EN ECUADOR, COLOSAL DESPOJO NACIONAL EN MARCHA (Primera Parte)

LO QUE DEBEMOS RECORDAR LOS ECUATORIANOS

1. ¿Cuántos ecuatorianos conocen que nuestra Patria y nuestro pueblo pueden perder el control absoluto y usufructo permanente de todos los servicios básicos y recursos naturales, ahora en el turno de las centrales hidroeléctricas, y dejar esa costosa infraestructura (con graves negociados y sobreprecios incluidos), construida con deuda extremadamente onerosa y entregada a dedo, en manos de corporaciones extranjeras –sobre todo chinas-, porque así lo aprobó, mediante ley, el presidente Rafael Correa y su bloque de sirvientes legislativos? Efectivamente, entre otros bienes nacionales, todas las centrales hidroeléctricas, la infraestructura de la telefonía, y de otros servicios y bienes patrimoniales, pueden ir a manos de las corporaciones extranjeras porque existen leyes ya aprobadas por el fascismo del siglo XXI, y por la política anunciada que se va a aplicar, en forma pública, por el régimen de Lenin Moreno.

2. El gobierno de Rafael Correa aprobó a fines de 2014 un cuerpo jurídico antinacional específico, la “Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica”, y la publicó en el tercer suplemento del Registro Oficial Nro. 418, del viernes 16 de enero del 2015, con la firme esperanza de ser él mismo Rafael Correa quien transfiriera las hidroeléctricas a empresas privadas o extranjeras, pero el pueblo repudió masivamente en las calles su pretensión de ser reelegido. Por supuesto que sus aspiraciones de despojo nacional no se limitaban al sector eléctrico sino al de las telecomunicaciones, minas pendientes (sobre todo de oro, plata y cobre, además de las llamadas tierras raras), petróleo –lo que todavía no está concesionado-, tierras rurales (de costa, sierra, oriente y Galápagos), carreteras, aeropuertos, TAME, la Flota Petrolera Ecuatoriana, y muchos otros bienes patrimoniales de la República.

3. Para el despojo absoluto de nuestra sociedad, en el marco de la política de la globalización y apropiamiento de nuestra riqueza nacional por parte de las multinacionales -propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta-, aprobaron con antelación y en forma sistemática todas las leyes del caso aprovechando la mayoría legislativa designada en sucesivos procesos electorales fraudulentos. Sin escandalosos fraudes electorales electrónicos no habrían jamás abrumadoras mayorías legislativas antinacionales, y sin esas mayorías apátridas no se aprobarían nunca leyes tan infames que en décadas no pudo promulgar ninguno de los gobiernos de la derecha tradicional: Febres Cordero, Durán Ballén, Mahauad Witt, Noboa Bejarano. El fascismo del siglo XXI, instrumento inocultable de la política globalizadora, lo obtuvo con los parlamentos de mayoría antinacional, vendepatria y antipopular, disfrazándose de “progresista”, luego de imponer en nuestros países verdaderos golpes de Estado electrónicos, con fraudes electorales escandalosos, cuya última versión se acaba de consumar en Brasil para favorecer el proyecto fratricida y fascista que encarna Jair Bolsonaro.

4. Cuando Rafael Correa se percató del masivo repudio nacional imposible de revertir, entonces ideó el plan B: Impulsar el binomio de Lenin Moreno con Jorge Glas, para hacerlo ganar como sea, con o sin votos, pero con el proyectado esquema que Lenin Moreno asuma el poder y se excuse de la Presidencia de la República a los cuatro o cinco meses de asumir el mando, alegando razones de salud, y dejando en esa función a su íntimo operador y socio político y económico Jorge Glas Espinel. Incluso le dejaron a Lenin Moreno las “labores a realizar” en tres tomos de las “recomendaciones planificadas” para esos meses. Con Glas seguiría la represión, el silenciamiento punitivo de la sociedad, los métodos publicitarios de la mentira sistemática de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, y que tanto aplicó Rafael Correa. Todo estaba fríamente calculado hasta el más mínimo detalle.

5. Correa y sus sirvientes legislativos, antes de las elecciones, tenían aprobadas todas las leyes privatizadoras que pudieron, incluso contratando abogados extranjeros alineados con la globalización, con el afán inequívoco de ser ellos mismo (la luego llamada “mafia” por Lenin Moreno) los que asuman esas jugosas ventas para transferir el patrimonio social y nacional a favor de las multinacionales como continuación de la política de la globalización a la que representaba.

