que “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Abril del 2018.