ECUADOR: INVESTIGACIONES INCOMPLETAS

¿Quien autorizó contratos con dedicatoria por 3.193 millones de dólares?

Diego C. Delgado Jara

1. ¿POR QUÉ NO SE AVERIGUA COMO DIERON USD 3.196 MILLONES DE DÓLARES DEL ESTADO PARA LAS COMPAÑÍAS QUE ENTREGARON DINERO PARA LAS CAMPAÑAS DE ALIANZA PAÍS?

1.1. Los periodistas de investigación Fernando Villavicencio y Cristian Zurita denunciaron al país, con los soportes documentales de rigor, de manera inobjetable, cómo entre ocho corporaciones o compañías, que tenían contratos con el Estado, concedieron, de manera absolutamente ilegal, a las campañas electorales de Alianza País, desde el 2013, USD 11,7 millones de dólares. Esta investigación se la conoce como “Arroz Verde Nro. Uno.”

1.2. Diario La Hora, en base al nombre de las empresas “inversionistas” detectadas, sea por “invitación”, obligadas o “voluntariamente”, en la edición del viernes 10 de mayo del 2019, primera página de las secciones A y B, complementó la información de los datos posibles y evidenció que entre el 2013 y hasta el 2017 estas compañías recibieron, a cambio del “aporte generoso” o “inversión” de USD 11,7 millones para el fascismo del siglo XXI, como “retribución” o “compensación”, la cantidad de USD 3.196 (tres mil ciento noventa y seis) millones de dólares en contratos.

1.3. ¿Por qué si la retribución de los dineros invertidos, en las campañas electorales de Alianza país, por las compañías detectadas, incluían al año 2017, la Fiscalía General del Estado se abstuvo de investigar el año 2017, y por ello llamó a su indagación “Sobornos 2012-2016”? ¿Fue para proteger eventuales responsabilidades jurídicas de Lenin Moreno, supuestamente “elegido” en el 2017? ¿Quién nombró las ternas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, donde se amarraron y pre determinaron las designaciones con notoria dedicatoria encubridora? ¿No fue Lenin Moreno junto a sus allegados políticos, donde se incluían los correístas?

1.4. Estos USD 3.196 millones de dólares recibidos por las indicadas compañías, en suculentos y jugosos convenios concertados y de retribución, según el diario en referencia, equivalen a 273,16 veces más lo invertido o entregado por ellas a las campañas electorales del fascismo del siglo XXI. Es decir que, por cada dólar colocado por las referidas empresas en la campaña electoral de Alianza País, recibieron, como “compensación”, 273,16 dólares en contratos. Como señala el viejo dicho: “Pusieron una aguja y se llevaron la reja de arado”. ¿Por qué nadie averigua a los responsables de esta colosal compensación? ¿Se garantizaron contratos compensatorios a dedo para favorecer a dichas empresas “inversionistas”? ¿Existieron sobreprecios en estas nuevas contrataciones asignadas con antelación y como mecanismo de compensación? ¿Quién, o qué autoridad investiga?

1.5. ¡Se repite exactamente la misma metodología brindada a la Odebrecht! ¡Esta compañía no solo entregó los 33,5 millones de dólares en coimas para las más altas autoridades del país (protegidos en forma escandalosa hasta ahora), sino que recibió miles de millones de dólares en contratos amarrados! ¡Y nada investigaron al respecto los entonces fiscales Galo Chiriboga o Carlos Baca! ¡Y esto es lo que no se averigua todavía! ¡A los fiscales encubridores no les ha pasado absolutamente nada! ¡Siguen blindados durante el morenismo! ¿Quién bloquea y obstruye estas investigaciones? ¡Los que desean protegerse desde el poder, antes y ahora, tienen la garantía de los correístas que siguen en las más altas funciones del Estado! ¿Quiénes apadrinaron el regreso de la Odebrecht? ¿Si retornaron habrán venido gratis y sin haber “invertido” nada en los altos funcionarios que les dieron más contratos? ¿Por qué resultan intocables? ¿Es que disponen de constancias de haber influenciado, de modo “poderoso”, desde hace tiempos, en la Procuraduría, Fiscalía, Secretaría Jurídica de la Presidencia, y hasta en la Presidencia de la República?