6. El plan globalizador, en todas las sociedades donde se entroniza, persigue en primer lugar saquear de toda su riqueza al país al que acceden al poder con sus alfiles preparados con años de antelación, en sus propias universidades y centros de amaestramiento político e ideológico, y luego entronizados -en el poder de los países- con los golpes de Estado electrónicos y fraudulentos. De manera paralela, como sucede en todas las repúblicas en que se aplica la globalización, se destruyen, en forma sistemática y absoluta, todas las organizaciones de defensa y resistencia social: de trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, ecologistas, estudiantiles, gremios profesionales, intelectuales, poblacionales, y de todo otro tipo de organización y gremio que puedan oponerse y resistir al más despiadado saqueo nacional.

7. ¡Es más que evidente que este traspaso de la riqueza social a manos de las corporaciones extranjeras no sería gratuito ni “patriótico” como pretendían disfrazarlo y presentarlo en las sabatinas del fascismo del siglo XXI! ¡Planeaban enriquecerse mucho más transfiriendo y “mordiendo” el patrimonio social y nacional de nuestra Patria bendita!

EL PLAN DE CORREA SUFRE UN TROPIEZO

1. La cuidadosa programación de Rafael Correa en buena parte falló, y sufrió un notorio tropiezo o retraso, cuando Lenin Moreno no se excusó de la Presidencia de la República, y en vez de dejarle el poder a Jorge Glas, no obstruyó que se lleve adelante el juicio del caso Odebrecht en Ecuador, ya conocido a nivel internacional y sancionado en Brasil, donde aparecían involucradas las autoridades del Ecuador y de otros países. La documentación no llegó solo desde Brasil sino también del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; la misma que fue guardada bajo siete llaves por el Fiscal General de entonces, y abogado y pariente de Correa, Galo Chiriboga Zambrano.

2. Antes de dejar Correa la Presidencia se autorizó que se contrate un estudio jurídico de Brasil (Rizzini Freire), según se ha comentado, para que ayude a tapar, durante el juicio en ese país, en favores bien reconocidos, ciertos nombres y apellidos de relevantes autoridades del Ecuador para que no trasciendan al público, todo ello como parte de una singular gestión de encubrimiento financiado por el propio Estado ecuatoriano. La Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, cuyos ejecutivos viajaron a Brasil, indicó en forma pública, con su habitual discurso falso propio de todo el régimen correísta, que contratarían un importantísimo estudio jurídico para agilitar la obtención inmediata, urgente e indispensable de los nombres de los implicados; asunto que, por supuesto, jamás sucedió. Antes bien existen sospechas que, en vez de ello, los abogados contratados fueron los encargados de hablar con los defensores de los otros implicados para que omitan los nombres de ciertas autoridades del Ecuador, con reconocimientos predecibles y sustanciosos.

3. Lo que sucedió entonces, en definitiva, es que se cambió de ordeñador de la jugosa vaquita del Estado. En vez de Glas, representante y cordón umbilical del clan duro del correísmo, se quedó en la Presidencia el mismo Lenin Moreno, aspecto que no entraba en los cálculos de la codicia insaciable del correísmo. Por eso vociferaban que ha existido una “traición histórica”, cuando es más que notorio que, con el relevo gubernamental, siguen beneficiándose los mismos grupos financieros e idénticos clanes monopólicos. En la primera etapa del “fascismo del siglo XXI” o primer correísmo, a la luz de tantas denuncias, éste se llevó los inconmensurables fondos evaporados del país, estimados en varias decenas de miles de millones de dólares; y, en el segundo correismo -sin Correa-, se van a transferir los activos que quedan, mientras a los ecuatorianos nos dejarán en soletas, en la mayor de las pobrezas, despojados de nuestro patrimonio social y nacional, y con una deuda pública acumulada en un 700 por ciento, camino directo al barranco.

4. ¡Cabe destacar que todos los bienes y patrimonio público que poseía el Ecuador antes de la llegada del fascismo del siglo XXI, luego de las gestiones de la globalización en marcha, impulsada y supervigilada por un equipo oculto de “gobierno en la sombra”, quedará en manos de las corporaciones extranjeras si los ecuatorianos no lo impedimos de manera urgente!

