EL LASSISMO CORREISTA EN ACCIÓN

 ¿APADRINA LASSO LA SALIDA DEL PAÍS DE JORGE GLAS ESPINEL?

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.” Platón

 

 1. ANTECEDENTES

Con la venia, complicidad y notoria coordinación del régimen de Guillermo Lasso, con la tutela de su ministro del Interior Francisco Jiménez, se acaba de consumar un atroz acto de apariencia jurídica y de repudiable desafío ético a la conciencia nacional. Nada de extraño ni de impredecible por los antecedentes. Lasso fue uno de los reiterados aportantes a las campañas electorales de Rafael Correa[1] y uno de los mayores beneficiarios de su gestión.  

Lasso y Correa son de derecha, alfiles al servicio incondicional de las multinacionales y del Nuevo Orden Mundial de carácter fascista, así como allegados a la cofradía de la extrema derecha católica. ¿Han notado como Lasso está empeñado en continuar las concesiones y privatizaciones con las mismas políticas y leyes antinacionales que expidió Correa? ¡Se mantiene la oligarquía en posta, cambian a los payasos verdugos pero mantienen el escenario y el espectáculo, con los opresores disfrazados simulando contradicciones que no existen! ¡Son los mismos globalistas promoviendo políticas idénticas para el saqueo y despojo del patrimonio social y nacional a favor de las corporaciones extranjeras y los suyos propios!

Francisco Jiménez, portavoz de la posible anulación de la sentencia en contra de Correa y compañía, y promotor politico para la salida de Glas, desempeñó tres funciones con Correa: (1) Subsecretario de Desarrollo Organizacional en el Ministerio de Gobierno de enero a octubre del 2008, (2) Asesor de la Comisión de Codificación de la Asamblea de Montecristi, y (3) Gobernador del Guayas de octubre del 2008 a agosto del 2009, fue quien anunció la posible anulación de la sentencia en contra de Correa y demás implicados del caso Sobornos 2012-2016 cuando en abril del 2021 anunció la posibilidad de perdón o forma de exoneración de culpas para Correa, Glas, Alexis Mera y otros 17 implicados, al manifestar: “Estamos valorando (la anulación de la sentencia o amnistía para estos implicados) con dos parámetros que van a ser importantes para tomar esa decisión: (1) Los hechos jurídicos del proceso en su contra, y (2) la estabilidad política que requiere el país.” ¡Precisamente para eso le nombró Lasso como ministro de Gobierno al reconocido correista.

Nadie entonces se extrañe que, se llegue a la anulación de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 o pretendan otorgar amnistía para los condenados. Por ello no existen juicios de peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito en su contra, porque se cerraría la aplicación del Art. 120, numeral 13, de la Constitución, que impide conceder a los que estén involucrados en esos delitos contra la administración pública. La Fiscal lo sabe perfectamente y por eso no actúa.

 

2. ¿JUSTICIA PROSTITUIDA?

Es en este marco que debe comprenderse la maniobra inconstitucional e ilegal, con la que acaban de sacar de la prisión al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, preso en Cotopaxi y con tres sentencias: PRIMERA, por el delito de cohecho recibido por la empresa brasileña ODEBRECHT, con pena de seis años de prisión; SEGUNDA, por el caso Sobornos 2012-2016, con pena de ocho años de prisión; y, TERCERA, por la entrega del campo petrolero Singue, lesiva al interés nacional. Esta salida inconstitucional e ilegal de Glas, de la cárcel de Latacunga, es un preludio de su fuga.

El mismo juez Diego Moscoso Cedeño, de la Unidad Multicompetente de Manglaralto, Provincia de Santa Elena, manifiesta que los delegados del Servicio Nacional de Privados de Libertad, SNAI, y del Ministerio de Gobierno, “no se opusieron”, “no tuvieron nada que decir”, precisando que “quisieron retirarse de la audiencia. Dijeron que no son parte procesal.” [2]

El informe “médico” de tres galenos respaldados por el Ministerio de Salud, dirigido por otra reconocida ministra correísta, es prueba adicional que todo fue concertado y planificado. Estos “expertos” allanaron la decisión pre establecida del juez que carecía de competencia y violaba los Arts. 89 y 90 de la Constitución así como el Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El juez referido, fue asesor parlamentario de la asambleísta Liliana Guzmán, de Alianza País, en el 2016, asesor y subsecretario de Rehabilitación Social en el Ministerio de Justicia. ¡Un sainete preparado meticulosamente por políticos del gobierno lassista correísta!

¿Cómo un tiburón de aguas profundas, condenado con TRES sentencias y dos de ellas con sentencias en firme (caso ODEBRECHT y SOBORNOS 2012-2016), con varios años de prisión, sale de la cárcel con una Acción de Habeas Corpus, cuando esta norma, solo procede cuando alguien esté detenido “en forma ilegal, arbitraria e ilegítima”?