1.6. Es evidente que autorizar contratos por USD 3.196 millones de dólares no lo podían hacer peces pequeños, sino los auténticos tiburones de aguas profundas que dirigían y todavía conducen al fascismo del siglo XXI encabezados por el propio Rafael Correa, tolerados o amparados por el régimen encubridor de Lenin Moreno, instalado en el poder de manera fraudulenta por el propio Rafael Correa, con la aspiración que le encubra en forma total en los hechos, más allá de discursos concertados y acomodados de opereta, llenos de irónicas y encubridoras imágenes sin ninguna fuerza jurídica. ¡Y es lógico deducir por elemental sentido común, que sobre toda la contratación y gestión jurídica presidencial debería además haber existido el criterio positivo de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, dirigida por Alexis Mera Giler! ¡El pueblo desconocía, y hasta ahora no conoce, todo lo sucedido con sus recursos fiscales! ¡Es evidente que el gobierno morenista y la falsa “oposición” correísta tienen en forma escandalosa un solo cuerpo siamés, y un notorio frenesí común por protegerse de sus comunes “travesuras”!

1.7. Cabe preguntarse: ¿Cómo se garantizaron estas compañías que aportaron millones de dólares para las campañas electorales dirigidas por Rafael Correa sus sustanciosos contratos multiplicados, y se aseguraron ser ellas las asignadas en forma irremplazable de los beneficios convenidos a costa de saquear a una República inerme y vendada los ojos? La respuesta es obvia: ¡Sobre todo con las declaraciones de emergencias dictadas desde la propia Presidencia de la República y los textos pulidos en la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, a cargo de Alexis Mera Giler, brazo derecho de León Febres Cordero en la Alcaldía de Guayaquil desde el año 1992, y abogado de extrema y absoluta confianza -durante 124 meses- de su coideario Rafael Correa, también funcionario de Febres Cordero desde 1984 a 1987, como siempre le ha recordado, de manera documentada y precisa, la abogada Cynthia Viteri! ¿Cómo entender que no exista ni siquiera un simple listado de las compañías favorecidas con jugosos contratos durante el régimen del fascismo del siglo XXI, con las cantidades de millones de dólares concedidos a dedo, y los montos multimillonarios de dichos convenios?

1.8. ¡Es evidente que existía una DELINCUENCIA ORGANIZADA que todo lo manejaba y todavía participa del poder omnímodo! Pero además es conocido y comprobable que no ganaban las elecciones por este dinero de origen turbio de las compañías descubiertas, SINO POR LOS ESCANDALOSOS FRAUDES ELECTORALES SUCESIVOS.

1.9. Los resultados de las elecciones se dirimen con los SISTEMAS ELECTRÓNICOS ELECTORALES TRUCADOS, TAN CONOCIDOS Y DENUNCIADOS, auténticos golpes de Estado electrónico para el despojo nacional. Se mantuvieron y continúan aferrados al poder omnímodo, haciendo lo que les daba y le da la gana, gastando sin control las limitadas reservas públicas, favoreciendo a quien les compraba las decisiones, entregando contratos a discreción y encubriendo en forma concertada sus nuevas fortunas colosales. ¡No son las “inversiones” electorales las que definen en realidad las elecciones! ¡SON LOS FRAUDES ELECTORALES!

2. LO QUE NO INVESTIGAN EN PROCEDER ESCANDALOSO

2.1. Según diario La Hora, y solo de lo detectado, el detalle de lo recibido en dólares, USD 3.196 MILLONES, en contratos asegurados, como notoria compensación, por las referidas empresas “inversionistas”, en decisiones que solo se podían adoptar al más alto nivel del poder del Estado, es el siguiente:

2.1.1. SK ENGINEERING CONSTRUCTION, de Corea del Sur, recibió USD 718 millones de dólares.

2.1.2. FOPECA, de Ecuador, USD 682 millones de dólares.

2.1.3. ODEBRECHT S. A., de Brasil, USD 625 millones de dólares.

2.1.4. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, de China, USD 457 millones de dólares.

2.1.5. CHINA INTERNATIONAL WATER  ELECTRIC CORP-CWE, de China, USD 356 millones de dólares.

2.1.6. TELCONET, de Ecuador, propiedad aparente de Tomislav Topic (y donde mucha gente supone que es copropiedad de cuando menos Jorge Glas, operador político y económico de Rafael Correa, quien también podría ser accionista camuflado), recibió USD 196 millones de dólares. TELCONET, cabe recordar, fue la empresa encargada de transmitir los datos desde las Juntas Electorales de todo el país al Consejo Nacional Electoral, CNE, el 19 de febrero y 2 de abril del 2017 (en la primera y segunda vuelta electoral) cuando dicen que “ganó” el binomio de Lenin Moreno y Jorge Glas. TELCONET se afirma es la dueña del cable submarino, para servicio electrónico, internet y comunicación, desde Miami, que pasa por varias islas del Caribe y llega hasta Punta Carnero, frente a Salinas, en Ecuador, y cuyo valor se calcula costaría cuando menos MIL MILLONES DE DÓLARES, ¡Y QUE NADIE, NINGUNA AUTORIDAD, A NINGÚN NIVEL, DESEA INVESTIGAR QUIENES SON SUS VERDADEROS DUEÑOS Y EL ORIGEN AUTÉNTICO Y MONTO PRECISO DE ESE GIGANTESCO CAPITAL! ¡Se ha manifestado que las autoridades del país han convenido jamás investigar este punto, para lo cual designaron al hermano del abogado de Tomislav Topic como parte del CPCCS-Transitorio y quien también designó a las actuales autoridades en funciones!