UN ASESOR EXTREMADAMENTE PODEROSO

1. El principal asesor o consejero de Lenin Moreno, Santiago Cuesta, anuncia como relevante portavoz del gobierno, que el régimen va a obtener, aplicando las leyes de Rafael Correa, “inversiones adicionales en el Ecuador por el orden de USD 30 mil millones de dólares para el 2019”, entregando, además del sector de las telecomunicaciones, entre otros bienes patrimoniales, “todo el sistema eléctrico” del Ecuador. ¡Esas cifras, sin la menor duda, como lo apreciaremos, están infladas! ¡Buscan que la ciudadanía dude de la perversidad de esta política entreguista!

2. No deja de llamar la atención que el mismo Santiago Cuesta había pedido en el año 2017, en la Presidencia de la República, “recibiera a una delegación de una empresa china que había expresado interés en adquirir un porcentaje de las acciones de la Corporación Nacional de Electricidad”. (Expreso, martes 21 de noviembre del 2017, pág. 2.) Lo sorprendente es que el representante de dicha empresa china era Paúl Manafort, ex titular de la campaña de Donald Trump, acusado de lavado de moneda. ¿Pretendía acaso realizar esta adquisición, cabe preguntar, con dinero de origen ilegal? ¡Entonces, se deduce, por lógica elemental, allegado a Paúl Manafort Cuesta tramitaba esos intereses por los que abogaba; pero ahora resulta que entregaría “todo el sistema eléctrico”, en calidad de portavoz y consejero principal del presidente Lenin Moreno! ¡La aplicación correcta de la lógica no permite extravíos! ¡En vez de acompañante y lobista del referido tramitador y comprador del patrimonio público, ahora resulta ser el vendedor autorizado y principal propagandista de dicha transacción perjudicial en extremo a los intereses de la República!

3. Si antes gestionaba en la Presidencia de la República que le reciban a una delegación de la China, representada por Paúl Manafort, ahora, como fundamental consejero gubernamental, podría cumplir todos los anhelos y expectativas de esa y muchas otras empresas chinas, pero hoy como parte medular del gobierno de Lenin Moreno, lo que no deja de resultar sorprendente e inquietante en extremo. ¡El primer correísmo se llevó todo el dinero que pudo; este segundo correísmo va a transferir los activos que todavía le quedan a la República! ¡El pueblo, saqueado y despojado a niveles inimaginables, quedará al borde de la mendicidad! ¡Se están llevando todo el patrimonio social y nacional! ¡Despierten compatriotas! ¡Sáquense la venda de los ojos! ¡Por favor: acuérdense que todavía tienen Patria! ¡Reaccionen! ¡Si no lo quieren hacerlo por Ustedes, cuando menos levántense por vuestros hijos y nietos!

LAS CUENTAS MAL HECHAS

1. Las cuentas del consejero Cuesta resultan muy cuestionables. En las declaraciones difundidas el 29 de diciembre del 2018 señala: “En el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) la cifra está cerca de los USD 3 mil y USD 4 mil millones”. Detalló que la CNT “será concesionada en un 75% de la rentabilidad para la empresa (que se haga cargo) y el 25% quedará para el Estado.” ¿El 75% para quien reciba este fabuloso regalo, y el 25% para el dueño y financiador de toda la infraestructura ya construida? ¡En realidad, el pueblo, que no participa en la transacción de ninguna manera, y que es el auténtico dueño, no cuenta para nada; todo se hace a sus espaldas y en contra de sus intereses!

2. Cabe recordar que el ex presidente Rafael Correa, en la venta de varios activos ofrecidos en mayo del 2016, pretendía obtener un monto de USD 8.215 millones de dólares, de los cuales la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT (con la telefonía fija, móvil internet y Tv satelital) la valoraba en USD 1.974 millones de dólares. Algunas centrales hidroeléctricas las ofertaba en los siguientes montos: Sopladora, en USD 755 millones; Mandariacu, en USD 183 millones; y, Ocaña, en USD 65 millones. (El Comercio, martes 28 de marzo del 2017, pág. 5.).