El mismo Art. 89 de la Constitución determina que cuando la orden de prisión ha sido dispuesta en proceso penal “el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia”. ¿Desde cuándo un simple juez reemplaza a una Corte Provincial de Justicia? ¿Cómo el juez no sabía que existían varias causas penales? ¿Por qué se callaron los delegados del gobierno de Lasso, en la supuesta “audiencia” en la Provincia de Santa Elena? ¡Porque eso fue el arreglo al interior del lassismo correísta!

El Art. 44, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ordena que la Acción de Habeas Corpus puede ser propuesta “donde se presuma está privada de libertad la persona”. Es decir que la Acción debió presentarse en Latacunga. Si todavía funcionase la Administración de Justicia en el Ecuador, el juez debería ser enjuiciado por prevaricato, al actuar contra normas expresas de derecho, que según el Art. 268 del COIP contempla “pena privativa de libertad de tres a cinco años.” ¿Cómo actúan de este modo tan arbitrario los jueces correístas? ¡Porque se sienten protegidos por el poder dictatorial del lassismo correísta!

Correa y su bloque legislativo buscaban desesperados, sacarle de la cárcel a Glas al precio que sea, porque además, cansado de estar detenido, podía hablar o quedarse con los encargos del “colectivo”. Debe agregarse a esta realidad jurídica la existencia en firme de una glosa confirmada por la Contraloría General del Estado por USD 1.200 millones de dólares de gastos conocidos y autorizados por Glas de los USD 1.507 millones de dólares ya gastados hasta entonces en el proyecto de la Refinería Invisible de El Aromo

¿Por qué no existen los juicios al respecto? Porque el Art. 609 del COIP, armado por Correa y Mera, determina que solo se sustancia un juicio o “etapa principal del proceso” “sobre la base de la acusación fiscal”. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio, no se precisan montos, pruebas de cargo y de descargo, en forma documentada. Si no hay juicio no hay sentencias, y sin éstas los delincuentes se pavonean jactándose en el mundo entero que son inocentes. Hace años cualquier ciudadano podía acusar; ahora no existe juicio sin acusación fiscal. Antes los jueces podían actuar de oficio y por expreso mandato legal, ahora sin acusación fiscal están amarradas sus manos. Y peor todavía, con el fraude electoral del 7 de mayo del 2011, Correa asaltó la administración de Justicia, sacaron a gran parte de jueces honorables e insumisos al poder, y llenaron las vacantes con miles de jueces y fiscales correistas.

 

3. “CRONICA DE UNA ESCAPADA ANUNCIADA”

Preparando el ambiente para la escapada del reo, altos funcionarios del gobierno lassista correísta ya hablan de las supuestas limitaciones para el control de Glas. El ministro de Gobierno reconoce que el Gobierno “estaría enfrentando limitaciones para ejecutar procedimientos de vigilancia que impidan una posible huida del vicepresidente Jorge Glas, sentenciado por hechos de corrupción durante la administración de Rafael Correa.” El ministro del Interior, general Patricio Carrillo, advierte “hay momentos en los que se pierde la capacidad física de observar al sujeto”, agregando que “La Policía Nacional no custodia a los reos; eso le corresponde a los agentes penitenciarios, y la resolución debía haber facultado para que la Policía ejerza esta supervisión y control.”

Ya no se discute si se va a escapar Glas. Existen personas que apuestan no si se va a escapar, sino los medios y hacia dónde . De suceder esta probabilidad que podría ser concertada, habrían dos responsabilidades jurídicas plenas para Lasso, Jiménez, y su combo: la PRIMERA, la autoría que está establecida en el Art. 42, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que establece que son autores “Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo”; y la SEGUNDA, determinada en el Art. 23 inciso segundo, del mismo COIP, que determina “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”

¡Si existiese administración de Justicia en el país merecerían ir presos todos los coludidos, pero incluso el delito de colusión o asociación ilícita para perjudicar a un tercero (en este caso el pueblo), sacaron del COIP por decisión de Rafael Correa y Alexis Mera, previendo cuando se favorecería este grupo de delincuentes en sus afanes perversos para depredar y pretender desmantelar al país nuestro y al futuro de sus hijos! 

Abril del 2022. 

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡ESTA PATRIA TIENE QUIEN LE QUIERE Y LA DEFENDERÁ!

¡VIVA EL CUADOR LIBRE Y ETERNO!

 

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[1] El Comercio, 2 de febrero del 2013, pag.4

[2]  Expreso, jueves 14 de abril del 2022, pág. 3.

 

 

¿ECUADOR SE CONVIERTE EN PARAÍSO FISCAL O NARCO ESTADO?

