ECUADOR: ¿DINERO PÚBLICO PARA COMETER DELITOS?
PARTE II
Existe un hecho sin precedentes en nuestro país y su trayectoria republicana; de tremendas repercusiones políticas, económicas y delincuenciales, y que no ha sido debidamente comunicado con antelación a la sociedad ecuatoriana. Es el caso del secuestro comprobado de un ciudadano ecuatoriano; delito que fue financiado, de manera documentada y verificada, con dinero egresado y manejado desde la propia Presidencia de la República del Ecuador en el año 2012, con el concurso delictivo de personal dependiente de esa misma dependencia.
Vamos a narrar la referencia histórica precisa de dichos hechos que podrían abrir las puertas de la cárcel al propio ex presidente Rafael Correa, a quien -con pruebas irrefutables-, si hubiese una administración de Justicia mínimamente independiente, le podrían emitir una boleta de captura internacional. Resulta que quien mandó a construir esos espantosos campos de concentración, o bodegas humanas, llamados modernos “Centros de Rehabilitación” podría, si hubiese verdadera justicia, albergarlo durante años.
ROMPECABEZAS COMPLETADO
1. La revista Vanguardia, publicación de calidad incisiva en el campo de la política, y que cerró sus labores de difusión a raíz que se aprobó la represiva Ley Orgánica de Comunicación (publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 22 del 25 de junio del 2013), fue la primera en exponer en forma cabal el caso del secuestro del dirigente político Fernando Balda, en su edición 374, del 14 de enero del 2013, entre sus páginas 12 a 16. Como bien se ha calificado fue una “operación encubierta” impulsada y financiada por las más relevantes autoridades del Ecuador en suelo extranjero. Este es un hecho comprobado e inédito en la historia nacional, porque se trata de un secuestro de un ciudadano ecuatoriano con pruebas y testimonios irrefutables de la participación, organización y financiamiento de autoridades de nuestro país. ¡No solo existe el delito de secuestro sino de peculado!
2. En este secuestro coordinado por miembros en servicio activo de la Policía Nacional adscritos a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, entidad bajo el mando directo de la Presidencia de la República, según lo precisa la referida investigación, siguiendo órdenes superiores de funcionarios del correísmo al más alto nivel, se lo hizo con delincuentes contratados en Colombia, con dinero del pueblo ecuatoriano. A cada secuestrador, como ahora se sabe le dieron cuando menos quince mil dólares por el “trabajito”. Diario El Telégrafo, en su edición del lunes 14 de mayo del 2018, en su página 4, en la cuarta columna, en base al testimonio del implicado Luis Raúl Chicaiza Fuentes, se da cuenta que existen los cheques “del Banco del Pacífico y suscritos por la funcionaria de la Presidencia María Donoso”. Los registros dan cuenta del pago, solo en ese egreso, de sesenta mil dólares para la “mano de obra” de este operativo sin precedentes en la historia del país. Diario El Universo, del sábado 2 de junio del 2018, pág. 6, da cuenta de otros dos cheques de la cuenta “Gastos Especiales de Inteligencia”, por 10 mil y 11 mil dólares “que fueron entregados al agente que viajó a Colombia para supuestamente ejecutar el delito”, añadiendo que “en Colombia los ejecutores ya cumplen sentencia”. Se ha calculado que el costo completo de este operativo presidencial llegaría a los 200 mil dólares.
3. ¿Cómo así habla este policía con quince años de experiencia y especializado en labores de “contrainteligencia electrónica y cibernética”? Porque quienes les encargaron este operativo de secuestrar a Fernando Balda, tanto de la SENAIN como de la Presidencia de la República lo han abandonado luego que los secuestradores físicos fueron capturados in fraganti en Colombia el mismo día del rapto fallido el lunes 13 de agosto del 2012, y hoy purgan penas de doce años de reclusión luego de su juzgamiento. Cabe destacar que la SENAIN, que está más activa que nunca y sobrevive con el nombre cambiado, era la entidad encargada de la “seguridad integral” del Estado y contaba con 410 funcionarios y agentes para las “pinchadas” de teléfonos, internet y todo lo imaginable a opositores, periodistas, y hasta a los propios funcionarios del correísmo o fascismo del siglo XXI. (El Comercio, lunes 24 de agosto del 2015, pág. 4.)