3. Intentemos precisar algunas cuentas:

a) Las ocho centrales hidroeléctricas que empezó a construir el gobierno de Correa (y que algunas todavía no están concluidas o en funcionamiento), esto es: 1. Coca-Codo Sinclair. 2. Sopladora. 3. San Francisco. 4. Delsitanisagua. 5. Toachi Pilatón. 6. Mandariacu. 7. Quijos. 8. Mazar Dudas, según la revista Vistazo 1.141, del 12 de marzo del 2015, págs. 105-110, en base a los datos del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos tenían entonces un costo conjunto total de USD 4.721 millones de dólares.

b) Supongamos que las anteriores centrales hidroeléctricas, construidas antes del 2007, tengan un valor adicional de cinco mil millones de dólares. Hagamos la cuenta que su valor físico redondeado, de la infraestructura eléctrica, esté en diez mil millones de dólares.

c) A este valor debemos sumar el cálculo ya referido de USD 1.974 millones de dólares por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, lo que significa que tendríamos entonces USD 11.974 millones de dólares. Este monto no llega al 40% del cálculo de los supuestos treinta mil millones que conseguiría el régimen según los estimativos del asesor Santiago Cuesta.

4. Lo que no podemos perder de vista es que el verdadero valor, o los ingresos permanentes de este negocio y servicio eléctrico, reposan en la prestación de servicios o venta permanente de la energía eléctrica. ¿A quién, en la plenitud de sus cabales, se le ocurre entregar las fuentes básicas de la energía limpia del país? ¡Parecería que alguna gente solo piensa en eventuales o posibles comisiones que podrían obtenerse, y por décadas, en porcentajes anuales, pero a costa del sacrificio del país! ¿No sabrán que la energía para casi todas las actividades productivas de la República, y para el funcionamiento de todos los enseres de los hogares, es de carácter hidroeléctrico? ¡El presidente Moreno debería prescindir de ciertos malos asesores y nocivas recomendaciones, y recordar que no debería jamás ser instrumento del despojo del patrimonio social y nacional de la República, porque la historia y el pueblo lo juzgarán!

Mañana: Las leyes aprobadas para el saqueo y el más grande atraco del planeta.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

ECUADOR DEBE SABER LA VERDAD: ¿QUIENES SON LOS MILITANTES QUE CONFORMAN LOS 278 PARTIDOS POLITICOS?

 SOLO EN LOS 21 PARTIDOS NACIONALES EXISTEN 4.2 MILONES DE AFILIADOS.
EL CNE DEBE PUBLICAR LA LISTA DE LOS SUPUESTOS AFILIADOS A ESOS MOVIMIENTOS Y PARTÍDOS POLITICOS

I. ¿PARA QUÉ SE ELABORÓ EL BANCO DE FIRMAS DE TODOS LOS ECUATORIANOS?

1. No solamente resulta escandaloso y doloso el hecho que en el Ecuador existan millones de VOTANTES FANTASMAS, como sucedió en el proceso electoral del 19 de febrero del 2017, cuando aparecieron 1´617.486 sufragantes adicionales a los 11´118.306 mayores de 16 años registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Resulta que, según el Consejo Nacional Electoral -con datos inflados- eran 12´735.792 los mayores de 16 años, como si el Ecuador tuviese 19,42 millones de habitantes, pues los mayores de 16 años equivalen al 65,58% del total de la población.

2. Igual irregularidad no esclarecida sucedió antes, cuando en el proceso electoral del 17 de febrero del 2013 en vez de los 10´254.794 mayores de 16 años, según el INEC, el CNE dijo que los habilitados llegaban a los 11´389.688 personas que estuvieron en el padrón. Esto es 1´139.363 VOTANTES FANTASMAS “habilitados” de conformidad a los datos acomodados o inventados por el Consejo Nacional Electoral. Estas irregularidades y referencias documentadas, en forma incontrastable, las presentó el FRENTE DE DEFENSA NACIONAL y el FRENTE ESTRATÉGICO POR LA DEMOCRACIA, en octubre y noviembre del 2016, ante la Comisión Nacional Anticorrupción, única entidad que no controlaba el correísmo. Es más: sería muy bueno que los miembros de estos dos organismos cívicos pudiesen ser escuchados por el actual Consejo Nacional Electoral. Pero existe otro hecho muy grave y que la mayoría de ecuatorianos desconoce.

3. Acontece que todas las copias de todas las firmas, con las rúbricas respectivas, y hasta de las huellas electorales, de todos los ecuatorianos que se han cedulado desde el siglo XX, desde las anteriores generaciones hasta la actual, posee el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil porque están digitalizadas o copiadas desde octubre del 2010, cuando el Registro Civil, por orden de Rafael Correa, bajo la dirección del ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina, convocó al concurso de “DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN”. Para obtener dichas copias, que están computarizadas, de todas las firmas, rúbricas, huellas dactilares, de todos los ecuatorianos, entre otros datos, llamaron a concurso en el que declararon ganadora a la Empresa “Controles S. A. – CONTROSA”, cuyo número o código del contrato es el siguiente: “R-LIC-DGRCIC-001-2010”.