 El asambleísta de PACHAKUTIK por la provincia de Cañar, doctor Joel Abad Verdugo, solicitó ante la conciencia nacional, y de manera expresa a sus colegas de todas las bancadas, que el denominado “Régimen Impositivo Voluntario Único y Temporal para la Regulación de Activos en el Exterior”, propuesto por Guillermo Lasso, en el proyecto de “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID 1”, y que consta entre los artículos 15 a 29 del entonces proyecto, y hoy ley de la República, sea retirado del indicado cuerpo jurídico porque, advertía, podría permitir que cuantioso dinero sustraído al país, por obra de la corrupción, y/o guardado en los paraísos fiscales para no pagar tributos (e incluso de origen delincuencial) sea lavado, legalizado, y blindado para que nadie tome cuentas sobre su origen lícito o ilícito.

Esa advertencia reiterada, y que abría las puertas de la IMPUNIDAD, se evidenciaba en el Art. 25, tercer inciso, del citado proyecto, de manera expresa, cuando dicho artículo hoy vigente, dice en forma textual: “NO SE INICIARÁN respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro (esto es los potenciales beneficiarios de acogerse a la traída de capitales) PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PENAL POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO JUSTIFICADO, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal.”

Mediante ley y norma jurídica expresa e imperativa, por iniciativa del propio gobierno, se aprobó que, en contra de quienes traigan dinero al país, acogiéndose a esta Ley, “NO SE INICIARÁN” JUICIOS PENALES, en tres casos: a) “Por enriquecimiento privado no justificado”; b) “Por defraudación tributaria” (caso de dinero ubicado en paraísos fiscales y que también podrían tener origen ilícito); y, c) “Por defraudación aduanera”. Generándose y propiciándose dos clases de ciudadanos: Los que si pueden ser enjuiciados e ir presos por todos los delitos establecidos en el COIP, y los que solo pueden responder por una parte de dichos delitos, desapareciendo la igualdad ante la ley. Como si no fuese suficiente, el Art. 23, inciso 4, de esta ley ya expedida, se garantiza que las declaraciones al respecto serán reservadas o secretas. Es decir no serían de conocimiento general.

El Art. 22 de esta ley vigente, denominado TARIFA, determina que, por única vez, quienes presenten la declaración del pago o ingresos de dinero hasta el 31 de marzo del 2022 pagarían el 3,5 %. Los que presenten la declaración única del pago hasta el 30 de junio del 2022 el 4,5%, y hasta el 31 de diciembre del 2022 el 5,5 %. La ley determina por eso, la denominación de PAGO o IMPUESTO ÚNICO.

Esta redacción jurídica premeditada entraña que quedarían blindados jurídicamente todos los sujetos pasivos o titulares de bienes o dinero (Art. 21) que (incluso ahora podrían estar a nombre de testaferros), posean en el exterior. Con estas normas propuestas por Guillermo Lasso y ya vigentes desde el 29 de noviembre, podrían venir al país, y quedar blindados de cualquier investigación jurídica penal, y por lo tanto de su devolución, varios tipos de dineros, entre ellos podrían ingresar los que un día fueron sustraídos al erario público o a ciudadanos particulares, y que hoy podrían estar escondidos en el exterior, sea o no en paraísos fiscales.

Para dorar la píldora, el Art. 26 de esta Ley habla de “control posterior” relativa “a los bienes, activos, transacciones y rentas incorporadas en la declaración juramentada” cuando el Art. 25 garantiza que no “NO SE INCIARÁN” PROCESOS PENALES por las razones antes indicadas. El Art. 27 de esta misma ley refrenda la “confidencialidad de la información” relacionada “con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro, así como la información proporcionada por éstos en la declaración juramentada”, información reservada que “no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas”.

• ¿Qué podría impedir que este dinero traído al país, y que un día estuvo en paraísos fiscales (como los denunciados por los PANDORA PAPERS), pueda ser utilizado en adquisición de los bienes públicos que está empeñado en privatizar el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza?
• ¿Qué impediría, bajo el manto expreso del secretismo legal, que incluso pueda servir para la adquisición del Banco del Pacífico, por dar un solo ejemplo?

Es evidente que con esta ley sacan beneficio tanto el gobierno de Lasso como la plana mayor del fascismo del siglo XXI, encabezado por Rafael Correa. ¡Por eso se abstuvieron de archivar esta ley los asambleístas de UNES o correísmo! ¡Sabían perfectamente lo que hacían, más aún si han estado 14 años manejando la mayoría parlamentaria a gusto y ellos mismo aprobaron todos los artículos hoy vigentes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluyendo sus reformas. En la política no hay puntada sin pespunte.

