DISPUTA POR LA IMPUNIDAD, LAS CORTES Y ORGANISMOS ELECTORALES

1. ¿PARA QUE SIRVE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Según el Art. 208, numerales 10, 11 y 12, de la Constitución, nombra: Al Contralor General (que emite glosas o perdones por el manejo del dinero público); al Fiscal General (que determina quién puede ser o no enjuiciado), al Procurador o abogado del Estado (ya nominado a un accionista del Banco de Guayaquil y abogado de esta entidad), Defensor del Pueblo, Defensor Público, a todos los superintendentes. El último numeral permite designar al Consejo Nacional Electoral (que proclama ganador al que le da la gana), Tribunal Contencioso Electoral, y al Consejo de la Judicatura, que nombra y controla a jueces, cortes y notarios.

 

2. ¿QUÉ BUSCA CORREA, NEBOT Y LASSO CONTROLANDO ESTE ORGANISMO?

EL CORREÍSMO quiere asegurarse la Fiscalía General porque es la única entidad que autoriza o desiste de los juicios penales con el Art. 609 del COIP; participar del Consejo de la Judicatura, para subordinar jueces y cortes, y blindarse con nulidad de sentencias, inocencias, y que no se inicie ningún otro juicio contra Correa, Glas, Alexis Mera, y toda su plana mayor. Anhela mantener sus vocales en el CNE para asegurarse los resultados electorales como ha sucedido en los últimos 15 años.

EL PSC anhela la Contraloría, porque de esta manera nunca habrá adecuadas fiscalizaciones en los Municipios, como en el de Guayaquil, y Consejos Provinciales, que los han manejado por décadas. Una cuota en el Consejo de la Judicatura blinda sus posiciones; y en el Consejo Nacional Electoral para designar autoridades seccionales y nacionales.

EL GOBIERNO DE LASSO añora estos mismos espacios institucionales, no solo por sus políticas de privatizaciones antinacionales aplicando las leyes de Correa, sino porque deben fiscalizar su manejo de recursos fiscales que se están transfiriendo a favor de la banca y tenedores de papeles de la deuda pública, y otras públicas irregularidades tales como: Operación Danubio o venta de puestos públicos en millones, que nadie investiga; el destino de tres toneladas de drogas ubicados en la Secretaría de Estupefacientes, en Tena; las 228 toneladas de rocas con oro de las bodegas de la Agencia de Regulación y Control de Energía, de Ibarra; desaparición de 55 mil toneladas de arroz; las muertes de cientos de presos, luego que el gobierno no controló el ingreso de armas, proyectiles, explosivos, y muchos elementos de destrucción; el juramento falso de no tener dinero en paraísos fiscales, lo que aparte de perjurio podría significar incumplimiento de requisitos para el ejercicio del cargo, lo que encontraron 600 periodistas, de 110 países, del caso Pandora Papers, entre muchas otras denuncias.

¡Es muy posible que se pongan de acuerdo y, como siempre, se repartan las instituciones, como han hecho con el país y su riqueza social y nacional desde hace muchos años!

¡Todos deben irse a la casa y convocarse a una nueva Asamblea Nacional Constituyente con representantes elegidos sin fraude!

 

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

 Noviembre del 2020.