ECUADOR: ¡SAQUEO ABSOLUTO!

“Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear.”

Mahatma Gandhi.

1. El primer objetivo de los globalizadores en el Nuevo Orden Mundial, o sistema de dominación planetaria, es apoderarse de toda la riqueza de los pueblos mejor dotados de recursos naturales. Para ello adoptan dos caminos de colonización y depredación: Uno es el ataque militar y la guerra abierta de saqueo (con cualquier pretexto), como sucedió en Iraq, Afganistán o Libia; y el segundo es instalar y mantener, sobre todo con fraude electoral, alfiles suyos en los gobiernos de países que son sus objetivos de apoderamiento de todas sus riquezas. Una vez que una multinacional se apodera de un patrimonio, éste por lo general es transferido a otra corporación, de tal modo que ese país y pueblo pierde esa riqueza para siempre.

2. Los gobiernos populares y genuinamente patrióticos jamás pueden ser instrumentos complacientes de los intereses antinacionales o constituirse en sirvientes y partícipes de esas codicias insaciables y lesivas a nuestras sociedades y a los habitantes de esta y de las futuras generaciones. Los regímenes populares consecuentes defenderán siempre, sobre toda otra consideración, y al precio que sea, los anhelos y sueños más íntimos de su pueblo y las aspiraciones legítimas irrenunciables de su Patria.

3. El gobierno de Correa es el más grande vendepatria de la historia republicana, y para destruir el país, sus instituciones y libertades, no se frenó en utilizar y ensuciar una causa fraternal noble disfrazándose de “socialista” en forma idéntica a como lo hizo la plana mayor del nazismo, con Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler o Herman Göering, que también se decían “socialistas” para asaltar la mente y la conciencia del pueblo alemán.

4. Correa fue el mayor propagandista, sirviente y convencedor de los supuestos beneficios de las multinacionales, y propiciador de las leyes entreguistas para el efecto. Esos cuerpos jurídicos para la depredación y el saqueo siguen intactos, porque sus sucesores en la dominación política y económica aspiran a utilizar esos mismos cuerpos legales antinacionales y represivos. Demostremos la conducta vergonzosa, antinacional y antipopular, de este “izquierdista” apátrida y disfrazado, siendo en los hechos un siervo incondicional del capital corporativo mundial.

EL PETRÓLEO EN MANOS DE CORPORACIONES EXTRANJERAS

El gobierno del fascismo del siglo XXI encabezado por Rafael Correa entregó gran parte de las reservas petroleras del Ecuador a las siguientes multinacionales:

1. Petrochina o China National Petroleum Corporation (CNPC), de la China.

2. Petroriente o PetrOriental, que recibieron las acciones de ENCANA, de la China.

3. Andes Petroleum, de la China.

4. China Petrochemical Corporation (SINOPEC), de la China.

5. Chuangqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), de la China.

6. Repsol, de España.

7. Agip Oil, de Italia.

8. Los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, ITT, se entregaron a manos de la compañía china SINOPEC. (Vistazo Nro. 1178, del 23 de septiembre del 2016, pág. 46).

9. El campo Auca, que tiene el 19% del total de reservas del país, entregaron a la compañía francesa Schlumberger.

10. El campo Sacha, con una producción diaria de 75.000 barriles diarios, estuvo en tratativas para cederle a la Halliburton, de Estados Unidos, propiedad de Dick Cheney, ex vicepresidente de George W. Bush, pero al parecer existen otras posibilidades que las considera el nuevo gobierno.

LAS MINAS DE ORO, PLATA Y COBRE

Se han entregado todas las minas más importantes del país, y en todos los casos con graves violaciones a la Constitución de la República: Primero, al concesionar la riqueza minera sin realizar las consultas previas, libres e informadas, a las comunidades afectadas, así como al no precautelar el patrimonio ambiental, transgredieron los Arts. 57, numeral 7, 395, 396, 397 y 398 de la Constitución de la República.

En segundo lugar, se está transgrediendo el Art. 408, inciso segundo, de la Constitución de la República, que, en cuanto a los recursos naturales no renovables, determina: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.” Situación inexistente.