4. Como una de las muchas pruebas de lo que manifestamos, existe una certificación emitida por la propia Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de fecha 1 de agosto del 2012, y entregada mediante el oficio Nro. 2012-00692-DIR-G, suscrita por el entonces director de la entidad, Jorge Mario Montaño Prado, y otorgada al doctor César Rodríguez, entonces Asambleísta por la Provincia de Pichincha, donde se indica y certifica que se ha contratado la “DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN” con la Empresa “Controles S. A. – CONTROSA”, y que el número o código del contrato es el siguiente: “R-LIC-DGRCIC-001-2010”.

5. El número total de carillas ya escaneadas, copiadas y digitalizadas en forma computarizada, con la firma y rúbrica de todos los ciudadanos del Ecuador, a la fecha 12 de julio del 2012, según la referida certificación, superaba ya las ochenta millones de carillas; en forma exacta, según la certificación, cuya copia reposa en nuestro poder; tenían entonces ya 80´008.565 de carillas. El número total de documentos ya escaneados y digitalizados, donde en cada uno podrían haber dos o más carillas, estaba para el mismo 12 de julio del 2012, en 51´847.894 unidades, siempre al tenor de la certificación aludida y otorgada por el Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación a la fecha. Finalmente se determinó el número de documentos escaneados y firmas (de quienes se cedularon desde el inicio del siglo XX) en 96 millones de documentos. (El Universo, martes 1 de marzo del 2011, primera página de la sección Gran Guayaquil)

6. La Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, impugnó esta adjudicación POR FRAUDE, por existir varias escandalosas irregularidades en este supuesto “concurso”. El Rector de la ESPOL, Dr. Moisés Tacle Galárraga Ph.D, en esa calidad y como Procurador del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos (CEPRODID), otro de los participantes en este aparente “concurso”, presentó la Acción de Protección Nro. 1056 en el Juzgado V de lo Civil de Guayaquil denunciando el despojo escandaloso del que habían sido víctimas tanto la Escuela Politécnica Nacional como CEPRODID en este proceso, reclamando por las irregularidades, inconstitucionalidad, ilegalidad y sesgada Resolución Nro. DIGERSCIC-DGD-2010-323, suscrita por el Ing. Paulo Rodríguez Molina, entonces Director del Registro Civil, porque lesionaba los intereses del legítimo ganador (la ESPOL), como en forma muy pormenorizada lo evidenciaba.

7. Ningún reclamo de la ESPOL se atendió, incluso luego de demostrar que la firma que estaba atrás del membrete de CONTROSA era DIGITAL TEAM, la misma empresa que en el 2009 había sido motivo de un escándalo electoral mayúsculo, pues poseía un centro paralelo y clandestino de digitalización de resultados electorales en el que tenían 221 computadoras con 221 digitalizadores para “acomodar” los resultados y concederle el “triunfo” a Alianza País en la supuesta reelección de Correa del año 2009, así como para brindarle una numerosa bancada legislativa.

8. Cabe destacar que el director de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, denunció “con pruebas de respaldo”, que en el padrón hay millones de votos en exceso; Donde manifiesta que “Hay, por ejemplo, personadas personas nacidas en 1900, que deberían haber tenido 114 años cuando votaron en los comicios pasados. Hay muertos que votaron, así como migrantes que no regresaron en los últimos diez años. Están otros que sufragaron dos y hasta tres veces.” Reconoce en esa entrevista que han encontrado “doce mil personas mayores de 100 hasta 150 años, que votaron.” (Expreso, miércoles 13 de abril del 2016, pág. 2.)

9. Incluso asomaron, en los padrones electorales, votantes nacidos en 1843 y 1853, conforme lo publicó diario Expreso, del martes 16 de febrero del 2016, pág. 3. ¿Cómo así “participaron” en esas elecciones ciudadanos con alrededor de siglo y medio de edad? ¿Alguien puede suponer que nuestro país es la tierra de los descendientes de Matusalén? ¡Nada de eso! ¡Simplemente recurren a las copias de las firmas escaneadas o digitalizadas!

