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domingo, 15 de marzo de 2020

LA POLITICA DE DESTRUCCION PLANIFICADA Y SISTEMATICA DE LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS DEL ECUADOR

EL DESTRUCTOR
Por Diego C. Delgado Jara

Desde 1937 funcionó el Instituto de Higiene, que luego se llamaría “Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez”, ratificado mediante Ley emitida por el Congreso Nacional el 25 de septiembre de 1941 y publicado en el R. Oficial 348, del 23 de octubre de 1941. Esta entidad llegó a disponer de 32 laboratorios, expertos investigadores, y su especialidad era proteger la población de enfermedades contagiosas y transmisibles; hasta que en el año 2015, Correa lo desapareció, sustituyéndolo por dos organismos nuevos, pero luego de enviar a los investigadores más calificados del país a sus casas, alegando que no disponían de títulos de postgrado. ¿Deseaba que no certifiquen la calidad de las medicinas genéricas?

En Guayaquil existía el hospital neumológico, para atender dolencias pulmonares, Alfredo J. Valenzuela, y en todo el país los antiguos centros de atención u hospitales de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, LEA. Todos esos centros desaparecieron. Hoy hubiesen servido frente a la peste del coronavirus.

Aplicando el Decreto Ejecutivo 813, emitido y aplicado por Correa, llamado de las “renuncias obligatorias”, sacaron a la fuerza a los médicos especialistas de más de 60 años de todos los hospitales públicos del país. Los mayores expertos para tratar dolencias de la población, con experiencia profesional de décadas, quedaron sin la posibilidad de atender al pueblo doliente que quedó desamparado de conocimientos y experiencias tan trascendentales. 

Se buscó la destrucción programada, incluso biológica, del pueblo ecuatoriano. No de otro modo puede entenderse la sacada de las cárceles, sin cumplir sus tiempos de detención, a más de siete mil presos por micro narcotráfico para que, en forma previsible, laboren a la salida de escuelas y colegios. Se expidieron reglamentos de libre transporte de gramaje de droga en regulaciones que más parecían salvoconductos. Se tomaron propiedades agrícolas con pistas de aterrizaje y se permitió que no funcionen los radares en el país, siempre con finalidades predecibles. Varios cientos de miles de nuevos consumidores se reclutaron entre los jóvenes. 

Del IESS se tomaron sus fondos y se incrementaron millones de personas a atender, los menores de 18 años, pero sin facilitar los fondos para su atención como ordena el Art. 369 de la Constitución. 

En el campo educativo desaparecieron los normales laicos. Por ley las facultades de pedagogía dejaron de formar maestros secundarios. Depuraron ideológicamente a la docencia universitaria barriendo a los nacidos en las décadas del 40 y 50 del siglo XX, alegando falta de postgrados, dejando sin los más experimentados educadores en dichas entidades. 

Asaltaron con fraude electoral la administración de Justicia en el 2011. Despojaron del IAEN a las FFAA como paso previo a ratificar la CONVEMAR (Convención del Mar) para renunciar a las 200 millas de mar territorial (y quedarse con solo doce millas) y los alejaron del control de las áreas estratégicas para vender o transferir sin sobresaltos el petróleo, las minas (de oro, plata y cobre), fábricas de cemento, telecomunicaciones, puertos marítimos, centrales hidroeléctricas, Flota Petrolera Ecuatoriana, Banco del Pacífico, entre otros bienes públicos. Crearon órganos punitivos en contra de los medios de comunicación para silenciarlos y forzar a que la ciudadanía no se entere de este festín y latrocinio sin precedentes en la historia nacional.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
Quito, marzo del 2020.

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