Diciembre del 2021.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

¡ESTA PATRIA TIENE QUIEN LE QUIERE Y LA DEFENDERÁ!

LEY PARA ENTREGAR LA TIERRA RURAL DEL ECUADOR A COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

Desde inicios de noviembre del 2021 circula, entre las organizaciones campesinas, el texto de una comunicación entregada el 27 de octubre del 2021 al Ministro de Agricultura del Ecuador del régimen de Guillermo Lasso, MSc. Pedro Álava, por el Jefe de la Misión Diplomática de la República Islámica de Irán en Ecuador, AHMAD PABARJA, en la que manifiesta su disposición para permutar 50.000 toneladas de arroz del Ecuador a cambio de fertilizante (Urea) para el sector agrícola de nuestro país. Hasta allí no hay ningún problema; un intercambio razonable, de mutuo beneficio para las partes.

No obstante, en el tercer párrafo se lee una propuesta inquietante: “En cuanto al tema de interés para la República Islámica de Irán para arrendar tierras destinadas a la producción agrícola, esta Embajada manifiesta la disposición para realizar la visita con el objetivo de conocer las áreas que la República de Ecuador pudiera disponer para tales fines.” Algunas personas, ante esta propuesta, han reclamado por esta posibilidad emprendida en forma pública en el gobierno de Lasso; sin embargo, debemos reparar que estas entregas de importantes áreas de tierra rural del país se inició en el gobierno de Rafael Correa, quien impulsó, de manera vehemente, una ley expresa para este efecto y que ahora la pretende aplicar el régimen lassista correista, o tercer correísmo encarnado por Guillermo Lasso. Toda la gestión del actual gobierno se hace aplicando las leyes de Correa y Moreno, a las que apoyó CREO.

Rafael Correa y sus huestes legislativas apátridas del fascismo del siglo XXI, entre varias leyes antinacionales y antipopulares, con una mayoría parlamentaria de similar origen fraudulento (con 100 de 137 curules), aprobaron la “Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales”, en la sesión del 3 de marzo del 2016, y la publicaron en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 711, del lunes 14 de marzo del 2016. En este cuerpo legal existen las expresas enmiendas firmadas por el propio Correa (y revisadas por Alexis Mera Giler, secretario jurídico de la Presidencia), que constan en el Oficio Nro. T.7131-SGJ-16-85, del 5 de febrero del 2016. Esta ley, como muchas otras, no se difundió en su contenido para el cabal conocimiento de la ciudadanía. Todos los bienes que disponía el país en el 2006, para el 2017, cuando concluyó Correa su mandato, ya habían sido transferidos o autorizados su “monetización”, palabreja sinónima que encubre la privatización y el despojo.

En el Art. 20 de esta “Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales” se establece: “Las empresas públicas extranjeras (…) podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo, tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional”. El Art. 32 de esta misma Ley precisa que “La Autoridad Agraria Nacional será el ministerio del ramo”. Instancia que, según el tenor literal, autoriza la transferencia, arrendamiento o usufructo de la tierra rural del Ecuador. El Ministro de Agricultura es designado y depende en forma absoluta del propio Presidente de la Republica, según lo determina el Art. 147, numeral 9, de la Constitución, que le autoriza nominar y remover a discreción a cualquier ministro. Si no cumple sus órdenes lo saca de inmediato. Así de sencillo. Bien puede decirse que el Presidente de la República es el encargado de entregar las tierras rurales, sin consultar absolutamente a nadie. ¿Se pretendió desde entonces, como política preconcebida y planificada, permutar tierras rurales a cambio de la deuda pública con la República Popular China u otros países?

El tercer inciso de este mismo Art. 20, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, establece: “Las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio (…) en proyectos agrarios.” ¡De este modo quedaron abiertas las puertas para la entrega de tierras rurales, incluso como garantía de deuda pública! O también para vender tierras rurales a compañías monopolistas de productos transgénicos como la Monsanto. El Art. 111 de esta misma ley, que regula la “Concentración de la tierra rural”, no pone límites al tamaño del latifundio.

¡Sólo un odiador incurable de nuestro país y su pueblo podía haber impulsado estos cuerpos jurídicos para favorecer a las multinacionales, propiedad de los círculos financieros más poderosos del planeta y gestores de la globalización o Nuevo Orden Mundial de carácter fascista! ¡Correa ha sido siempre un Caballo de Troya del capital corporativo mundial y alfil de los globalizadores! ¡A través de su gobierno y leyes delincuenciales ha sido posible la pérdida de buena parte del patrimonio social y nacional! ¡Y exactamente en esa misma línea está Lasso, clon elegido por un CNE controlado con dos votos de Correa (Diana Atamaint y Estela Acero), uno del PSC y Jaime Nebot (José Cabrera Zurita), y dos de CREO y el propio Lasso (Enrique Pita García y Luis Verdesoto Custode). ¡Los hechos, las conductas, y las evidencias hablan de manera irrefutable! ¡Por eso jamás se publicó el padrón electoral con más de millón y medio de votantes fantasmas; por eso se negaron a recontar urnas de más de 39 mil Juntas Electorales cuyos datos nadie verificó; por eso obstruyeron que exista una mínima fiscalización al sistema electrónico trucado; y por eso escogieron finalistas de políticas apátridas similares a las de Correa y Moreno!