10. Luego se denunciaría, en base a prolijas investigaciones, con los soportes del caso, por parte de diario Expreso, del sábado 2 de abril del 2016, pág. 4, de la existencia de 519.000 registros “con números de cédula que no están asignados a persona alguna”. El asunto es muy claro: ¡El que controla, organiza, maneja, cuenta, y proclama los resultados electorales, se lleva la República, sus autoridades, sus instituciones y recursos!

II. ¿PARA QUE PUEDE SERVIR EL BANCO DE FIRMAS?

1. ¿Qué se puede hacer con las firmas ESCANEADAS, COPIADAS, COMPUTARIZADAS y DIGITALIZADAS, controladas en forma monopólica, y secreta, por quienes ejercieron el gobierno, y, de modo obvio, por el partido político que ejerció el poder durante los últimos años? ¿No se podrían utilizar todas estas copias de las firmas para legalizar un partido político, o para llenar los casilleros de las firmas de los padrones electorales donde pueden aparecer muchos difuntos que no realizarán ningún reclamo? ¡Si los vivos no reclaman, peor los finados!

2. ¡Esta es la razón por la que no se han publicado en los últimos años los padrones electorales! ¡Para que no aparezcan y se detecten nombres y apellidos de fallecidos, o ausentes del país, por ejemplo, y nadie pueda reclamar! ¡Con 1´617.486 votantes adicionales a los datos del INEC, de los que verdaderamente poseen más de 16 años, como sucedió en el 2017, se puede inclinar un resultado electoral en forma definitiva, más aún con sistemas electrónicos trucados y que jamás han permitido fiscalizar! ¡Esta grave irregularidad debería analizar el nuevo Consejo Nacional Electoral!

3. Con las firmas y rúbricas de todos los ecuatorianos en manos del correísmo, sus instituciones (como el propio Consejo Nacional Electoral de entonces) y militantes del partido en el poder, se podría decir y “demostrar” que cualquier organización o colectivo político, del nombre que sea (“Rafael Siempre Contigo” por ejemplo) podrían disponer de dos o tres millones de firmas “prestadas”. ¡Todo está en sus manos! ¡Sin que nadie les controle! ¡La población y la democracia está en la más absoluta indefensión! ¡Es evidente que el correísmo dispone de copia de todas las firmas!

4. ¿Quién, qué ciudadano de cualquier rincón del país, puede enterarse si han tomado su firma para legalizar a un partido o movimiento nacional o local? ¿Cómo así se habla de la existencia de 21 partidos y movimientos nacionales (lo que significaría cuando menos 4,2 millones de afiliados), y al margen de los “adherentes” de otros 257 movimientos provinciales? ¿Por qué no se publican los nombres de los supuestos afiliados como ya se hizo una vez pero de manera sesgada? ¿Cómo puede cualquier ecuatoriano conocer si utilizaron las firmas de sus padres, abuelos o bisabuelos, o las suyas propias, si disponen de las firmas de todos los ecuatorianos desde que existe el Registro Civil y el correísmo controló el CNE? ¿Cómo se sabe si en este organismo a algún nivel –con la colaboración de los “técnicos”- se vendieron “partidos o movimientos legalizados”, unos de carácter nacional y otros de carácter provincial? ¿Recién se está descubriendo la punta del ovillo que denunciamos desde hace años?

5. ¡Los únicos “dueños” de todas las firmas de los ecuatorianos (incluidos los que vivieron hace tres, cuatro o más generaciones) están ahora en el Registro Civil, en el Consejo Nacional Electoral, y de manera más que probable en manos del gobierno o partido político del gobierno que mandó a escanear o copiar todas las firmas de los ecuatorianos! ¡Ellos pueden utilizar el verdadero “banco de firmas” sin que nadie se entere de todas sus formas potenciales de uso!

6. ¿Quién, qué organismo, qué partido o entidad, con capacidad de fiscalización o control político, ha podido verificar la idoneidad y autenticidad de las firmas que aparecen en los padrones electorales? ¿Para qué devolvieron las “firmas recogidas” en forma supuesta por los “colectivos” allegados al oficialismo? ¡Para que no puedan ser cotejadas con las que están en manos del oficialismo beneficiario potencial y único de las mismas! ¡Si hubiesen guardado esas firmas, se podría demostrar que las firmas utilizadas han sido clonadas!