El fascismo del siglo XXI o correísmo les ha entregado a las multinacionales las siguientes reservas:

1. En el caso de la mina de oro FRUTA DEL NORTE, ubicada en la Cordillera del Cóndor (provincia amazónica de Zamora Chinchipe), en el límite con el Perú, esta fue entregada al capital canadiense y sueco de la compañía Lundin Gold, subsidiaria de la Fortress Minerals Corp, que compró sus derechos a la Kinross, en USD 240 millones de dólares, monto del cual el 1% (2,4 millones) se entregó -como limosna- al Estado Ecuatoriano, verdadero dueño de esta colosal fortuna, conforme lo informó El Telégrafo, del jueves 23 de octubre del 2014, pág. 6.

Según El Telégrafo, del viernes 17 de junio del 2016, págs. 1 y 6, esta mina dispondrá de una ganancia de 10.700 millones de dólares. El Comercio del viernes 15 de enero del 2016, pág. 7, también establece una recaudación que llegaría a los 10.700 millones de dólares, porque habrían reservas probadas de 9,8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Del total de los 10.700 millones de dólares el Estado ecuatoriano recibiría solo 938 millones de dólares. La inversión para su explotación llegaría a los 650 de dólares.

Mientras en otras minas se obtendría un gramo de oro por tonelada de material removido en esta se obtendría diez veces más; resultando una de las más rentables minas del mundo. ¿Puede llamarse “inversión extranjera” a esta depredación en que el Ecuador cede 10.700 millones a cambio de recibir USD 938 millones?

Sobre esta compañía, en una investigación de Roberto Aguilar, publicada en Expreso, del domingo 15 de octubre del 2017, pág. 6, encontramos el trayecto de esta compañía que pasó “de la lista negra a la cordillera del Cóndor”, donde aporta con la siguiente información:

“Lundin Gold (Aurelian en el Ecuador) es una de las doce corporaciones mineras pertenecientes a Lundin Group, un consorcio sueco-canadiense que opera en todo el mundo y se hizo famoso por su falta de escrúpulos. En los 90, Naciones Unidas lo incluyó en su lista negra de empresas transnacionales por sus escandalosas operaciones en África.”

“Sobre Lundin pesan acusaciones de violación de derechos humanos, devastación de la naturaleza, corrupción, financiamiento de guerras tribales, colaboración con gobiernos sanguinarios como los de Mugabe, Mobuto, Al Asaad. Acciones inescrupulosas en Congo, Sudán del Sur y la Sudáfrica del apartheid.”

“En América Latina incumplió durante 15 años todas las normas sobre el uso de agua fresca en la operación de la mina de cobre La Candelaria, en Chile. Sin embargo, Rafael Correa le abrió las puertas de Carondelet, le convirtió en socio estratégico y le entregó 860 kilómetros cuadrados de selva virgen al este del (río) Nangaritza. Entre ellas la joya de la corona: Fruta del Norte.”

Este diario, en la misma edición, llama a la mina Fruta del Norte “una de las reservas de oro más grandes del planeta, limita directamente con la reserva La Zarza y ocupa parte del bosque protector de la Cordillera del Cóndor donde se encuentran nacimientos y fuentes de agua, según determinó un informe de la Contraloría fechado en el 2015.” Agregando: “4 millones 620 mil onzas de oro suman las reservas de Fruta del Norte, una de las minas de oro y plata más grandes del mundo.”

2. La mina PANANTZA SAN CARLOS, de Morona Santiago, la segunda reserva mundial de cobre, con 14.000 millones de libras, se entregó a la Junefield y a la Tongling Nonferrus de la China, bajo el nombre Exporcobres S. A., EXSA. Para entregar esta área geográfica a las compañías chinas, se reformó la Constitución en el Art. 158, bajo el nombre de “enmienda”, el 3 de diciembre del 2015, para poder utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos de política interna, y así se procedió para el desalojo de la comunidad shuara de Nankintz; donde también vivían familias de colonos.

El inciso segundo del Art. 158 de la Constitución, sin el texto contradictorio y agregado, en forma tramposa porque las reformas constitucionales deben ser consultadas al pueblo, por el fascismo del siglo XXI, decía en forma explícita y sin agregados: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.” El proyecto de convertir a las Fuerzas Armadas en una segunda policía para el control social y represión absoluta es parte de la política de la globalización y es lo que sucede, por ejemplo, en México, Turquía u Honduras.

