1.
¿PARA QUE SIRVE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Según
el Art. 208, numerales 10, 11 y 12, de la Constitución, nombra: Al Contralor
General (que emite glosas o perdones por el manejo del dinero público); al
Fiscal General (que determina quién puede ser o no enjuiciado), al Procurador o
abogado del Estado (ya nominado a un accionista del Banco de Guayaquil y
abogado de esta entidad), Defensor del Pueblo, Defensor Público, a todos los
superintendentes. El último numeral permite designar al Consejo Nacional
Electoral (que proclama ganador al que le da la gana), Tribunal Contencioso
Electoral, y al Consejo de la Judicatura, que nombra y controla a jueces,
cortes y notarios.
2. ¿QUÉ
BUSCA CORREA, NEBOT Y LASSO CONTROLANDO ESTE ORGANISMO?
EL
CORREÍSMO quiere asegurarse la Fiscalía General porque
es la única entidad que autoriza o desiste de los juicios penales con el Art.
609 del COIP; participar del Consejo de la Judicatura, para subordinar jueces y
cortes, y blindarse con nulidad de sentencias, inocencias, y que no se inicie
ningún otro juicio contra Correa, Glas, Alexis Mera, y toda su plana mayor.
Anhela mantener sus vocales en el CNE para asegurarse los resultados
electorales como ha sucedido en los últimos 15 años.
EL PSC anhela
la Contraloría, porque de esta manera nunca habrá adecuadas fiscalizaciones en
los Municipios, como en el de Guayaquil, y Consejos Provinciales, que los han
manejado por décadas. Una cuota en el Consejo de la Judicatura blinda sus
posiciones; y en el Consejo Nacional Electoral para designar autoridades
seccionales y nacionales.
EL
GOBIERNO DE LASSO añora estos mismos espacios
institucionales, no solo por sus políticas de privatizaciones antinacionales
aplicando las leyes de Correa, sino porque deben fiscalizar su manejo de recursos
fiscales que se están transfiriendo a favor de la banca y tenedores de papeles
de la deuda pública, y otras públicas irregularidades tales como: Operación
Danubio o venta de puestos públicos en millones, que nadie investiga; el
destino de tres toneladas de drogas ubicados en la Secretaría de
Estupefacientes, en Tena; las 228 toneladas de rocas con oro de las bodegas de
la Agencia de Regulación y Control de Energía, de Ibarra; desaparición de 55
mil toneladas de arroz; las muertes de cientos de presos, luego que el gobierno
no controló el ingreso de armas, proyectiles, explosivos, y muchos elementos de
destrucción; el juramento falso de no tener dinero en paraísos fiscales, lo que
aparte de perjurio podría significar incumplimiento de requisitos para el
ejercicio del cargo, lo que encontraron 600 periodistas, de 110 países, del
caso Pandora Papers, entre muchas otras denuncias.
¡Es muy
posible que se pongan de acuerdo y, como siempre, se repartan las
instituciones, como han hecho con el país y su riqueza social y nacional desde
hace muchos años!
¡Todos
deben irse a la casa y convocarse a una nueva Asamblea Nacional Constituyente
con representantes elegidos sin fraude!
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
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