“El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de transición (CPCCS-t) aprobó por UNANIMIDAD una resolución en la que ordena a los vocales encargados del Consejo de la Judicatura que no evalúen a la Función Judicial, particularmente a la Corte Nacional de Justicia.” LA HORA, JUEVES 20 DE ABRIL DEL 2018.
¿No deberían analizarse y revisarse las sentencias del supuesto e inexistente golpe de Estado del 30-S, que produjo cientos de presos por parte de 115 jueces y 65 fiscales? ¡Nunca hubo golpe de Estado ni intento de magnicidio! ¡Han pasado ocho años y todavía no saben quien es el golpista!
¿No se analizarán las sentencias infames contra los jóvenes del Mejía, Montúfar, Central Técnico, de los diez de Luluncoto, ambientalistas y defensores del agua, de los cientos de dirigentes populares e indígenas de la persecución correísta?
¿No se fiscalizarán las resoluciones prevaricadoras emitidas contra diario El Universo para el pago de cuarenta millones de dólares (con la sentencia llevada redactada para el juez Paredes), de varios millones de dólares en contra de los autores de El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, o de las infames resoluciones judiciales en contra de Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez, Galo Lara, Carlos Figueroa, Mery Zamora, y de tantos otros ciudadanos? ¿No se alegrará Correa con una medida que favorece y protege a sus alfiles en la función judicial, a determinados jueces y fiscales tan eficientes para la persecución y esmerados en servirle en los atropellos y represión inaudita e insoportable?
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
Septiembre del 2018.
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