Es lo que pretendió Correa con las enmiendas del 3 de diciembre del 2015 en base a cien asambleístas que fueron supuestamente elegidos en un proceso electoral absolutamente turbio o fraudulento, del 17 de febrero del 2013, donde aparecieron 1´139.363 votantes fantasmas o adicionales al total de mayores de 16 años que contemplaban los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. No olvidemos que todas las firmas, rúbricas y huellas dactilares de todos los ecuatorianos los mandó a escanear, copiar o computarizar el gobierno de Correa en octubre del 2010, mediante el concurso convocado y coordinado por el Ing. Paulo Rodríguez Molina, director del Registro Civil, el mismo que fue acusado por sesgado y nada transparente por la Escuela Politécnica del Litoral, dirigido entonces por el Ing. Moisés Tacle Galárraga. El número total de firmas escaneadas o copiadas llega a las 96 millones según lo publicó diario El Universo, en su edición del martes 1 de marzo del 2011, en la primera página de la sección Gran Guayaquil.

3. La mina MIRADOR, de Zamora Chinchipe, con 6.700 millones de libras de cobre; 3,2 millones de onzas de oro; y, 25 millones de onzas de plata, conforme datos emitidos desde la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Minas, conforme lo recoge El Comercio, del jueves 15 de diciembre del 2016, pág. 6. Esta explotación estará a cargo de las compañías chinas Junefiel y Tonling Nonferrus, bajo el nombre de Ecuacorrientes S. A., ECSA. Para entregar esta zona a las compañías chinas, en base a la misma reforma constitucional ya referida, se desalojó a todos los pobladores de Tundayme.

4. Las tres minas más grandes de oro, de la provincia del Azuay, esto es la Quimsacocha (tres lagunas), ahora llamada por el régimen como Loma Larga (para no referirse al agua de las tres lagunas), la Mina Río Blanco y la mina Gaby, irían también a manos de las mismas empresas chinas. Diario El Universo, del viernes 27 de abril del 2018, pág. 4, informa que desde el 11 de marzo al 1 de abril del 2018, se han exportado a China unas 300 toneladas de concentrados de minerales de oro y de plata, según ejecutivos de la ECUAGOLDMINING SOUTH AMERICA S. A., nombre del consorcio de las compañías Junefield y Hunan de la China. Se ha calculado que en la mina Río Blanco existirían 605.000 onzas de oro y 4´307.000 onzas de plata.

5. Existe la mina LLURIMAGUA, ubicada en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que se calcula posee reservas por 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno. (Expreso, jueves 21 de diciembre del 2017, pág. 6). Se ha indicado que el 49% de sus acciones se vendió a la empresa chilena Codelco, y que el 51% restante tendría interés en vender la ENAMI, Empresa Nacional Minera, de Ecuador.

Al parecer entre los aspirantes de estos activos estaría tanto la misma empresa chilena como inversionistas de Qatar. Diario El Telégrafo del martes 27 de febrero del 2018, pág. 9, informa que el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana “presentó (al gobierno y empresarios de Qatar) una cartera de proyectos que suman USD 24.000 millones en el plazo de cinco años” y que incluyen “la refinería de Manabí, que el gobierno licitará el próximo mayo; y el proyecto minero Llurimagua.” Como se puede apreciar, en base a las mismas leyes del correísmo siguen las transferencias y ventas de bienes públicos de nuestra República.

Cabe resaltar entonces que todas las minas más rentables e importantes del Ecuador, las de oro, plata, cobre, fueron concesionadas por el fascismo del siglo XXI o correísmo a favor de grandes corporaciones extranjeras. Ninguna de ellas queda en manos del Estado ecuatoriano. ¿Alguien con sentido común puede suponer que el fascismo del siglo XXI habrá entregado gratis está riqueza inmensa, exclusivamente por “patriotismo” como sostenía Rafael Correa, el peón de las corporaciones extranjeras y alfil del capitalismo corporativo mundial encaramado con procesos electorales turbios o fraudulentos en la dirección del país para depredar la riqueza nacional y transferir el patrimonio del pueblo ecuatoriano a manos de las multinacionales?

ENTREGA DE LOS PUERTOS

En el Ecuador el gobierno vendepatria de la “revolución ciudadana” o fascismo del siglo XXI, que solo es apoyado por sus congéneres partidarios de la transferencia de todo el patrimonio social y nacional de la República, en la sabatina 462, del 13 de febrero del 2016, informó, como un hecho muy destacable y de enorme como supuesta trascendencia a favor del país, la entrega por décadas de los puertos más importantes de la República a varias multinacionales.