7. Este escándalo se descubrió el 8 de mayo del 2009, doce días después de las elecciones del 26 de abril del 2009, cuando se ubicó el local secreto y clandestino donde funcionaba, por parte de los candidatos Cinthia Viteri y Enrique Herrería así como de canal TELEAMAZONAS, donde se acomodaban los resultados por parte de Digital Team y ciertos vocales del CNE. Este centro clandestino para acomodar datos (con las 221 computadoras y digitadores) se hallaba en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freile Potes y era coordinado por un miembro del propio CNE, que fue ubicado in fraganti. Otros miembros del CNE de entonces, como el vicepresidente Carlos Cortez, dijeron que jamás habían sido informados al respecto.

8. ¡El país debe saber dónde están los bancos de firmas, quiénes y cuándo las han utilizado, así como la forma de hacerlo y para que objetivos, incluyendo su eventual uso sin la autorización de sus titulares para legalizar partidos y movimientos! ¡Por eso aparecen ahora ciudadanos sorprendidos que aparecen afiliados a partidos y movimientos en los que jamás militaron! ¡Y eso debe realizarlo el Consejo Nacional Electoral! ¡Basta de FRAUDES! ¡El pueblo del Ecuador tiene todo el derecho de conocer la verdad!

9. Para las elecciones del 24 de marzo del 2019 el CNE aprobó un padrón de 13´261.994 mayores de 16 años, cuando se conoce que el 65,58% del total de la población nacional es de mayores de 16 años. ¡Para disponer de un padrón de 13´261.994 ciudadanos se requiere que Ecuador posea 20´222.619 habitantes! ¡El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y pueden mirar en el sitio www.inec.gob.ec, admite que ahora existen menos de 17´200.000 habitantes! ¡Algo tan grave como lo anterior es que el SOFTWARE TRUCADO que utilizó el correísmo en los procesos electorales anteriores sigue allí mismo en CNE! ¡Y los mismos técnicos y los mismos asesores!

10. ¡Con estos métodos no esclarecidos (con padrones electorales con millones de votantes fantasmas, con bancos de firmas para usar a su antojo, con el software trucado y control absoluto del CNE) consumaron los procesos electorales anteriores, así reeligieron de manera fraudulenta a Rafal Correa y se apoderaron de las mayorías legislativas abrumadoras, siempre con procesos electorales turbios o fraudulentos para aprobar leyes antinacionales y entregar el petróleo, las minas (de oro, plata y cobre), los puertos marítimos, la telefonía, la tierra rural, y transferir todo el patrimonio social y nacional! ¡COMPATRIOTAS ABRAN LOS OJOS!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

LAS FIRMAS DE TODOS LOS ECUATORIANOS TENDRÍA EL PROPIO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y NO LOS PARTIDOS POLÍTICOS

POR ELLO EL CNE DEBERÍA PUBLICAR LAS LISTAS DE LOS MILITANTES DE LOS 278 PARTIDOS Y MOVIMIENTOS LEGALIZADOS

¿SE “VENDIERON” LAS “LEGALIZACIONES”?

¡PUBLÍQUENSE TODOS LOS NOMBRES!

¡EL PAÍS DEBE SABER LA VERDAD!

 PETICIÓN REALIZADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2018 (FRAGMENTO) POR EL “MOVIMIENTO ECUADOR LIBRE Y ETERNO”

“Con el soporte al derecho de petición garantizado en el artículo 66, numeral 23, de la Constitución de la República, pedimos de manera comedida y respetuosa, de modo formal, en ningún caso a nombre del pueblo para que no se nos niegue lo pedido, al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que obtenga sus propias conclusiones y verificaciones documentadas, lo siguiente:

PRIMERO: Se pida al Registro Civil entregue copia certificada de toda la documentación de la convocatoria, desarrollo, resultados y, sobre todo, de las actas de entrega recepción del producto proveniente de la “Licitación de Bienes y Servicios LICB – 001 – 2010 para la DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN”, convocada por el Ing. Electrónico Paulo Rodríguez Molina, en el año 2010.