Cabe destacar que la tierra rural del Ecuador existe en las cuatro regiones del país: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. ¡Todas estas leyes vendepatrias las aprobaron dando cínicos discursos de proteger la “soberanía nacional”! ¡En política nadie da puntada sin pespunte! ¡Toda ley tiene un destinatario e intencionalidad! ¡En vez de legisladores del Ecuador deberían ser reconocidos como lo que son: auténticos comisionados, copartícipes y amanuenses de las corporaciones extranjeras! ¡Quien disponga de dudas puede verificar la veracidad de lo que decimos con el Registro Oficial aludido y las actas de la Asamblea Nacional!

Regulaciones similares se aprobaron en Brasil y Argentina, para favorecer de manera expresa a las multinacionales y al capital financiero mundial. Durante sus gobiernos supuestamente “progresistas”, pero al servicio de la globalización, entregaron a la Monsanto 64 millones de hectáreas en Brasil, y 40 millones de hectáreas de las pampas argentinas. Esta multinacional de los alimentos transgénicos, sobre todo de la soja, fue adquirida por la corporación de la industria farmacéutica Bayer de Alemania. También se ha difundido que George Soros, un financiador de las políticas globalizadoras, posee 110.000 hectáreas solo en Argentina. El gran capital conoce que todo el mundo requiere alimentos y para ello nada mejor que adquirir tierras, origen de su existencia. En esa línea se halla Bill Gates, en los propios EE UU, donde acaba de adquirir 280.000 acres de las mejores tierras de ese país.

¡En Grecia sus acreedores se llevaron el patrimonio social y nacional como parte del pago de la deuda pública luego de aceptar como garantías de nuevos e incesantes préstamos, todos gestionados a espaldas del pueblo heleno! ¿Vamos por idéntico camino? ¡Estas leyes son parte del proceso globalizador del Nuevo Orden Mundial impulsado por las multinacionales y los círculos financieros más poderosos del mundo! ¡Para mantener el saqueo y la depredación de nuestra sociedad, y perpetuarse en el poder, requieren los reiterados y conocidos fraudes electorales! ¡Se instalan dictaduras sucesivas de origen electrónico fraudulento! ¡En nuestro país no existen elecciones, sino simples proclamaciones de los sirvientes de las corporaciones extranjeras, como sucedió con Correa, Lenin Moreno, el Correa número dos, y Guillermo Lasso, el Correa número tres! ¡Ecuatorianos abramos los ojos y estemos alertas y vigilantes respecto a los intereses nacionales y sobrevivencia misma de nuestra Patria sagrada!

Sería equivocado oponerse a que los productos agrícolas sobrantes vayan a cualquier país, preservando siempre la soberanía alimentaria de nuestra Patria. Pero otra cosa es entregar la tierra al capital extranjero cuando en el Ecuador existen cientos de miles de familias campesinas, indígenas y montubias, que anhelarían poseer tierra suficiente, no solo para sobrevivir junto con sus familias empobrecidas al máximo, sino para dotar de alimentos a los ecuatorianos y a los seres humanos de cualquier rincón del mundo. Esta ley debería derogarse en forma inmediata, y determinarse con precisión que compañías extranjeras son dueñas de grandes áreas de tierras rurales del Ecuador con el apoyo de la ley globalizadora de Correa. Esta investigación debería empezar haciéndose en Morona Santiago, Zamora Chinchipe, y la cuenca del Guayas.

¿Para qué buscan que la vigencia de estas leyes continúe? ¿Los bienes públicos, como tierras rurales, son garantías de nuevos créditos e instrumentos económicos y políticos para el objetivo de desnacionalizar el Ecuador y depredar su riqueza? ¡Estamos pasando del correísmo con un Correa visible, al correísmo tras las bambalinas (con todas sus leyes intactas), pero con sus militantes manejando en forma directa cuando menos los ministerios de Educación, Salud y Telecomunicaciones! ¿No resulta notorio que se buscaba mantener el poder a toda costa por parte de una mafia política, con o sin fraude, para proseguir con las leyes inalterables del fascismo del siglo XXI, que están vigentes y sin ningún cambio? ¡Es evidente que buscan mantener estas leyes, con regímenes clonados, para enjaular y saquear al máximo al pueblo ecuatoriano, así como favorecer los intereses de las multinacionales que seguramente les brindarán algunas migajas!