Diario El Telégrafo, del miércoles 17 de febrero del 2016, página 5, informó que las corporaciones extranjeras ya contactadas por el gobierno antinacional invertirán en los puertos de Posorja, Manta y Bolívar, la cantidad de USD 2.205 millones de dólares. Lo que jamás informaron al país es que esta cantidad significa menos de 9 (nueve) meses de ganancias de un solo año de la telefonía celular entregadas por el mismo fascismo del siglo XXI a la empresa mexicana Claro, propiedad de Carlos Slim Helou, y de los accionistas españoles de Movistar.

1. En el caso de PUERTO BOLÍVAR, junto a Machala, provincia de El Oro, la concesión durará 60 años, hasta marzo del 2077, y sería manejada por la empresa YILPORT HOLDING S. A., de Turquía, de la familia Yildirim, del primer ministro de este país, quien vino al Ecuador en febrero del 2016 junto a quienes muchos consideran su socio mayoritario el conocido presidente represor de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantenido en el poder con sucesivos procesos electorales turbios. No obstante, al igual que en el caso de éste y de otros puertos, se ha indicado que, por personas interpuestas, los anteriores gobernantes serían accionistas de las “dichosas” compañías que manejarán estos fabulosos negocios entregados sin cumplir las leyes y con dedicatoria perjudicial para el Ecuador. Cabe indicar que puerto Bolívar ya fue construido hace décadas por los productores de banano de la provincia de El Oro.

Se calcula que por Puerto Bolívar salen 1,6 millones de toneladas de banano y se reciben como importación 125.000 toneladas de bobinas. (El Universo, sábado 15 de abril del 2017, pág. 3.). Cabe indicar que por este puerto se tiene previsto sacar la riqueza minera, sobre todo de cobre, de todo el austro ecuatoriano, de manera especial de las minas Panantza San Carlos, de Morona Santiago, la segunda mina en volumen de cobre del planeta, así como Mirador, de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, y también material de oro desde la provincia del Azuay. Es obvio que la transferencia de puerto Bolívar a manos privadas dificultará el control eficaz de las exportaciones del cobre en bruto, al igual que de tierras raras (más valiosas que el oro) que podrían salir sin el debido control.

Cabe indicar que, según varias advertencias, en las regulaciones de la Comunidad Económica Europea se presentan restricciones cuando son los mismos puertos los que se utilizan para alimentos (caso del banano), y elementos químicos o mineros, como ha sido el caso de los puertos de Norlisk, de Rusia, que exporta níquel, y el caso del puerto Kabwe, de Zambia. Sería muy interesante despejar las siguientes inquietudes ya exteriorizadas: ¿Quiénes son los verdaderos accionistas de la “YILPORT HOLDING CORREA”? ¿Por qué, en último caso, no se contrató a las compañías solo hasta recuperar la inversión y una razonable ganancia? ¡Con una asamblea de mayoría oficialista y vendepatria, de origen electoral turbio o fraudulento, han aprobado leyes infames (preparados la mayoría de veces por estudios jurídicos extranjeros, o copiadas de otros países) para desollarle de su patrimonio social y nacional a nuestro pueblo inerme!

2. En el caso de PUERTO DE POSORJA se entregó en concesión y administración por 50 años, hasta el año 2067, a la empresa “DP WORLD INVESTMENTS B. V.”, mediante expresa autorización, sin ningún concurso, establecida por el presidente Rafael Correa en el Decreto Ejecutivo 1060, de junio del 2016, sobre todo en base a lo indicado en el Art. 100 del “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 56, del 12 de agosto del 2013, alegando que “cuando no se tenga la capacidad técnica o económica, o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas” del país, aquellos servicios pueden ser DELEGADOS a la iniciativa privada, extranjera en este caso.

La “DP WORLD INVESTMENTS B.V.”, cuya matriz tiene domicilio en Dubai, capital de Qatar o Catar, es de propiedad personal del Sultán de Dubai, AMHED BIN SULAYEM; y tiene de socia del 22% del capital al grupo NOBIS, de Isabel Noboa Pontón (o de quienes pudiesen ser los verdaderos “inversores” tras este membrete), suegra del actual ministro de Comercio Exterior Pablo Campana. La inversión total a invertir en 50 años es de 1.200 millones de dólares; esto es menos de cinco meses de los ingresos de la telefonía celular. No olvidemos que América Móvil, de Carlos Slim Helou, titular de Claro y uno de los tipos más acaudalados del mundo, y la empresa española Movistar disponen de ingresos o ganancias de 250 millones de dólares al mes, y un poco más de tres mil millones de dólares al año, en base a las concesiones autorizadas desde el 2008 al 2023 por Rafael Correa.

