1. El país asiste conmovido e indignado a las denuncias del juez anti corrupción Carlos Serrano, quien había grabado la presión oral de una autoridad del Consejo de la Judicatura en la que le conminaba emita una sentencia “afeitada” y acomodada a favor del sindicado por narcotráfico Jezdimir Srdan, de un grupo ilegal europeo, y que antes fue defendido por personas allegadas al mismo Consejo de la Judicatura.
2. Resulta que como el
excepcional referido juez no quiso aceptar la presión superior indebida, las
autoridades judiciales, con la complacencia y complicidad de un ministro del
régimen de ADN, procedieron a retirarle su seguridad personal concedida por amenazas
a su vida por fallos anteriores. Ante el desamparo coordinado por sus propias
autoridades y el riesgo de ser eliminado (estimado en el 38% según la propia
policía), decidió renunciar a la Judicatura, denunciando la patraña, e irse del
país para proteger su existencia y de su familia, de la narco justicia con
raíces y respaldos a todo nivel.
3. El Art. 168, numeral 1, de la
Constitución establece: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de
independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará
responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.” Todo es
letra muerta. ¡Con una consulta
inconstitucional, turbia y fraudulenta para secuestrar políticamente toda la
Administración de Justicia, con el control del Consejo de la Judicatura en
manos del ingeniero electrónico e incondicional de Correa Paulo Rodríguez
Molina!
4. La consulta se llevó a efecto el 7 de mayo del 2011, pero en la misma
aparecieron 1´229.330 electores fantasmas, adicionales o inexistentes a los que
en verdad podían sufragar según el censo del 28 de noviembre del 2010, y los
datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. (Expreso, del
15 de septiembre del 2011, página 2). El informe de la OEA, del 12 de noviembre
del 2012, reconocía, en forma adicional, que en el 63,6 % de las actas de las
Juntas Electorales de esta consulta popular, para llevarse la Administración de
Justicia, no coinciden el número de firmas con el número multiplicado de votos.
5. Con el control de mayorías legislativas privatizadoras y garantes de la
impunidad más absoluta, y el refuerzo de cortes sumisas en sus manos, igual que
en Tercer Reich, han atropellado todas las garantías ciudadanas sin que nadie
detenga los desafueros. No existen sanciones ni procesos para los verdaderos
responsables de los peores atracos al patrimonio fiscal. Crímenes como el del
general Jorge Gabela, Fausto Valdivieso, Quinto Pazmiño y señora, de
ambientalistas y defensores de la naturaleza como Freddy Taish, Bosco Wisuma,
José Tendetza, entre otros, y el reciente de Fernando Villavicencio, quedan
todos en la más escandalosa impunidad.
6. El actual Consejo de la Judicatura, aunque lo niegan, fue conformado con
elementos de ADN y RC5, con el apoyo total de Daniel Noboa. Asesor
medular de este régimen es Darwin Jarrín, abogado de Rafael Correa, quien
admite en forma pública que es “el brazo derecho” del actual mandatario. Los
casos metástasis, purga, plaga y otros demostraron que los partidos “más
poderosos” son fachadas de grupos al margen de la ley, proclamados siempre por
un CNE cómplice de bolsillo, y que son los auténticos dueños de la
Administración de la Justicia.
7. Nada es nuevo; todo es
previsible. Recordemos que la jueza Nubia Vera fue destituida por un fallo a
favor de reconocer la calidad de vicepresidenta a Verónica Abad, designada como
tal en las urnas, luego de exhibir el pendrive enviado con el texto desatendido
de la sentencia ordenada desde el propio Consejo de la Judicatura. ¡Somos un
país secuestrado por dictaduras electrónicas oligárquicas, sucesivas y
concertadas para la opresión ininterrumpida! ¡Se impone pensar en un Gobierno
de Unidad y Salvación Nacional que frene el desesperante tormento social, y
evite el descalabro total de la República!
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