PROVIDENCIAL PARTICIPACIÓN DE LOS TAXISTAS DE BOGOTÁ
4. Bajo la coordinación de los agentes en servicio activo de la Policía Nacional y de la SENAIN, con el financiamiento desde la Presidencia de la República, ese día, el lunes 13 de agosto del 2012, a la noche, los secuestradores colombianos contratados a quince mil dólares por cada delincuente, raptaron a Balda en un automóvil, alquilado por los policías ecuatorianos, Toyota Prado, color plateado. Cuatro hombres y una mujer, luego de un forcejeo, lo introdujeron al vehículo, sin percatarse que algunos taxistas de Bogotá que miraban la escena disponían de un sistema de comunicación ante los secuestros frecuentes en dicha ciudad. A pocos kilómetros la Policía colombiana capturó a los secuestradores al ser alertados del rapto. Ni los taxistas de Bogotá, ni los agentes colombianos que capturaron a los secuestradores, sabían al principio de quien se trataba, quienes eran los capos de este trabajo por encargo, y peor que el financiamiento estaba autorizado desde la Presidencia de la República del Ecuador.
5. La Policía colombiana encontró en el Toyota Prado pastillas para dormir, facturas y otros elementos y pistas. Dice la revista Vanguardia: “La prueba fundamental para los investigadores colombianos fue el propio Toyota Prado. Luego de un rastreo se pudo determinar el sitio en el cual había sido alquilado. La policía colombiana llegó a ese lugar y recogió la versión de los encargados del local que fue contundente: el vehículo donde intentaron secuestrar a Balda fue alquilado por (el policía ecuatoriano) Chicaiza. Lo identificaron con fotos y videos que ahora están en poder de la Fiscalía colombiana.”
6. Sobre las investigaciones de los periodistas de Vanguardia, ellos descubrieron que Chicaiza “se trata de un policía en servicio activo, vinculado a los servicios de inteligencia de la Policía Nacional. Esto se puede comprobar a través de varios documentos que detallan ascensos y cursos realizados por agentes de la fuerza pública, entre los cuales está el nombre de Chicaiza.” La misma revista había obtenido los listados de viáticos cuyo facsímil lo publicaron.
7. Agrega Vanguardia: “En la pesquisa de la Fiscalía de Colombia también está Armando Espinoza, otro agente ecuatoriano que estuvo en Bogotá cuando ocurrió el hecho y que según las autoridades de ese país estaría relacionado directamente con Chicaiza. Hay videos en manos de las autoridades colombianas que lo corroboran. Vanguardia también pudo conocer que quienes intentaron secuestrar a Balda provienen de una zona cercana a la ciudad de Cali, en un sitio donde es conocida la presencia de sicarios.” Y prosigue: “Para Umbarila (el fiscal colombiano), ese fue el hecho que marcó la suerte en favor de Balda. Los delincuentes no conocían bien Bogotá, por lo cual se complicó su escape e hizo que fallaran en su misión.”
8. Cabe destacar que Chicaiza y acompañantes policiales, siguiendo precisas instrucciones superiores, participó en eventos políticos a los que acudía Fernando Balda tanto en Medellín como en Bogotá, y en los que participó el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, simulando afinidad política. Es decir, Balda conocía a la perfección a los policías encubiertos, sin saber que lo eran, y estos al secuestrado. ¿Qué pensaban hacer con Balda que no les importó que los podía identificar sin ningún problema si no lo mataban? ¿Esta “tarea” era parte del encargo presidencial y por ello no les importó el ser identificados?
EL REGRESO DE BALDA AL ECUADOR
9. El 11 de octubre del 2012 Balda fue trasladado a Quito, desde Bogotá, esposado y con dos escoltas de civil. Vanguardia indica que “En el aeropuerto Mariscal Sucre lo esperaba Rommy Vallejo, jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia de la República. Fue hallado culpable de atentar contra la seguridad del Estado. La única prueba que el gobierno mostró en su contra fue un correo electrónico de agosto del 2009, en el cual se difundía la posible existencia de un centro de espionaje gubernamental. Según la defensa, lo condenaron sin un peritaje que determine técnicamente la autoría del correo y sin que el texto en mención hiciera afirmaciones, dado que está escrito en tiempo potencial.” Rommy Vallejo pasaría luego a dirigir la SENAIN, de la que se retiró justo cuando empezó a moverse el juicio por el caso Balda en Ecuador, en el 2018, cuando Correa se fue a vivir meses antes, de manera precavida, a Bélgica. No obstante, debería averiguarse si años antes este proceso, o la documentación enviada desde Colombia, no se lo guardó bajo siete llaves cuando fiscal era Galo Chiriboga Zambrano. ¿Por qué nadie averigua todos estos aspectos?