La participación del Estado en esta concesión de medio siglo le reportaría al Ecuador los siguientes irrisorios porcentajes: los cobros del 1% de ingreso neto por diez años (del 2017 al 2027), del 2% para los siguientes diez años (del 2017 al 2037), del 3% para los subsiguientes diez años (del 2037 al 2047), y el 5% hasta los 50 años, lo que es un pésimo negocio para el Ecuador. (Expreso, viernes 17 de junio del 2016, página 7).

Lo que los ecuatorianos se preguntan es ¿por qué se entregan los puertos por 50 o 60 años y no solo hasta recuperar las inversiones realizadas -previo concurso abierto de oferentes y con fiscalización conjunta con el Estado-, con las legítimas ganancias convenidas de manera anticipada en contrato, como sucedió con el puente del Río Guayas, que amortizó la deuda total de su inversión en solo ocho años de cobro del pontazgo o pago del paso de los vehículos por el puente (1970-1978) para luego transferir o devolver la obra realizada al Estado y sin ninguna deuda pendiente?

3. En el caso del PUERTO DE MANTA, estará a cargo de la compañía chilena “AGUNSA” o “Agencias Universales S. A., AGUNSA”, que lo manejará por 40 años, esto es hasta el año 2056. Rafael Correa, como número central de las fiestas de Manta, el 4 de noviembre del 2015, y como “maravillosa gestión”, anticipó que ya mantenían conversaciones con la empresa AGUNSA, de Chile, la que, según su monárquica voluntad, manejaría por 40 años el Puerto de Manta.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, Lucía Fernández de Genna, denunció que la empresa AGUNSA en 40 años debería invertir 170 millones de dólares, pero que en los últimos 5 años el puerto de Manta disponía “tasas por recaudaciones de cerca de 70 millones de dólares.” Es más que obvio que si en 5 años se recaudaron USD 70 millones, en 40 años significarán ingresos por 560 millones de dólares. ¡Todo ello sin modificar los valores de los servicios! ¡La diferencia a favor de la compañía chilena (y de quienes estén atrás de su membrete), de entrada, es de 390 millones de dólares! (Expreso, domingo 24 de septiembre del 2017, página 3.) La referida dirigente gremial también exteriorizó, en esa misma entrevista, que los manabitas se preguntaban donde fue a parar tanta plata recaudada con motivo del terremoto de Manabí.

4. También indicar que se entregó, con las misma leyes y decisión de Rafael Correa, del mismo modo, en la región amazónica, el PUERTO PROVIDENCIA, de la provincia de Sucumbíos, parte importante de la ruta hacia Brasil, parte del proyecto Manta-Manaos, por un lapso de 30 o 40 años en base a una propuesta de una compañía brasileña por USD 34,2 millones de dólares. (Expreso, martes 20 de junio del 2017, página 6.)

En un importante reportaje de Expreso, del jueves 10 de marzo del 2016, pág. 6, se da cuenta de cómo el sitio por donde más ingresa y se transfiere la droga es por los puertos, según las respuestas e investigaciones al presidente de la empresa de seguridad CUPORT y también presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, ARESI.

Cabe preguntarse entonces: ¿Será casualidad que todos los puertos estatales del Ecuador, de manos del fascismo del siglo XXI o correísmo, se han transferido a manos de multinacionales casi incontrolables, sin ningún concurso y a dedo? ¿Quién tendría mejores posibilidades reales de supervisión de este comercio, el Estado o las corporaciones privadas que ejercerán todo el control físico sobre sus áreas concesionadas en forma exclusiva y por décadas?

¿Tendría la fuerza pública las mismas facilidades y facultades de control? Sin el control de los puertos, ¿no queda un país inerme? ¿Será esta política producto del azar o una simple maniobra del destino mediante la cual nuestro país pierde el manejo y acceso de sus puertos? ¿Qué dueño de casa en sus cabales entregaría en arriendo o concesión de medio siglo el zaguán o entrada de su casa?

