Hernán Pérez Loose, El Universo, martes 8 de mayo del 2018, pág. 8.
La joya de la corona del régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia es el Consejo Nacional de la Judicatura. Para la dictadura correísta ninguno de los órganos del poder público, que en la letra muerta de la sepultada Constitución de Montecristi estaban llamados a controlar al Ejecutivo, tuvo la misma importancia que la del referido consejo. Creados por los sistemas judiciales contemporáneos como un espacio de representación democrática del menos democrático de los poderes del Estado y como un brazo administrativo de las cortes supremas de justicia, en el Ecuador del correísmo el Consejo Nacional de la Judicatura se convirtió en el bastión esencial de una dictadura tan corrupta como represora. Por su invasión en las funciones jurisdiccionales de las cortes y juzgados, a través de mecanismos que van de lo sutil hasta lo grotesco, el referido consejo se convirtió en el arma esencial de ese régimen de miedo que implantó el exdictador y en la garantía triple A de la impunidad y asalto de las arcas fiscales para toda la banda de delincuentes que se enriqueció. La justicia del Cortijo era niño de pecho comparada con la justicia correísta.
Gracias al Consejo de la Judicatura hubo y hay presos políticos en el Ecuador, como es el caso de Galo Lara, y hay crímenes sin investigar, como es el caso del general Gabela. Gracias a ese organismo hubo en el Ecuador periodistas perseguidos, medios amordazados, estudiantes sentenciados y dirigentes sociales encausados por protestar. Gracias a ese consejo es que la camarilla de delincuentes que se enriqueció durante la pasada década por vivir del poder sigue muy campante por allí. Por las manos de esta gente se quedaron más de 30.000 millones de dólares, recursos que al parecer no hay deseo de recuperarlos. Correa no solo que controló a la justicia para perseguir y permitir que su camarilla se enriquezca, sino que pretendió dejar tras de sí todo un andamiaje dedicado a protegerlo a él y a sus saqueadores, una vez que se alejen del poder. El país llegó a tal extremo de descomposición moral que el propio dictador terminó convirtiéndose en el juez supremo, árbitro final e inapelable de las vidas, patrimonio y honor de los ecuatorianos que se atrevieron a no quedarse callados ante su prepotencia y abuso. Nunca nuestro país tuvo un sistema judicial que llegó a los extremos de servilismo hacia el poder político como el que tuvimos en la pasada década. La justicia dejó de administrarse “en nombre del pueblo”, para hacerse en nombre de un capo.
El Consejo de Participación en transición se enfrenta ahora a lo que es probablemente el gran desafío que tiene el Ecuador: el desmantelamiento de ese enclave autoritario y corrupto que instaló tras de sí el exdictador. Pero más grande es el desafío de reformar el sistema judicial. Ni debemos volver a la justicia del Cortijo, ni podemos seguir con la justicia de Correa. Es que sin justicia independiente no hay un Ecuador viable. (O)
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