¿RETIRO TEMPORAL DE AUTORIZACIÓN (HASTA QUE LAS AGUAS SE CALMEN), O NULIDAD DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN MINERA DE QUIMSACOCHA?

Se están discutiendo cuál de las vías jurídicas merecen adoptarse respecto al trato que debería otorgarse al permiso de explotación minera en Quimsacocha, auspiciado por éste y por gobiernos anteriores. Es evidente que el régimen buscaría diferir en el tiempo el uso o autorización de dicha explotación. Hasta podría negociar esta posibilidad. Preferiría volver con todos sus ímpetus meses después antes que enfrentar la declaratoria de nulidad de todo lo actuado al margen de la Constitución y la ley.

 Se ha establecido en forma documentada e irrebatible, que la ubicación de la concesión minera es falsa, que la documentación presentada para su aprobación ha resultado adulterada y también falsa, y por lo tanto sin valor jurídico todo lo tramitado por ilegal e inconstitucional. Todo lo actuado por las multinacionales es nulo, de nulidad absoluta. ¿Cuál es el camino que debemos adoptar? Respetuosas sugerencias:

PRIMERO: Debe exigirse el respeto irrestricto de las consultas populares constitucionales, debidamente autorizadas, porque el Art. 106, inciso tercero, de la Constitución es inapelable: “El pronunciamiento popular será obligatorio e inmediato cumplimiento.” Es un derecho innegociable.

SEGUNDO: Debe exigirse el respeto a las sentencias judiciales e iniciarse un juicio penal a quien se niegue a respetar dichas sentencias aplicando el Art. 282, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que determina pena privativa de libertad de uno a tres años para “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, órdenes a ella por autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años.”

TERCERO: Exigirse la NULIDAD de la concesión por las siguientes razones jurídicas, legales y constitucionales: 

a) Se ha violado el Art. 9 del Código Civil, que establece: “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; (…)”.

 b) Recordar lo prescrito en el Art. 10 del Código Civil: “En ningún caso pude el juez declarar válido un acto que la ley ordena sea nulo.”

c) Recordar que el Art. 1485 del Código Civil señala: “Los actos y contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad.”

d) Exigir se considere lo determinado en el Art. 82 de la Constitución: “El derecho a la seguridad jurídica se funda en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas a aplicadas por la autoridad competente.”

e) Exigir se respete el Art. 424 de la Constitución, que ordena: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”

f) Tomar en cuenta lo garantizado en el Art. 12 de la Constitución: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”  (40-101)

Cuenca, septiembre del 2024.

¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!

¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!

¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!