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

¿ QUIENES SE OPONEN A LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

PAIS DEBE CONOCER VERDADEROS INTERESES CONTRA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN

Frente a la exteriorizada inquietud de dirigentes de varias organizaciones populares en torno a los velados y coordinados empeños -de ciertos altos funcionarios- por desplazar con cualquier pretexto a la socióloga María Arboleda, de sus funciones de Secretaria de Transparencia y Lucha contra la corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y partícipe destacada de la Comisión Nacional Anticorrupción, por haber enviado a la Fiscalía General, conforme corresponde en derecho, el material llegado a dicha dependencia en torno a investigaciones relativas a la gestión del prefecto de Manabí Mariano Zambrano, así como de otros casos, resulta indispensable hacer algunas consideraciones

1. La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como cualquier persona consciente de sus responsabilidades cívicas, ha cumplido con lo establecido en el Art. 83 de la Constitución vigente, que obliga y responsabiliza a todos los ciudadanos, lo que incluye a los funcionarios a todo nivel, a respetar los siguientes numerales y prescripciones:

Numeral 1: “Acatar y cumplir la Constitución …”

Numeral 7: “Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular …”

Numeral 8: “Administrar honradamente y con apego estricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción.”

Numeral 13: “(…) cuidar y mantener los bienes públicos.”

2. La Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha cumplido en forma rigurosa con lo determinado en el Art. 233 de la Constitución, que no exime de responsabilidad alguna, por acción u omisión, a ningún funcionario o autoridad de la República, cuando determina en forma imperativa:

“Art. 233.- NINGUNA SERVIDORA NI SERVIDOR PÚBLICO ESTARÁ EXENTO DE RESPONSABILIDADES POR LOS ACTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, O POR SUS OMISIONES, y serán responsables administrativa, civil o penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”

3. Esta regulación jurídica le obliga a la socióloga María Arboleda a actuar en el marco constitucional y en las tareas asignadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Debería por lo tanto destacarse su proceder idóneo; en ningún caso pretender obstruir su accionar por quienes apadrinan a quienes deben responder, en el marco del debido proceso y de la presunción de inocencia, ante la Justicia. Ella no ha sustituido ni a los fiscales ni a los jueces. ¡Sólo ha cumplido con su deber!

4. Según el Art. 42, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, son AUTORES directos de un delito, los que siendo funcionarios impidan o bloqueen que un responsable responda por sus eventuales actos ilícitos, y propicie que evada sus posibles responsabilidades penales, esto es “quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.” Las labores de quien formó parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, entidad de trayectoria histórica ejemplar cuando muchos callaron en forma recelosa, se orientan pues a laborar para combatir eventuales actos ilícitos, en ningún caso encubrirlos. ¿Cómo es posible que en vez de resaltar su labor se intente evitar su destacada lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción?

5. Además de lo referido, si no actuase como ha procedido la Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, podrían aplicarle el artículo 23, inciso segundo, del mismo COIP, que señala: “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.” ¿Cómo es posible que se moleste, en forma incomprensible y hasta sospechosa, a una funcionaria que cumple a cabalidad sus labores en el marco de la Constitución y la ley y envía ante quienes corresponde las denuncias recibidas y estudiadas?

6. El Art. 426 de la Constitución de la República, en su primer inciso, establece: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.” Por su parte, el Art. 11, numeral 9, inciso primero, de la misma Constitución determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución.” Es evidente, por lo tanto, que todos los ciudadanos pueden gozar de la presunción de inocencia, pero eso lo deberán probar ante las autoridades que correspondan. La Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no ha reemplazado ni a un fiscal ni a un juez; cada quien deberá cumplir sus obligaciones conforme a derecho. Nadie está usurpando funciones.

7. Debería, a la luz de las evidencias, respaldarse el accionar que ha desarrollado, con responsabilidad y eficacia, la socióloga María Arboleda, Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación y Control Social Transitorio. No puede tampoco, dejar de destacarse el enorme poder político, capacidad de maniobra y mimetización, e influencias insospechadas de quienes deberían, como simple responsabilidad democrática, comparecer ante la Justicia y simplemente rendir cuentas de sus actos.

Quito, julio del 2018.