SEGUNDO: Se solicite a la Escuela Politécnica del Litoral copia certificada de la Acción de Protección y proceso Nro. 1056 que presentó en el 2010, suscrito por su Rector el Dr. Moisés Tacle Galárraga, como Procurador, y con el auspicio del Dr. Miguel Bayona Triviño, en un Juzgado de lo Civil en la ciudad de Guayaquil luego de la Resolución Nro. DIGERCIC – DGDO – 2010 – 323, que fue suscrita por el Ing. Paulo Rodríguez Molina, en su calidad de Director General  del Registro Civil, Identificación y Cedulación, emitido el día 4 de octubre del año 2010. Se puede también solicitar copia certificada del proceso al Juzgado de lo Civil de Guayaquil que conoció esta Acción de Protección, y deberá tomarse en cuenta sobre todo el “Formulario 13” donde la empresa “ganadora” CONTROLES S. A. (CONTROSA) incluye la experiencia de la empresa DIGITAL TEAM, la misma que no certifica ningún tipo de relación con CONTROLES S. A.

Nos permitimos adjuntar, para su conocimiento, copia simple de los siguientes documentos a los que podría disponer de acceso el actual CNE:

a) Certificación del Ing. Jorge Mario Montaño Erazo, Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de fecha 1 de agosto del 2012, oficio Nro. 2012-00692-DIR-G, donde da cuenta la contratación para disponer de todas las firmas de los ecuatorianos a partir de octubre del 2010, así como del recorte de diario El Universo, del martes 1 de marzo del 2011, 1ra. página de la sección Gran Guayaquil, donde se da cuenta que se digitalizan 96 millones de documentos de los ciudadanos ecuatorianos, donde constan las firmas de todos los ecuatorianos (ANEXO 6).

b) Copia simple de la Acción de Protección presentada por el señor Rector de la Escuela Politécnica del Litoral, Dr. Moisés Tacle Galárraga, (ANEXO 7).

c) La “Resolución Nro. DIGERCIC-DGDO-2010-323” para que verifiquen la existencia de toda la documentación y referencia de los hechos que hemos comentado. (ANEXO 8).

TERCERO: Que luego de verificar el número de firmas y rúbricas escaneadas o copiadas, que tiene en su archivo el Registro Civil, Identificación y Cedulación, si es posible se desglose las que corresponden a los ecuatorianos que hoy viven y las copias de las pasadas generaciones, pues en procesos electorales pasados, conforme existen múltiples denuncias, se encontró la identidad y supuesta “participación” (en los padrones de los recintos electorales) de personas nacidas en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo XIX, pero que se cedularon o registraron sus firmas e identidades en el siglo XX cuando ya se formó el Registro Civil luego de la Revolución Alfarista. Es obvio que colocaron estos nombres e identidades, dentro de los padrones, para que, suponían, nadie reclame porque ya estaban “finados” hace tantas décadas. Si necesitaran copias de las referencias aludidas y no dispone el CNE se les podría hacer llegar.

CUARTO: Que se indague en forma extremadamente acuciosa e implacable qué entidad y personas disponen de estos auténticos “Bancos de Firmas” que fueron obtenidos por orden del gobierno del ex presidente Rafael Correa, y coordinados por el ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina, quien luego del proceso electoral turbio del 7 de mayo del 2011, pasó a presidir el Consejo de la Judicatura Transitorio, conformado a dedo por el propio ex presidente Rafael Correa, luego que diario Expreso, edición del jueves 15 de septiembre del 2011, pág. 2, demostró que habían 1´229.330 electores fantasmas. Se encarece intentar determinar lo siguiente:

1. Desde cuando llegó esta información y la pudo utilizar el Registro Civil.

2. Desde cuándo recibieron, utilizaron, y las veces que lo hicieron, los Consejos Nacionales Electorales, con o sin conocimiento de sus vocales. Se determinará quiénes fueron los técnicos que manejaron esta información extremadamente sensible.

3. Se determine, sin aceptar pretextos, excusas, ni mentiras de ningún género, cuántas copias digitalizadas salieron de estos “Bancos de Firmas”, y que personas, ex funcionarios, funcionarios, entidades públicas o privadas, partidos o movimientos -en formación o ya constituidos- poseen dichas copias digitalizadas.

PARA ESTE EFECTO SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE SE CUENTE CON EL APOYO DE EXPERTOS COMO EL ING. DIEGO PONCE DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, ENTRE OTRAS POSIBILIDADES. NO DEBERÍA CONFIARSE SIN GRAVES RESERVAS DEL PERSONAL SUBORDINADO QUE ANTES YA LABORÓ EN ESTAS TAREAS DENTRO DEL CNE, SOBRE TODO EN ESTA ÁREA “TÉCNICA”.

¿SE LEGALIZARON LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS CON ESTAS FIRMAS?

El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la participación política directa. ¡No debe exigirse el requisito de la legalización de los partidos!