LAS VERDADERAS INTENCIONES
Estamos frente a una consulta capciosa. El gobierno de Lasso busca legitimarse luego que en la primera vuelta electoral del 7-II-2021 sólo ganó en dos de 24 provincias: en Pichincha y Galápagos. Para obtener el SI de la ciudadanía propagandiza la extradición de ecuatorianos a países extranjeros, sabiendo de antemano que en esos casos el país receptor debe solicitar a ese ciudadano en forma expresa. México y Colombia poseen la extradición; pero los carteles y violencia siguen intactos.
El régimen pretende legitimar sus verdaderas intenciones, alegando que el pueblo lo apoya para continuar con las concesiones y privatizaciones de los bienes patrimoniales del pueblo ecuatoriano; busca que una parte sustancial de los aportes de los afiliados del IESS vayan a aseguradoras privadas vinculadas con la banca particular.
Anhela renovar en mayo de 2023, la entrega por 15 años de la telefonía celular, hasta el 2038, a favor de las multinacionales Claro y Movistar, con una posible pérdida para el país en alrededor de 75.000 millones de dólares, pues cada año se calcula el promedio de ganancias de cinco mil millones de dólares; recursos que dejará de percibir el Estado.
Son públicos sus compromisos para aplicar impuestos despiadados, siguiendo las “recomendaciones” de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y como ya lo hace con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Política que revaloriza los bonos de la deuda.
El régimen ansía controlar, utilizando todos los medios, las entidades de Fiscalización y Control Político, como Contraloría y Fiscalía, para gozar de similares condiciones a las de sus predecesores.
El gobierno es un dócil aplicador de las políticas de la globalización como la educación de género y de las tan cuestionadas vacunas experimentales, en forma obligatoria, violando los Arts. 5 y 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de la UNESCO, del 19 de octubre del 2005, que prohíben el uso de medicina experimental y peor en forma obligatoria.
Lasso pretende convertir a las FF AA en una segunda policía, para redoblar en forma intensiva la represión ciudadana, sobre todo en contra de sectores que se oponen a las privatizaciones, a la destrucción de la naturaleza y fuentes de agua.
El régimen no quiso consultar, por nada del mundo: 1) la depuración de una administración de Justicia espantosa; 2) sobre la recuperación de lo robado y la corrupción; y 3) La derogatoria de las leyes de Correa que las aplica encantado.
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