PREGUNTAS QUE DEBEN SER RESPONDIDAS SOBRE EL CASO DEL GENERAL GABELA

El Decreto Ejecutivo 1317 del año 2012 crea un comité interinstitucional con la presencia de varias autoridades pero reservándose el conocimiento final de las conclusiones y con la facultad privativa de difundir o no esas conclusiones, las mismas que jamas se han conocido hasta ahora. Lo que se conoce es que los documentos del perito Roberto Meza han desaparecido y han aparecido textos mutilados y sin la firma del perito.

¿Porqué no asume las responsabilidades derivadas de este propio decreto el expresidente Rafael Correa?

El autor material del asesinato del general Gabela es Derly David Salazar Vargas, alias Francis, que era zurdo y fue quien le disparó al general Gabela:

•  ¿Cómo se explica que habiendo estado detenido le dan la libertad para acribilllarle a balazos en la ciudadela Sauces VI de Guayaquil, matándole junto a sus dos acompañantes Julio Vernaza y Jeremy Salazar. 
• ¿A quién favorecía la muerte de Francis? Es evidente que no querían que el hable sobre las personas que le contactaron para eliminar al jefe de la Fuerza Aérea ecuatoriana que se opuso a la compra de los elicópteros DRHUV cuya calidad era tan mala que ni siquiera la India los utilizaba, siendo originarios de ese país.

El día de su presentación y demostración el 27 de octubre del 2009 en la pista del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre se cayó el primero delante de toda la institución. No obstante a pesar de que 4 de los 7 se estrellaron el presidente Rafael Correa manifestó que "fue una buena decisión (la compra) solo que con mala suerte"

El 3 de febrero del 2010 el asamblesita coronel Fausto Cobo quizo enjuiciar al ministro de Defensa Javier Ponce por los DRHUV, interpelación que fue bloqueada por los asambleistas de Alianza País.

En la noche y madrugada del sábado 18 y domingo 19 de diciembre del 2010 fue asesinado el general Jorge Gabela Bueno, fue disparado en su casa y luego de su fallecimiento altos oficiales se mostraron reacios, como la prensa lo informó, a rendirle un homenaje; el mismo que fue ofrecido por un alto oficial de la Marina. 

• ¿Cómo entender que el informe del perito Roberto Meza hubiese desaparecido de manos de los ministros de Estado de Rafael Correa y que jamás se le hubiese entregado una copia a la señora Patrica Ochoa viuda de Gabela?

• ¿Qué organismo decidió la compra de los DRHUV?

• ¿Quienes formaron parte de esta compra inconveniente e indebida?

• ¿A quiénes favorecía la eliminación del general Gabela?

• ¿Quiénes se beneficiaron de la muerte de Francis?

• ¿Por qué el expresidente Rafael Correa, que conocía todos estos aspectos no hizo absolutamente nada para que se sepa la verdad?

• ¿La compra lo decidió solo el ministro de Defensa?

• ¿Funcionaba entonces la Honorable Junta de Defensa Nacional? de ser asi ¿quién la presidía?

• ¿Cómo enteder que el gobierno del expresidente Correa permitió el encubrimiento de los autores intelectuales y beneficiarios de este crimen?

• ¿Por qué el gobierno y sus legisladores del bloque oficialista jamás hicieron nada para entregar la información del perito Roberto Meza a la señor Patricia Ochoa viudad de Gabela, y toda la documentacion pertinente sobre este crimen?

• ¿Por qué nada hizo frente a la denuncia del perito Roberto Meza que alegaba haber recibido presiones de varios ministros de Estado para que modifique 35 páginas de su tercer informe, y que hasta el momento ha desaparecido?

• ¿El proceder del expresidente Rafael Correa le convierte o no en encubridor de este adicional DELITO DE ESTADO donde habrían responsabilidades de autoridades de alto nivel del régimen anterior?

CORREA NO NECESITA VENIR PORQUE EL JUZGAMIENTO POR PECULADO SE PUEDE SEGUIR EN AUSENCIA

1. El haber utilizado dinero público para financiar un delito como es el secuestro de Fernando Balda en Colombia, cuando asoman ya los cheques girados desde la Presidencia de la República y de la SENAIN durante la gestión de Rafael Correa, con los que pagaron a los delincuentes o secuestradores en Colombia (un poco más de 16 mil dólares a cada uno), no significa que solo debe analizarse el secuestro en si (grave violación a los Derechos Humanos), sino también el delito de PECULADO porque el dinero mal utilizado era del pueblo ecuatoriano. ¡Una sociedad no paga impuestos para financiar la delincuencia organizada, encaramada en sus espaldas con sucesivos fraudes electorales!

