LA HISTORIA DEL ECUADOR QUE NO DEBEMOS OLVIDAR
1. La Constitución Política, aprobada por el
pueblo en las urnas el 15 de enero de 1978, al concluir la dictadura militar de
1970 a 1979, y vigente desde el 10 de agosto de 1979, cuando asumió el poder
Jaime Roldós Aguilera, ha sido –de largo- la mejor de las últimas décadas. No
solo que garantizaba el acceso de todos los bachilleres a las universidades sin
discriminación alguna, al proclamar que “La
educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles” (Art. 40), sino que proclamaba que el sector público
de la economía estaba compuesto “por las empresas de PROPIEDAD EXCLUSIVA del
Estado”, es decir que el ciento por ciento de las mismas eran
patrimonio del pueblo. (Art. 61). Para que exista propiedad exclusiva,
significaba que el 100% debía ser fiscal. ¡Si había el 90 o 99 % en manos del
Estado, entonces alguien era el dueño del 10 o 1% y no había propiedad
exclusiva! ¡Esa Constitución cerraba
el paso a los atracadores, vendepatrias y atrasapueblos!
2. Entre las “áreas de explotación económica
reservadas al Estado”, se hallaban “Los recursos naturales no renovables y, en
general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya
naturaleza sea distinta de la del suelo” (Art. 61), esto es el petróleo, las
minas, el gas, las tierras raras. Lo que ahora transfirió el fascismo del siglo
XXI. Propiedad exclusiva del Estado también eran “los servicios de agua
potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones” (Art. 61), además “las empresas
estratégicas definidas por la ley.” ¡ESTO
ERA LO PATRIÓTICO Y NACIONALISTA!
3. Pero la más rancia oligarquía expresada a
través de Sixto Durán Ballén, Alberto Dahík Garzozi, Fabián Alarcón Rivera,
Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Heinz Moeller Freire y otros
miembros de partidos de la derecha histórica decidieron eliminar las normas
nacionalistas y populares, y para ello impulsaron la Asamblea Constituyente de
1998, para derogar las normas que impedían el saqueo nacional a favor de las
multinacionales. Es así que con un proceso electoral turbio hizo mayoría la
derecha y nombraron, producto de esa mayoría, a Osvaldo Hurtado Larrea, de la
Democracia Cristina, como presidente de esa Asamblea, y Marcelo Santos Vera,
como cuota del Partido Social Cristiano, como su vicepresidente.
4. El Art. 247 de la Constitución de 1998
determinó que los bienes antes de propiedad exclusiva del Estado, como el
petróleo y las minas, podían, a partir de entonces, por decisión de la
Democracia Cristiana y los Social Cristianos aliados, ser exploradas y
explotadas “por empresas públicas, mixtas o
privadas, de acuerdo con la ley”, sabiendo que estaba vigente la “Ley de
Modernización del Estado”, que en su Art. 43 permite no solo la “concesión” sino
incluso la VENTA del patrimonio social y nacional (Art. 43, literal ch). ¡Todas
estas transferencias y privatizaciones se podían hacer “de acuerdo con la ley”,
con la antinacional Ley de Modernización!
5. El Art. 249 de la misma Constitución de 1998
expresamente permitía que “la provisión de servicios públicos de agua potable y
de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad,
facilidades portuarias (puertos) y otros de naturaleza similar” podía
prestarlos el Estado, o, por delegación o venta, las empresas mixtas o privadas
“mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad
accionaria, o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley” (como la
compra venta por ejemplo). Este mismo artículo de la Constitución de 1998, para
precautelar los intereses de las multinacionales proclamaba: “Las condiciones contractuales acordadas no
podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones.”