Quito, diciembre del 2021.

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

                                                 ¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡ESTA PATRIA TIENE QUIEN LE QUIERE Y DEFENDERÁ!

¿ECUADOR SE CONVIERTE EN PARAÍSO FISCAL O NARCO ESTADO MEDIANTE EVIDENTE ACUERDO?

1. UNA LEY VIGENTE POR OBRA DEL LASSISMO CORREÍSTA

En el tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 587, del lunes 29 de noviembre del 2021, está publicada, en 119 páginas, la “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19”. Esta ley, a pesar de todas las sustentadas objeciones realizadas por expertos, entidades, gremios de la producción, organizaciones laborales, respeto al absurdo de crear nuevos impuestos por 1.900 millones de dólares, solicitados por el FMI como parte de un acuerdo con el gobierno, en una economía en terrible recesión, no pudo ser ni reformada ni archivada merced a la abstención final de negarse a archivar el proyecto, en moción presentada por la asambleísta de Pachakutik por la Provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño Arregui, en la perversa sesión del viernes 26 de noviembre del 2021.

La moción del informe de los asambleístas allegados al gobierno de Lasso obtuvo solo treinta de los 137 votos posibles. Luego se presentó el informe de UNES, que recibió 51 votos de respaldo. Ante la ninguna reforma al proyecto original de Lasso, presentado el 28 de octubre del 2021, la asambleísta Pazmiño, en base a lo que dispone el Art. 62, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo al “Segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica” (incisos 11 y 12), mocionó que se niegue y archive el proyecto, porque caso contrario entraría en vigencia el texto íntegro de la ley tal como lo envió Lasso, sin el cambio de una sola sílaba. La propuesta recibió 47 votos de los bloques legislativos de Pachakutik, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano. Faltaban 23 votos para llegar a los 70 con los que se toman las decisiones legislativas. Los 47 votos del correismo (UNES) se abstuvieron, en forma deliberada y concertada de votar por el archivo de esta Ley que abre las puertas para facilitar la entrega del petróleo y otros recursos a sectores privados.

Solo un ingenuo o desinformado, o un argumentador malicioso, puede negar este evidente acuerdo político del correismo con el régimen de Guillermo Lasso. Incluso varias autoridades del régimen de Correa, en forma pública, ante un daño tan grave a la población y al país, reprobaron este proceder legislativo terriblemente antipopular y antinacional. Algunos incluso polemizaron con el propio Correa, que pretendía justificar esta conducta sincronizada y concertada. Las posiciones de aparente “oposición radical” a Lasso se evidenciaron, una vez más, como postizas; derrumbando el ardid de cierta prensa de intentar presentar que solo existe una “oposición” a Lasso: la de los correistas, lo que es una patraña pública y escandalosa. No es ninguna casualidad que los dos votos que controla Correa dentro del CNE lo hicieron “finalista” sin los votos suficientes para el efecto, el 7 de febrero del 2021, en la primera vuelta electoral, y como, además, parte del gabinete de Lasso controla el correísmo, como sucede en Educación, Salud y Telecomunicaciones, entre otros espacios comprobados en forma irrebatible.

2. TRATO MEJORADO PARA ALLEGADOS AL CORREISMO

Los beneficios de este proceder concertado, para beneficio del gobierno de Guillermo Lasso como para la plana mayor del correismo, van a proseguir evidenciándose en las próximas semanas y meses; lo que no impide apreciar repercusiones inmediatas, como es la salida de la cárcel a su casa, de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, y tío a la vez de quien era apoderado del Banco de Guayaquil, y posiblemente continúa, Heriberto Glas Espinel, hermano de Jorge Glas, todavía detenido, pero quien podría salir del Centro de Detención de Cotopaxi.

Ricardo Rivera, se hizo famoso a raíz del caso de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht. No pudo demostrar en forma convincente como recibió USD 5,7 millones de dólares en una cuenta del Bank of America, de Tomislav Topic, accionista de Telconet (que alguna gente sostiene que sería copropiedad de Glas), y quien (Ricardo Rivvera) aparece filmado por José Conceisao Santos Filho, ex superintendente de Odebrecht en Ecuador, quien, por orden superior, grababa y filmaba a quienes retiraban o convenían los pagos para que esta compañía “gane” los concursos de obra pública, conforme difunde, con las fotografías incluidas, en El Comercio, del sábado 5 de agosto del 2017, pág. 3. Es obvio que los contratos no podía decidir Rivera, sino su sobrino Jorge Glas, quien era autoridad al máximo nivel, encargado por Correa para la realización y adjudicación de las más costosas obras públicas. Los cobros no los iba a realizar quien decidía las adjudicaciones, pero si su tío. Lo que no sabían es que la Odebrecht filmaba a los involucrados no solo lo que decían sino la forma y procedimiento de pago. Los videos, de los involucrados en varios países, luego se expondrían en las cortes brasileñas, a cambio de soltar a Marcelo Odebrecht, el principal de la compañía, entonces preso en Brasil. Todo dispone de su explicación.