2.1.7. HIDALGO HIDALGO, de Ecuador, USD 98 millones de dólares.

2.1.8. SEMAICA, de Ecuador, USD 63 millones de dólares.

2.2. ¿Qué dicen sobre estos y otros manejos escandalosos la Asamblea Nacional o su Comisión de Fiscalización y Control Político (incluso los legisladores a nivel individual), si el Art. 120, numeral 9, de la Constitución ordena que, en forma obligatoria, deben “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.” Al respecto ¿qué hace la Contraloría o la Fiscalía General del Estado? ¿Todavía existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

3. NO EXISTE SOLO COHECHO SINO DELINCUENCIA ORGANIZADA

3. INVESTIGACIÓN IMPRESCINDIBLE

3.1. No debe averiguarse sólo el supuesto monto del dinero aportado por cada una de las empresas aludidas para las campañas electorales de Alianza País. ¡Deben investigar también los procedimientos de los contratos y las cantidades de cientos de millones de dólares recibidas por cada una de esas empresas aportantes como pago de favores! ¡No hacerlo sería encubrir los robos a la República! ¡Fueron contratos dolosos y montos incuantificables a cambio de dinero ilegalmente aportado! ¡Las autoridades del país se hacen las disimuladas! ¡Investiguen en forma correcta, completa y cabal! ¿Existe acaso alguna autoridad, fuerza muy poderosa y hasta irresistible que paraliza o limita estas investigaciones y campos de indagación?

3.2. Conviene recordar que el Código Orgánico Integral Penal, COIP, determina en su artículo 42, numeral 1, literal b, que son AUTORES DIRECTOS “quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de impedirlo”. ¡El robo y la escandalosa impunidad imperante en la República deben ser impedidos por las autoridades correspondientes legalmente autorizadas para ello! ¡Conduélanse de la Patria secuestrada por la Delincuencia Organizada, prepotente, soberbia e impune al más alto nivel de nuestra República asolada!

3.3. De idéntico modo, les recordamos que el Art. 23 inciso segundo del mismo COIP, establece que “No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.” ¡Basta a tanto perjuicio organizado e impunidad absoluta en contra del patrimonio social y nacional de nuestra República indefensa!

3.4. Debe aplicarse, sin dilaciones y con certeza inobjetable, aparte de otros delitos cometidos y detectados, lo indicado en el Art. 369 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, relativo a la DELINCUENCIA ORGANIZADA, y que dice: “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.” ¿Con todos los elementos de juicio difundidos, referencias encontradas, y documentos referidos de las prácticas aplicadas por el correísmo, por qué se elude aplicar este delito notoriamente visible? ¡No permitan que se consolide un tongo histórico escandaloso!

3.5. La prensa informa que en la Fiscalía General del Estado laboran ochocientos abogados especializados, frente a lo cual cabe preguntarles: ¿Cómo es posible que no exista un solo juicio por Delincuencia Organizada, como lo indica el Art. 369 del COIP, en contra de la mayor mafia que ha padecido el Ecuador en toda su historia? ¿Cómo explicar que, a este nivel, no existe un solo juicio por PECULADO o robo de dineros públicos, sancionado en el Art. 278 del COIP, en contra de la más célebre banda de asaltantes que ha asolado la República desde su fundación? ¿Cómo explicarse que NO EXISTE un solo juicio por Enriquecimiento Ilícito, sancionado en el Art. 279 del COIP, en contra de quienes se han llevado setenta mil millones de dólares, según los cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Unión Europea, conforme lo publica La Hora, edición del jueves 4 de octubre del 2018? ¿No padecen un feroz cargo de conciencia ante tanta evidencia acumulada de esta plaga infernal que ha asolado y devastado nuestra Patria Santa? ¿Qué pasa con la conciencia de las autoridades del país? ¿Sus padres y maestros no les enseñaron a amar con fervor incomparable a nuestro Ecuador bendito? ¡No permitan que los ecuatorianos del porvenir califiquen –con razón- a esta generación martirizada y saqueada, como la de los ingenuos, encubridores o cómplices!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Febrero del 2020.