DINERO PÚBLICO PARA COMETER DELITOS

2. ¿Existen pruebas irrefutables de los desembolsos de dinero para la consumación de actividades delictivas? Efectivamente. El secuestro de Balda, coordinado por miembros en servicio activo de la Policía Nacional adscritos a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, entidad bajo el mando directo de la Presidencia de la República, según lo precisa la referida investigación realizada en Colombia, coordinado por el policía Luis Raúl Chicaiza Fuentes, siguiendo órdenes superiores de funcionarios del correísmo al más alto nivel, ubicados en la Presidencia de la República, se lo hizo con delincuentes contratados en Colombia, con dinero público, y existen desde los videos, facturas, testimonios, procesos judiciales, sentencias, presos y hasta ajustes de cuentas por delación.

3. A cada secuestrador, como ahora se sabe, le dieron -según cálculos iniciales- cuando menos quince mil dólares por el “trabajito”. El monto se había convenido en pesos colombianos. Diario El Telégrafo, en su edición del lunes 14 de mayo del 2018, en su página 4, en la cuarta columna, en base al testimonio del policía implicado Luis Raúl Chicaiza Fuentes, se da cuenta que existen los cheques “del Banco del Pacífico y suscritos por la funcionaria de la Presidencia María Donoso”. Los registros aludidos dan cuenta del pago, solo en ese egreso, de sesenta mil dólares para la “mano de obra” de este operativo delincuencial sin precedentes en la historia del país.

4. Pero ese no es el único pago con pruebas registradas. Diario El Universo, del sábado 2 de junio del 2018, pág. 6, da cuenta, en base a sus investigaciones, de otros dos cheques de la cuenta “Gastos Especiales de Inteligencia”, por 10 mil y 11 mil dólares “que fueron entregados al agente que viajó a Colombia para supuestamente ejecutar el delito”, añadiendo que “en Colombia los ejecutores ya cumplen sentencia”. Se ha calculado que el costo completo de este operativo presidencial llegaría a los 200 mil dólares. ¡El pueblo les financiaba hasta los delitos de la gavilla de trúhanes que asolaba el país!

EL DELITO DE PECULADO

5. ¿En qué consiste el delito de PECULADO? El anterior Código Penal, vigente en agosto del 2012, cuando se produce el secuestro de Fernando Balda, en su Art. 257, señalaba:

“Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiese abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que tuviesen en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional.”

“Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público.”

6. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, y como pudiese alegarse que se debe aplicar la norma más favorable antes que se emita una sentencia, al haber dos cuerpos legales, cabe recordar como se define PECULADO en el Art. 278 del COIP:

“Art. 278.- PECULADO. - Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.”

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

El Art. 233 de la Constitución de la República determina que NO PRESCRIBEN ciertos delitos como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y que pueden ser enjuiciados los responsables incluso en ausencia. Lo transcribimos:

“Art. 233. – Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil o penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”

“Las servidoras y servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aún cuando no tengan las calidades antes señaladas.”

DELITOS QUE NO MIRA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Los delitos de PECULADO, COHECHO, CONCUSIÓN y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, son los más comunes, numerosos y perjudiciales que se han detectado en el gobierno del correísmo o fascismo del siglo XXI, pero que NUNCA han sido vistos por los fiscales generales, cuando menos Galo Chiriboga y Carlos Baca. En el caso de Correa, aparte de lo indicado en el Art. 233 de la Constitución le son aplicables los Arts. 42, numeral 1, literal b, y Art. 23, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que señalan:

El Art. 42 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece que son AUTORES y que “responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: “1. AUTORÍA DIRECTA: B) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.”

El Art. 23, inciso segundo, del COIP, advierte: “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”

Recordemos que todos los ministros de Estado pueden ser designados y removidos por el presidente de la República, según el Art. 147, numeral 9, de la Constitución, y todos los miembros de todos los directorios de todas las empresas públicas, los nombró el mismo Correa en base a los Arts. 5 y 7 de la “Ley Orgánica de Empresas Públicas”, publicada en el Registro Oficial Nro. 48, del viernes 16 de octubre del 2009.

¡No cabe por lo tanto ninguna excusa para el trato de impunidad y blindaje jurídico brindado para el CAPO DI TUTTI CAPI!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

Junio del 2018.