El monto de los USD 5,7 millones de dólares, que recibió Rivera (posiblemente como intermediario de su sobrino que podría orientar las adjudicaciones de los más jugos contratos), consta publicado en la revista Vistazo Nro. 1199, del 3 de agosto del 2017, pág. 9, donde Tomislav Topic reconoce que Rivera, el tío, “nos pidió una comisión por habernos puesto en contacto con esos inversores (para instalar cable submarino desde Miami, pasando por varios países del Caribe, y que llega hasta Punta Carnero, en Ecuador, y que podría costar de 800 a 1.000 millones de dólares), a lo que nosotros accedimos y se lo hemos dado 5,7 millones de dólares.” ¿5,7 millones de dólares de comisión o regalo por haberle “puesto en contacto” con unos “inversores chinos” que nadie ha visto y muchos suponen que ni existen? ¿El dinero es de la China, o del propio Ecuador de origen predecible? No faltan quienes creen que Rivera era además el encargado de recibir los “dividendos” de otras “inversiones” como persona interpuesta. Su ex esposa narra los “milagros” y gestiones a favor de su sobrino en la sombra. Lenin Moreno sabía que Glas podía asumir la Presidencia si acaso algo le sucedía a él, y por eso, en forma precavida, no lo protegió como a los demás; pero tampoco movió un dedo para hacerlo devolver un solo centavo.

El correismo sigue mandando y ahora con la apariencia de “hacer oposición”; es decir son gobierno y oposición a la vez. ¡Un descaro completo e insuperable! Y con la colaboración de la prensa oficialista empeñada en crear la ficción de que en nuestro país solo existen dos opciones políticas: el gobierno, por una parte, o los correístas, por otra, cuando son una sola cosa. Los correistas le encaramaron en la Presidencia con fraude, igual a como lo hicieron con Lenin Moreno, quien les garantizó total impunidad y no recuperó un solo centavo de dólar del dinero sustraído como nunca antes en la República. ¿Hemos olvidado como Correa exigía desde Bélgica que le hagan finalista a Lasso? Una de las varias opciones para dejarles libres a la plana mayor del fascismo del siglo XXI, sería una amnistía, pero el Art. 120, numeral 13, de la Constitución pone un límite a esa posibilidad: “No se concederán (las amnistías) por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.” Por eso no existen juicios de peculado, enriquecimiento ilícito, de tortura a Gala Lara y Carolina Llanos, el secuestro de Fernando Balda, o contra los verdaderos instigadores del caso del general Gabela, entra otras posibilidades.

Ahora, luego de la aprobación de esta ley, con la decidida abstención para no archivarla por parte del correísmo, veamos que trato le otorgan a Jorge Glas, y si, con cualquier procedimiento, dejan insubsistentes las sentencias en contra de Rafael Correa, Alexis Mera Giler, y otros “angelitos”. El costo político de viabilizar la vigencia de una ley tributaria y privatizadora tan cruel y desalmada con el pueblo no es poca cosa. Y nótese que la prensa, periodistas, y columnistas subordinados al régimen, casi no comentan al respecto y procuran que la población desconozca estos graves y complejos aspectos; prefieren pasarse silbando a la luna. Actúan a petición de su amo. Comparen el generoso despliegue informativo respecto a los valores, tamaños, sabores, de unas empanadas legislativas. Antiguos adagios rezan: “Amor con amor se paga y desdén con desdén también.” “Manos que dan, reciben.” “Dando y mandando, pajarito volando.”

La mafia política, que controla el país por décadas, tiene todo bajo su control. ¡No existe un solo juicio por peculado contra Correa; y si no existe proceso mal puede haber investigación y peor sentencia! Por eso los correístas alegan, sacando prosa, que no existen sentencias en contra de su jefe. ¡No siquiera existe un solo juicio de peculado, peor una sentencia! Miren el Art. 609 del Código Orgánico Integral Penal, COIP; solo el o la Fiscal General puede iniciar un proceso penal. Nadie más en la República por el fuero de los potenciales acusados. Con cualquier pretexto, argucia, o “error” convenido y concertado con antelación, nada extrañe que se declaren nulos los procesos legales en contra de la plana mayor del fascismo del siglo XXI.