10. Pero no falta quien suponga que quizá, entre otros, el mayor motivo de animadversión íntima e implacable en contra de Balda sea el hecho que disponía e hizo circular filmaciones excepcionales e indiscretas en las que Correa se entrena varias veces en abrirse la camisa y la corbata, haciendo gestos e inventando muecas desafiantes, en idéntica forma a como luego escenificaría el 30 de septiembre del 2010 en el regimiento Quito, cuando gritaba que le disparen, demostrando que todo estuvo fraguado en cuanto a teatralizar poses ridículas. Las gesticulaciones teatrales previas, ante un espejo, como conocido entrenamiento a sus intervenciones públicas las hacía Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Existen varias colecciones de imágenes memorables de estos “entrenamientos” que no fueron destruidas por sus fotógrafos personales. Correa en todo anhelaba parecerse al fürher.
11. Ante el juicio desarrollado en Colombia, donde los secuestradores capturados in fraganti dieron sus versiones del delito organizado, más los videos, facturas y más elementos de prueba, el policía Chicaiza allegado a la SENAIN (entidad que, insistimos, no ha desaparecido sino solo ha cambiado de nombre y al parecer solo se guardaron o esfumaron algunos documentos complicados del régimen anterior), al verse comprometido y cercado pidió en forma angustiosa que le proteja el gobierno de Correa y junto al presidente el ex titular del SENAIN Pablo Romero Quezada. Pero aquello no sucedió. Le dieron las espaldas en forma olímpica.
12. Las autoridades referidas, que recién tomaron conciencia del grave embrollo en que estaban metidos por las investigaciones de la Policía colombiana, en los hechos le enviaron implícitos mensajes: “jódete pendejo”, “sálvate como puedas”, “no sé de que me hablas”, “no te conozco”. Entonces, según El Telégrafo, del lunes 14 de mayo del 2018, pág. 4, columnas 4 y 5: “El agente de inteligencia se reunió y grabó sus conversaciones con Romero. También envió cartas al ex jefe de Estado para evitar su sentencia en la justicia de Colombia.” Fue cuando su abogado Diego Chimbo, mirando el desamparo bíblico y soledad absoluta de su cliente “aconsejó a Chicaiza que entregara toda esa información y se convirtiera en un colaborador de la Fiscalía. Eso sucedió y ahora es sustento de la acusación del Ministerio Público.” Al colaborar con la Justicia, Chicaiza aspira a que le apliquen solo el diez por ciento de la pena. “Ingratos, desleales, malagradecidos, ahora se jodieron ustedes porque no me voy a hundir solo”, debe haber cavilado al verse acorralado y sin otra salida.
13. Cuando todo estaba listo para la declaración formal de los dos de los tres policías y agentes de la SENAIN (Chicaiza y Espinoza), el miércoles 30 de mayo del 2018, llamó la atención que la Fiscalía General del Estado hubiese diferido las declaraciones de estos procesados por este caso y rindan su testimonio anticipado, alegando el Fiscal Pérez “que su solicitud responde a que no fue posible coordinar con el sistema de protección de víctimas y testigos las medidas de seguridad personal de los detenidos”. El Comercio, jueves 31 de mayo del 2018, pág. 9.) ¿Esa gestión no pudo realizar la Fiscalía General? ¡Difícil de entender! Este diferimiento constituye una decisión extraña y riesgosa pues los implicados al más alto nivel tendrían más tiempo y posibilidades para, mediante emisarios, contactarse con los policías detenidos, amenazarlos, intimidarlos, así como a sus familias, o “persuadirlos” que omitan nombres y responsabilidades; quizá hasta dificulta las mejores precauciones para proteger su propia integridad. Vale recordar que a Lee Harvey Oswald, uno de los más visibles implicados en el magnicidio de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, no lo dejaron hablar. Todos los encumbrados complotados en este terrible crimen ganaron con el “espontáneo” asesinato realizado por Jack Ruby en contra de Oswald.