6. La Constitución de 1998, al permitir que
Petroecuador, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), las
telecomunicaciones (EMETEL), y todos los bienes que antes eran “propiedad
EXCLUSIVA DEL ESTADO”, puedan venderse, abrió el voraz apetito de los banqueros
que como Isaías (Filanbanco) y Aspiazu (Banco del Progreso) deseaban adquirir
el patrimonio social y nacional de la República. Estos banqueros, y otros,
podían auto prestarse el 60% de los dineros de los ahorristas y
cuentacorrentistas con la “Ley General de Instituciones Financieras” impulsada
por Durán Ballén y Dahik en 1994. ¿Qué hizo entonces la Asamblea Constituyente
de 1998? Para atender los afanes y apetitos de los banqueros, el 4 de junio de
1998, en la última sesión de la Asamblea de 1998, aprobaron la disposición
transitoria 42, mediante la cual “por dos años” (justo cuando se produjo el atraco
bancario de 1998 y 1999), y “para enfrentar la crisis financiera” autorizaron
que el Banco Central pueda otorgar a la banca privada créditos de estabilidad y
de solvencia “para atender el derecho de preferencia de las personas naturales
depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
7. La Constitución de 1998 no solo autorizó la
transferencia del patrimonio social y nacional en sus artículos 247 y 249, que
antes prohibía la Constitución de 1978, sino que encima les garantizaron a los
banqueros que el Banco Central del Ecuador sustituya el dinero que pudiesen
haber ocupado en la compra de Petroecuador, INECEL, EMETEL y los otros bienes públicos.
Allí se evaporaron USD 8.072 millones de dólares de los ahorristas y
cuentacorrentistas. Para consumar el atraco o transferencia del patrimonio
fiscal la Democracia Cristiana y el Partido Social Cristiano armaron el binomio
de Jamil Mahuad Witt con Gustavo Noboa Bejarano en 1998, el mismo que perdió
ante el candidato Álvaro Noboa Pontón, pero al que desconocieron sus resultados
en el Tribunal Supremo Electoral dirigido por la Democracia Cristiana.
8. En esta misma senda antinacional se inscribió
Rafael Correa, quien era parte de los “gustavinos” o alumnos cercanos al Opus
Dei formados por Gustavo Noboa Bejarano, gobernador del Guayas en el gobierno
de Osvaldo Hurtado, y binomio de Jamil Mahuad Witt, de la Democracia Cristiana.
Quien dude puede mirar las fotos de los “gustavinos” o grupo de oración, en la
capilla de San Pablo, en Data de Posorja, en 1984, donde destacan Rafael y
Fabricio Correa junto a Alberto Dahík Garzozi, conforme puede verse en el libro
“El Séptimo Rafael”, biografía de Correa, de autoría de Mónica Almeida y Ana
Karina López, publicado en el 2017, donde en base a los testimonios de sus
compañeros cuentan que “se negó a firmar un comunicado de defensa de los derechos
humanos en contra de Febres Cordero.” (pág. 78). La misma foto está publicada
en la revista Vistazo 1240, del 25 de abril del 2019, pág. 11. Rafael Correa
era parte de los “gustavinos” o allegados al Opus Dei, grupo que lo dirigía
Gustavo Noboa.
9. El jefe del Opus Dei, hermandad clandestina de
derecha de la Iglesia Católica, era a nivel del Guayas, desde la década del
noventa, Guillermo Lasso, máximo dirigente de CREO (que es la primera palabra
de la oración titulada Credo), uno de los financistas de la campaña de Correa
en el 2006, conforme lo admitió en El Comercio, del sábado 2 de febrero del
2013, pág. 4, cuando reconoce que Correa le visitó cuatro veces, y solo en una
de esas le facilitó cincuenta mil dólares. Hoy CREO tiene una alianza orgánica
con la Democracia Cristiana y apuntan en fórmula conjunta para el 2021. Uno de
sus mayores empeños es participar en el manejo del IESS y del Banco del
Pacífico, que lo pretende transferir con toda urgencia Lenin Moreno. Por ello
ahora andan juntos. ¿Dónde están entonces los políticos atrasapueblos que
impulsaron la sucretización, la dolarización, la entrega de 180 mil kilómetros cuadrados
al Perú para impulsar el proyecto pro norteamericano denominado Plan Colombia
para lo que Washington les pedía trasladar las tropas desde la frontera con
Perú hasta la frontera con Colombia, y hasta las privatizaciones del patrimonio
social y nacional?
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
Octubre del 2019.