3. ECUADOR: ¿PARAISO FISCAL Y NARCO ESTADO?

El asambleísta de PACHAKUTIK por la provincia de Cañar, doctor Joel Abad Verdugo, solicitó ante la conciencia nacional, y de manera expresa a sus colegas de todas las bancadas, que el denominado “Régimen Impositivo Voluntario Único y Temporal para la Regulación de Activos en el Exterior”, propuesto por Guillermo Lasso, en el proyecto de “Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID 1”, y que consta entre los artículos 15 a 29 del entonces proyecto, y hoy ley de la República, sea retirado del indicado cuerpo jurídico porque, advertía, podría permitir que cuantioso dinero sustraído al país, por obra de la corrupción, y/o guardado en los paraísos fiscales para no pagar tributos (e incluso de origen delincuencial) sea lavado, legalizado, y blindado para que nadie tome cuentas sobre su origen lícito o ilícito.

Esa advertencia reiterada, y que abría las puertas de la IMPUNIDAD, se evidenciaba en el Art. 25, tercer inciso, del citado proyecto, de manera expresa, cuando dicho artículo hoy vigente, dice en forma textual: “NO SE INICIARÁN respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente libro (esto es los potenciales beneficiarios de acogerse a la traída de capitales) PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PENAL POR DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO JUSTIFICADO, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal.”

Mediante ley y norma jurídica expresa e imperativa, por iniciativa del propio gobierno, se aprobó que, en contra de quienes traigan dinero al país, acogiéndose a esta Ley, “NO SE INICIARÁN” JUICIOS PENALES, en tres casos: a) “Por enriquecimiento privado no justificado”; b) “Por defraudación tributaria” (caso de dinero ubicado en paraísos fiscales y que también podrían tener origen ilícito); y, c) “Por defraudación aduanera”. Generándose y propiciándose dos clases de ciudadanos: Los que si pueden ser enjuiciados e ir presos por todos los delitos establecidos en el COIP, y los que solo pueden responder por una parte de dichos delitos, desapareciendo la igualdad ante la ley. Como si no fuese suficiente, el Art. 23, inciso 4, de esta ley ya expedida, se garantiza que las declaraciones al respecto serán reservadas o secretas. Es decir no serían de conocimiento general.

El Art. 22 de esta ley vigente, denominado TARIFA, determina que, por única vez, quienes presenten la declaración del pago o ingresos de dinero hasta el 31 de marzo del 2022 pagarían el 3,5 %. Los que presenten la declaración única del pago hasta el 30 de junio del 2022 el 4,5%, y hasta el 31 de diciembre del 2022 el 5,5 %. La ley determina por eso, la denominación de PAGO o IMPUESTO ÚNICO.

Esta redacción jurídica premeditada entraña que quedarían blindados jurídicamente todos los sujetos pasivos o titulares de bienes o dinero (Art. 21) que (incluso ahora podrían estar a nombre de testaferros), posean en el exterior. Con estas normas propuestas por Guillermo Lasso y ya vigentes desde el 29 de noviembre, podrían venir al país, y quedar blindados de cualquier investigación jurídica penal, y por lo tanto de su devolución, varios tipos de dineros, entre ellos podrían ingresar los que un día fueron sustraídos al erario público o a ciudadanos particulares, y que hoy podrían estar escondidos en el exterior, sea o no en paraísos fiscales.

Para dorar la píldora, el Art. 26 de esta Ley habla de “control posterior” relativa “a los bienes, activos, transacciones y rentas incorporadas en la declaración juramentada” cuando el Art. 25 garantiza que no “NO SE INCIARÁN” PROCESOS PENALES por las razones antes indicadas. El Art. 27 de esta misma ley refrenda la “confidencialidad de la información” relacionada “con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro, así como la información proporcionada por éstos en la declaración juramentada”, información reservada que “no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas”.

• ¿Qué podría impedir que este dinero traído al país, y que un día estuvo en paraísos fiscales (como los denunciados por los PANDORA PAPERS), pueda ser utilizado en adquisición de los bienes públicos que está empeñado en privatizar el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza?
• ¿Qué impediría, bajo el manto expreso del secretismo legal, que incluso pueda servir para la adquisición del Banco del Pacífico, por dar un solo ejemplo?
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• Es evidente que con esta ley sacan beneficio tanto el gobierno de Lasso como la plana mayor del fascismo del siglo XXI, encabezado por Rafael Correa. ¡Por eso se abstuvieron de archivar esta ley los asambleístas de UNES o correísmo! ¡Sabían perfectamente lo que hacían, más aún si han estado 14 años manejando la mayoría parlamentaria a gusto y ellos mismo aprobaron todos los artículos hoy vigentes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluyendo sus reformas. En la política no hay puntada sin pespunte.

Diciembre del 2021.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!

¡ESTA PATRIA TIENE QUIEN LE QUIERE Y LA DEFENDERÁ!