14. Las investigaciones sobre el secuestro de Balda se impulsaron a los varios años, recién en enero del 2018, y tal vez eso explica que en el diálogo entre el presidente de la Asamblea, y ex ministro del Interior, José Serrano, y el ex contralor Carlos Pólit Faggioni, cuya conversación se difundió en forma amplia por el Fiscal aludido Carlos Baca, se hable del incumplimiento de este personaje “elegido a dedo”, al que “le regalaron esa función”, al compromiso formal de no enjuiciar a ninguna persona de la plana mayor de Alianza País. Lo que no se percataban “los compadritos”, como los llamaba Baca, era que el Fiscal General solo era el dócil instrumento de su dueño. El verdadero interesado, y que ha movido todos los resortes posibles, para que ubiquen “a quien sea” como “único culpable”, siempre que así le eximan sus responsabilidades, estaba en un ático de Bruselas, Bélgica, auténtico nominador de dicha autoridad que le pertenecía y manejaba a gusto. Por ello advirtió sincerándose que “si hubiese otro Fiscal, ya estaría con orden de prisión”. Los “compadritos” -que no son santos para ponerlos en el altar mayor- no se percataban que estaban en la mira del titiritero apurado en ponerse a buen recaudo “como sea”, guiado por el lema “después de mi el diluvio”. Atacaron solo al instrumento. Empero, todo puede suceder porque no existe enemigo pequeño y están en pleno derecho de intentar defenderse.
¿A QUIÉN INTERESABA EL SECUESTRO O POSIBLE ELIMINACIÓN DE FERNANDO BALDA?
15. Pero el asunto no concluye allí. La Unidad de Investigación de El Telégrafo, en la edición indicada, publicó el siguiente párrafo: “Chimbo también dice que en esos audios se escuchan los nombres de Correa; del ministro del Interior, José Serrano, y, del ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo, hoy detenido por cobrar dinero por los pases de sus policías subalternos.” (El Telégrafo, del lunes 14 de mayo del 2018, pág. 4, quinta columna.)
16. El meollo del asunto es preguntarse: ¿A quién le interesaba secuestrar o tal vez “borrarle del mapa” a Fernando Balda? ¿Existen acaso otros motivos que todavía no han sido develados? ¿Qué razones válidas podía tener en forma personal la señora María Donoso, la persona que giró los cheques como funcionaria a órdenes de la Presidencia de la República? ¿Conocía que los sesenta mil dólares girados con cheques del Banco del Pacífico, y con su firma y rúbrica, eran para contratar a los secuestradores en Colombia? Lo más probable es que eso no lo iban a contar ni hacer constar en los justificativos del egreso. ¿Se hará cargo esta dama, asumiendo culpas, de cuando menos un eventual delito de peculado por mal uso de dinero público? ¡Tendrá que decir la verdad y contar quien autorizó y le ordenó ese pago, además de eventuales otros egresos sospechosos! ¡Estaba trabajando a órdenes de delincuentes comunes y no puede solidarizarse con ellos! ¡Es difícil de admitir que busque ir a la cárcel alejándose de su familia, allegados y amistades por años, y que, sobre todo, se la recuerde como la encargada de pagos o encubrimiento para el cometimiento de crímenes!
17. ¿Qué intereses, excepto cumplir con una orden superior de una autoridad mandona, podía disponer un ministro o funcionario de menor rango? Recordemos que el Art. 147, numeral 9, de la Constitución, señala como atribución privativa del Presidente de la República “NOMBRAR y REMOVER a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda.” Es obvio deducir que tan contento y satisfecho se hallaba Correa con el proceder de los funcionarios subalternos, que los dejó en las mismas funciones luego del escándalo y juicio armado en Colombia por el secuestro de Fernando Balda.
SENAIN DEPENDE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Las leyes y códigos que se han publicado en Ecuador, muchas de ellas elaboradas por abogados extranjeros o copiadas de leyes ya vigentes en otros países inmersos en el proyecto de la globalización, han sido olvidadas por sus propios impulsadores, porque seguramente lo único que hicieron fue firmar lo que les presentaban los funcionarios en la sombra encargados de cumplir con sus tareas pro globalización dentro de este proyecto de dominación social y nacional en cada país, pero de dimensión planetaria.
Correa ahora se olvida que él mismo envió el proyecto, y luego puso en vigencia la “Ley de Seguridad Pública y del Estado”, y que está publicada en el Registro Oficial Nro. 35, del lunes 28 de septiembre del 2009, en cuyo artículo 13 se determina: “El titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia será nombrado por el Presidente o la Presidenta de la República”. Con esa ley se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, bajo la dirección directa y absoluta de la Presidencia de la República, la que justifica y legaliza en su Art. 18 los “gastos especiales”, antes conocidos como “gastos reservados”, para “actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el sistema nacional de contratación pública.”
En su Art. 19 esta misma ley establece la clasificación de información que puede ser “reservada, secreta y secretísima”, que debería ser ocultada por quince años o mucho más. En su artículo 23, entre otros delitos a combatir, dice en forma expresa que sus acciones estarán encaminadas a luchar contra el delito del secuestro. ¡La entidad encargada de luchar contra los secuestros coordinaba un secuestro bajo la injerencia de la propia Presidencia de la República!
El Art. 26 de esta misma ley, relativa al “Control de los gastos especiales”, dice que la rendición de cuentas se realizará ante el Contralor General del Estado. En su parte medular dice que “De dichos documentos únicamente se conservarán los que permitan conocer el destino de los gastos especiales, MAS NO SUS BENEFICIARIOS, a fin de que puedan desclasificarse dentro del plazo de quince (15) años previsto en esta ley. Los demás serán incinerados por el Contralor.”
¡Sin embargo, en el caso Balda también utilizaron dineros de la propia Presidencia de la República para financiar actos delincuenciales! ¡Y existen los cheques girados desde la Presidencia, de sus cuentas del Banco del Pacífico, suscritos por la secretaria de esa misma dependencia, como ya lo publicó diario El Telégrafo! ¿Alguien puede suponer, en sus cabales, que Correa, que todo lo controlaba y supervigilaba, no sabía nada de dicho secuestro?
NORMAS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA
Una vez más podrían aplicarse varias normas al presidente de la República:
Primera: El Art. 223, de la Constitución, que señala: “Ninguna servidora ni servidor público estará exenta de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”
Segunda: El Art. 12 del Código Penal entonces vigente, y que hoy es el segundo inciso del Art. 23 del Código Orgánico Integral Penal, que advierte: “No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”
Aparte de estas normas deben aplicarse las regulaciones penales sobre el SECUESTRO y el uso indebido de fondos, caso típico de PECULADO.
En unas declaraciones realizadas por Correa desde Bélgica, por internet, ante la Fiscalía General, dice no acordarse de nada ni de nadie. Por poco olvida quien es Fernando Balda, quien en un inicio lo acompañó en Alianza País, “su antiguo amigo y crítico posterior”, al descubrir sus verdaderas características. (Expreso, jueves 31 de mayo del 2018, pág. 9) La situación de Correa guarda cierto paralelismo con lo sucedido con el jefe de la mafia de Chicago, Al Capone, en la década del 30 del siglo pasado, cuando cometió todo tipo de crímenes y desmanes, pero la justicia de los Estados Unidos solo lo pudo atrapar por evasión de impuestos.
Sucede que mientras la Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado que el robo a las arcas fiscales durante el régimen correísta o del fascismo del siglo XXI, se estima en 35.695 (treinta y cinco mil seiscientos noventa y cinco) millones de dólares, de lo detectado hasta el 13 de diciembre del 2017, una cantidad tan grande como el presupuesto anual del Estado ecuatoriano, que para muchos queda corta, y no pasa absolutamente nada ni se recupera un solo centavo, a pesar de los cada vez menos crédulos discursos oficiales de su sucesor, es posible que el delito comprobado en contra de Fernando Balda, utilizando dinero y funcionarios del Estado ecuatoriano, de procederse con Justicia y honestidad, con semejantes pruebas, acabe encerrando a otro jefe mafioso. Es prudente, sin embargo, recordar que “miremos dijo el ciego”.
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
Junio del 2018.